Este año Colombia pasa a examen sobre derechos humanos ante la ONU, se trata del Examen Periódico Universal, EPU, un test que valora la situación de derechos humanos de los 193 estados que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas y que fue concebido para mejorar la situación global de garantía de estos derechos.
El Examen a Colombia se realizará a través de recomendaciones que hacen los 192 países de Naciones Unidas restantes, sobre lo que el Estado debe hacer para mejorar la situación de derechos humanos.
Más de 588 de plataformas, coaliciones, redes y organizaciones reconocidas por su trabajo en derechos humanos en Colombia, las cuales han dedicado meses a hacer seguimiento al cumplimiento por parte del Estado colombiano de las recomendaciones del EPU 2018, presentan este informe alternativo ante la ONU para complementar la información analizada en el examen. Dicho informe es vital para que el Estado identifique los graves incumplimientos que presenta el país en la protección de DD. HH. y de paz, y atienda las recomendaciones que se presenten para mejorar esta situación.
Organizado en once capítulos (implementación del Acuerdo Final de Paz, conflicto armado y DIH, derechos civiles y políticos, igualdad y no discriminación, violaciones de derechos en el marco de protestas, personas defensoras de DD. HH., impunidad, respuesta a la pandemia de Covid-19, derechos económicos, sociales y culturales, derechos ambientales y cooperación con mecanismos internacionales) el informe refleja el panorama de derechos humanos, derecho internacional humanitario y construcción de paz en el país, a la luz de las recomendaciones formuladas en 2018.
Entre los datos más relevantes del informe se resalta que Colombia ha incumplido las recomendaciones de los pasados ciclos (2009 y 2018 respectivamente), entre ellas todas las relacionadas con el Acuerdo Final de Paz. Durante los cuatro años de Gobierno de Iván Duque hubo incumplimiento en la implementación de todos los puntos del Acuerdo. La Corte Constitucional declaró en 2022 el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de implementación de garantías para la seguridad de los firmantes del Acuerdo.
La reincorporación de firmantes de paz está amenazada por desafíos como la inseguridad, y otros de orden económico y social, según concluye la Misión de Verificación de la ONU, citada en el informe. Adicionalmente, entre enero de 2018 y mayo de 2023 han sido asesinadas 1.264 personas defensoras de DD.HH. y liderazgos sociales, así como 329 firmantes de paz.
En materia de derechos civiles y políticos, entre el 2017 y el primer semestre de 2022 se registraron 3.376 casos de muertes por violencia sociopolítica. También se ha documentado la continuidad de casos asociados a tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes, que en por lo menos el 58% de los casos obedecen al accionar del Estado.
La situación en cuanto a derechos económicos tampoco ha sido alentadora. Durante el periodo del informe, la pobreza monetaria alcanzó un porcentaje del 39,3% de la población, la pobreza extrema un 12,2 %, y el 54,2 % de los hogares sufren inseguridad alimentaria.
Los niños, niñas y adolescentes son especialmente impactados por el conflicto, según recoge este informe alterno de la sociedad civil. Entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2021, hubo 383 violaciones graves cometidas contra esta sector de la población como reclutamiento y utilización, asesinatos, y violencia sexual.
La confluencia de entidades de la sociedad civil que realizaron el informe alternativo lo presentan públicamente en la ciudad de Bogotá, este miércoles 21 de junio de 2023 en modalidad semipresencial, con transmisión por sus redes sociales.
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