Historia de la UP
Más de 6.000 víctimas por razón de ejercer sus derechos políticos en una de las democracias más estables de América Latina.
La Unión Patriótica (UP) surgió a nivel nacional como partido político como resultado del acuerdo de paz para la salida negociada del conflicto armado interno entre el Estado Colombiano y los grupos insurgentes.
En 1984 el gobierno del presidente, Belisario Betancur Cuartas y la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-Ep), firmaron el 28 de marzo de 1984 el Acuerdo para la paz de La Uribe (Meta), que incluían un acuerdo de cese al fuego y tregua.
Pasado un año de después de los enfrentamientos se debían generar las condiciones para que la insurgencia pudiera “organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión”.
Este aspecto del Acuerdo de La Uribe, abrió la posibilidad de crear un movimiento político que permitiera a la insurgencia hacer política con garantías para acudir a las urnas y acceder a cargos de elección popular y otros del poder público, como escenario para impulsar las transformaciones sociales, económicas y políticas necesarias para la construcción de una paz con justicia social.
Con la Unión Patriótica se buscaba, además, que los integrantes de las Farc-Ep lograran incorporarse plenamente a la vida civil una vez culminadas las negociaciones de paz. Por esa razón, el gobierno nacional autorizó que el grupo armado destacara algunos de sus miembros para que participaran como activistas y dirigentes, al lado de las otras personas y sectores que confluyeron en la UP.
La UP adquiere vida política
La celebración del primer año del Acuerdo de La Uribe, el 28 de mayo de 1985, se hizo el lanzamiento nacional de la Unión Patriótica. Meses atrás había sido presentado por la dirección de las Farc-Ep, en el campamento de Casa Verde (La Uribe-Meta), ante dirigentes políticos, integrantes de la Comisión de Verificación, delegados de algunos gremios económicos, instituciones estatales y del Congreso de la República.
Bajo estas condiciones, se inició una fuerte actividad de organización y sensibilización en todo el territorio nacional, principalmente en las áreas periféricas, veredas y municipios y, con menor intensidad, en las grandes ciudades.
Braulio Herrera, recibió la autorización para salir de la lucha armada en las Farc-Ep para organizar el partido político y hacer proselitismo. Varios sectores populares organizados se unieron a las actividades locales de la Unión Patriótica. Se realizaron 572 actos regionales preparatorios y se constituyeron 2.229 Juntas Patrióticas (órganos de base) en 209 municipios y 13 corregimientos.
El partido político gozaba de gran acogida y desplegó una gran actividad organizativa dirigida a la celebración del Primer Congreso, los días 14, 15 y 16 de noviembre de 1985, en el teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá, al cual asistieron 2.700 delegados y 543 invitados.
Ascenso de la UP
La Unión Patriótica convocaba una gran fuerza política, en las regiones, que se hacía visible en multitudinarias manifestaciones de activistas y simpatizantes que compartían con entusiasmo los anhelos de paz y democracia.
La posibilidad de una salida política al conflicto armado interno y la esperanza de construir una sociedad más justa, congregó a diversos sectores y movimientos del país en la nueva propuesta democrática. La UP recibió un amplio respaldo popular, del Partido Comunista y algunas vertientes democráticas de los partidos tradicionales.
Rápidamente convocó a sectores marginados y populares, exintegrantes de la Farc-Ep, fuerzas políticas como A Luchar, sindicalistas, organizaciones campesinas, cívicas de mujeres, indígenas, viviendistas, estudiantes, artistas e intelectuales.
El presidente, Belisario Betancur, firmó el 2 de marzo de 1986 con las Farc-Ep, un acuerdo de prórroga del cese al fuego, en los campamentos de la guerrilla en La Uribe, protocolizado después en la Casa de Nariño por los dirigentes políticos de la Unión Patriótica, Braulio Herrera, Jaime Pardo Leal y Alberto Rojas Puyo.
Este pacto permitió la participación del nuevo partido en las elecciones parlamentarias de 1986, reiterando la voluntad de paz firmada dos años antes. Y consignaba, de manera contundente, el compromiso asumido por el Estado colombiano para respetar y proteger a la Unión Patriótica, así como a los integrantes del grupo guerrillero.
Así fue asumido este compromiso: El Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El gobierno hará recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que corresponden.
También otorgará el Gobierno a las FARC las garantías y libertades que requieran para el proceso de incorporación de sus efectivos a la actividad política.
Con solo cuatro meses de campaña, la Unión Patriótica logró el 9 de marzo de 1986, posicionarse en escenario político electoral nacional. Eligió 15 congresistas a Senado y Cámara, 18 diputados, 335 concejales y el nombramiento de 23 alcaldes municipales.
