CASO UNIÓN PATRÍOTICA

La Unión Patriótica (UP) como partido de izquierda, alcanzó a ser la tercera fuerza política del país con opción de poder en 1986, disputando cargos de elección popular obtenidos, durante décadas, por los partidos tradicionales.

Sin embargo, la mayoría de sus líderes, militantes y simpatizantes, fueron asesinados, torturados, desaparecidos, hostigados, obligados al exilio o víctimas de desplazamiento forzado. Siendo la UP despojada en 2002, como partido político, de su personería jurídica por falta de votos.

Las Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, denunciaron al Estado Colombiano en 1993, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el genocidio perpetrado contra el movimiento político Unión Patriótica.

Desde entonces, la Corporación Reiniciar, ha recorrido junto con las víctimas, un largo y difícil camino para lograr acceso a la justicia denegada en las instancias nacionales.

La CIDH ha reconocido la existencia de 6.258 víctimas, por razón de pertenecer al partido Unión Patriótica. En tanto que, el Estado colombiano, ha negado permanentemente la dimensión de este genocidio por razones políticas.

En el transcurso del trámite ante la CIDH, en el 2014 el Estado reconoció que la UP fue objeto de una violencia diferenciada. En 2016, reconoció un mínimo de víctimas.

En 2017, no obstante haber reconocido responsabilidad parcial, el Estado argumentó que era imposible establecer una persecución política contra el movimiento Unión Patriótica. Ahora se está a la espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle al respecto.

Este especial sobre la Unión Patriótica, le permite a las víctimas y a la opinión pública, en general, tener acceso a la historia de la Unión Patriótica, a los documentos más importantes del trámite de demanda ante la CIDH y al proceso ante la Justicia Especial para la Paz.

La Unión Patriótica (UP), es un caso representativo en América Latina, en la exigibilidad de derechos colectivos, por tratarse de una violación sistemática de derechos a sus dirigentes, militantes y simpatizantes por el hecho de ejercer la política de oposición y percibirse como una alternativa de poder en un sistema democrático con una larga trayectoria bipartidista.

La Dirección Nacional de la Unión Patriótica en 1993, tomó la decisión de acudir a instancias internacionales para demandar la protección de sus derechos conculcados. La demanda fue presentada con un listado inicial de 1.161 asesinatos, 123 desapariciones forzadas y 43 atentados.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP abrió en febrero de 2019, el caso No. 006 denominado «Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado».