El caso colectivo de la UP en la CIDH

El largo camino recorrido por las víctimas y la Corporación Reiniciar en representación de la exigibilidad de sus derechos.

Ante la absoluta desprotección y persecución del Estado colombiano, la Dirección Nacional de la Unión Patriótica, presidida por Aida Abella Esquivel, decidió en 1993, acudir a instancias internacionales para demandar la protección de los derechos conculcados a los líderes, militantes y simpatizantes de este movimiento político nacional.

En consecuencia, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, presentaron la petición por el genocidio de la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La demanda fue presentada con un listado inicial de 1.163 asesinatos, 123 desapariciones forzadas y 43 atentados. Todos estos hechos fueron perpetrados contra miembros y dirigentes dela Unión Patriótica, en razón a su filiación política y ejercicio de sus derechos políticos.

Admisibilidad del caso

La CIDH admitió el caso en marzo de 1997, reconociendo que la información expuesta en la demanda “(…) tiende a caracterizar una pauta de persecución política contra la Unión Patriótica y su práctica con el objetivo de exterminar el grupo, y la tolerancia de esa práctica por parte del Estado de Colombia”.

Por estas razones, resolvió estudiar las múltiples violaciones como un caso colectivo, al corroborar la existencia de un vínculo entre las víctimas, por su pertenencia a la UP, y los hechos de persecución para exterminar al grupo político. Inmediatamente, se puso a disposición de las partes para buscar una solución amistosa.

En respuesta a esa invitación, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, en calidad de peticionarios, formularon un conjunto de medidas que el Estado debía implementar como requisitos indispensables para llegar a un acuerdo de solución amistosa. Esto documento se ha denominado “Propuesta de los peticionarios” y se puede consultar en esta página.

Dicha propuesta exhortaba al gobierno de Colombia a que reconociera expresamente la responsabilidad estatal en el genocidio contra la Unión Patriótica, y separara del servicio activo a los funcionarios públicos que hubieran participado en ese exterminio.

La propuesta también insistía en la adopción de medidas genuinas para investigar, juzgar y sancionar las violaciones, y la garantía de una reparación integral para las víctimas y el grupo político.

Sólo hasta 1999, el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, aceptó la invitación de la CIDH para explorar la viabilidad de una solución amistosa y se constituyó la Comisión Mixta con delegados del Estado de Colombia y representantes de las víctimas.

Esta Comisión culminó su labor con logros importantes, entre estos, el compromiso del gobierno colombiano de instaurar un programa de protección para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. Siendo éste programa un requisito previo exigido por los peticionarios para abrir el proceso de concertación. También se elaboró una propuesta metodológica para la búsqueda de una solución amistosa.

Etapa de solución amistosa

En marzo del año 2.000 las organizaciones peticionarias y el gobierno colombiano suscribieron un acuerdo que dio inicio formal a la etapa de búsqueda de una solución amistosa. La cual recoge la propuesta metodológica elaborada por la Comisión Mixta.

Se trata del acuerdo “para propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso Unión Patriótica, por la realización de los derechos a la verdad y a la justicia y por el reconocimiento de una reparación integral”. Documento que se puede consultaren esta página.

Este acuerdo reitera los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el periodo de concertación previa y establece la conformación de un Grupo de Trabajo encargado de impulsar la búsqueda de la solución amistosa.

El Grupo de Trabajo estuvo integrado por representantes de ambas partes así: por las víctimas la directora de la Corporación Reiniciar, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, el presidente de la Unión Patriótica y el Secretario General del Partido Comunista de Colombia.

Por parte del Estado colombiano: el Vicepresidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo. También fueron elegidas de común acuerdo entre las partes dos personalidades: Robert Goldman (ex presidente de la CIDH) y Eric Sottas (director de la Organización Mundial contra la Tortura).

En septiembre de 2001, fue instalado oficialmente el Grupo de Trabajo. Durante el primer año de funcionamiento, el Grupo acordó un proyecto de actividades y conformó varios subgrupos temáticos, con una agenda de tareas en materia de verdad, justicia, reparación y protección.

En los años siguientes el intentó de concertación con el Estado colombiano no avanzó lo suficiente, esto se vio reflejado en la ausencia de voluntad política y cumplimiento para destinar todos los esfuerzos y recursos para la pronta realización de justicia para el caso Unión Patriótica.

Más incumplimientos y ataques

Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se agudizó la dilación e incumplimiento que se venía presentando en los años anteriores. Entre las múltiples dificultades que impidieron avanzar en las tareas del Grupo de Trabajo se encuentra la falta de definición de un cronograma de actividades, con plazos y compromisos concretos.

Así como, el incumplimiento en la financiación de las gestiones acordadas, y la poca capacidad de gestión y decisión de los funcionarios delegados por las instituciones estatales, particularmente, en el caso de la Fiscalía General de la Nación y la Vicepresidencia de la República.

Además del permanente y grave incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y la falta de voluntad del gobierno para hacer realidad los fines de la solución amistosa, durante el período del presidente Uribe persistieron y se agudizaron las profundas dificultades que llevaron a los peticionarios a tomar la decisión de no continuar en esa etapa.

De otra parte, las violaciones de derechos humanos y amenazas contra los sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano continuaron. Sin que las autoridades adoptaran medidas efectivas para prevenirlas y sancionarlas.

Durante el primer gobierno del presidente Uribe se perpetraron, por lo menos, 136 homicidios, 38 desapariciones forzadas y 28 atentados contra los sobrevivientes y sus familias. Se incrementaron de forma alarmante las detenciones arbitrarias y los montajes judiciales en su contra.

Ante la persistencia de los hostigamientos, los peticionarios hicieron llamados reiterados al Gobierno para que realizara un pronunciamiento condenando los ataques contra los miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista de Colombia, y para que adoptara otras medidas de prevención y protección.

El Gobierno se sustrajo de su obligación y alentó la persecución. Así lo demostraron los constantes señalamientos del presidente Uribe contra los comunistas, durante todo el mandato. Incluso en su campaña por la reelección utilizó fuertes acusaciones contra la Unión Patriótica. Por este hecho fue emplazado el mandatario, se le solicitó una rectificación que nunca realizó.

Más impunidad y ruptura

Los peticionarios y las víctimas observaron con indignación la política gubernamental que buscaba consolidar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos paramilitares con la complicidad y tolerancia estatal. Política totalmente incompatible con la búsqueda de una solución amistosa para el caso del genocidio contra la Unión Patriótica.

En mayo de 2006, la Coordinadora Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica, evaluaron con los peticionarios la aguda situación en la que se encontraba la búsqueda de una solución amistosa. Al mismo tiempo, los partidos políticos involucrados en el caso y las organizaciones peticionarias decidieron no continuar con la solución amistosa.

El 27 de junio de 2006, las organizaciones peticionarias formalizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la decisión de no continuar con la etapa de búsqueda de una solución amistosa.

La demanda contra el Estado colombiano continuó hacia la etapa de trámite ante el Sistema interamericano, se superó la etapa de alegatos y pruebas ante la CIDH y la decisión de fondo. El informe de fondo del caso 11.227 fue emitido el 6 de diciembre de 2017, convirtiéndose en uno de los pronunciamientos más extensos en la historia de la CIDH. El caso actualmente está pendiente del fallo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.