En las elecciones presidenciales del 25 mayo de ese mismo año, el candidato Jaime Pardo Leal, alcanzó 328.752 votos, consolidándose como la tercera fuerza política del país. El Consejo Nacional Electoral le otorgó personería jurídica, mediante la resolución No. 37 del 20 de agosto de 1986. El futuro político de la Unión Patriótica se perfilaba en ascenso.
Descenso de la UP
El 7 de agosto de 1986 el presidente liberal, Virgilio Barco Vargas, se posesionó y desde el inició de su mandato se observó que el Acuerdo para paz de La Uribe se debilitaba, pese a crear la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación las reformas políticas y sociales pactadas y pendientes de implementar, tomaron un carácter tecnócrata diferente a lo acordado.
A tan solo 40 días de la posesión de los nuevos congresistas, el 30 de agosto de 1986, fue asesinado en Barrancabermeja el representante a la Cámara por la UP, Leonardo Posada Pedraza. Dando inició a una sucesión de homicidios, persecuciones y ataques contra los líderes, militantes y simpatizantes del movimiento político.
El primero de septiembre en Villavicencio, el senador, Pedro Nel Jiménez Obando, recibió varios disparos. La victimización de guerrilleros amnistiados haciendo política también creció.
Razón por la cual, las Farc-Ep oficializaron su retiro durante el V Pleno de la Junta Nacional de la UP, realizado entre el 20 y 22 de febrero de 1987. La UP asumió la postura de defender su naturaleza de partido alternativo reivindicando sus derechos políticos civiles, deslindándose definitivamente de las Farc-Ep. Estas, a su vez, rompieron la tregua en junio de 1987.
Luego de la primera participación electoral de la Unión Patriótica, se consolidó un plan de exterminio contra la militancia, sus familiares y simpatizantes. Fueron asesinados dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987 y, Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990.
Así mismo, sistemáticamente fueron asesinados 9 congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantes, artistas, militantes y simpatizantes del sector de la cultura y el magisterio, profesionales, campesinos. La cifra asciende a 6.200 víctimas.
El cómplice
El Estado fue advertido en cientos de oportunidades sobre lo que estaba sucediendo. Se denunció, se solicitaron medidas de protección efectivas, se realizaron decenas de reuniones con autoridades. Ninguna institución del estado impidió el genocidio de la Unión Patriótica.
Se conoce la ejecución de cinco planes militares dirigidos a exterminar a la Unión Patriótica. Los planes “Esmeralda” (1988) y “Retorno” (1993) tenían por objetivo desaparecer las seccionales de la UP en los departamentos del Meta, Caquetá y en la región de Urabá. La “Operación Cóndor” (1985), “Baile Rojo” (1986) y “Golpe de Gracia” (1992) se enfocaron en socavar la dirección nacional del movimiento y asesinar o secuestrar a los dirigentes elegidos para corporaciones públicas.
La Procuraduría General de la Nación identificó que los planes de exterminio contra miembros de la Unión Patriótica, y las amenazas contra Manuel Cepeda y otros miembros de la dirigencia de la UP, provenían de sectores paramilitares de extrema derecha.
Las organizaciones y personas que confluyeron en la Unión Patriótica fueron perseguidas, señaladas y pagaron una alta cuota de sacrificio al constituirse en una fuerza política en ascenso con opción de poder por la vía electoral.
Este movimiento político de izquierda que logró romper el cerco del bipartidismo, pretendía ampliar y fortalecer el espacio democrático de la oposición política en Colombia. Hoy en día los sobrevivientes del movimiento siguen siendo asesinados, estigmatizados y perseguidos.
En noviembre de 2002, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le suprimió la personería jurídica al encontrar que en la última elección para Congreso de la República (marzo de ese año), no había logrado alcanzar siquiera un escaño para dicha corporación. Tampoco había llegado a los 50.000 votos en todo el territorio nacional.
En junio del 2013, el Consejo de Estado reconoció la falta de electorado como consecuencia de la persecución y la estigmatización de los líderes de la UP, la militancia y los simpatizantes.
Decidió devolver la personería jurídica al considerar que “…lo que le ocurrió a la UP fue que no contó con las condiciones de garantía indispensables para vincularse a la contienda electoral al Congreso del año 2002 con una pluralidad de candidatos avalados y en un escenario de normalidad participativa (…) [y], por obvias razones estaba en imposibilidad de obtener cincuenta mil (50.000) votos, o de conservar al menos una curul en esa Corporación de elección popular (…)”.
