La Corporación Reiniciar se permite compartir el informe entregado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos y acompañantes internacionales que se desplazaron el pasado 14 de julio desde Bogotá hacia el departamento de Boyacá, con el fin de efectuar una verificación de la situación de derechos humanos que se presenta en la región con ocasión del paro nacional de transportadores de carga.

La Comisión documentó prácticas que indican que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) hizo uso arbitrario y excesivo de la fuerza en el departamento, ha cometido graves violaciones a los derechos humanos de las personas que participan en la protesta de los transportadores y contra pobladores de los barrios y veredas ubicadas cerca de los puntos de concentración de la protesta.

Los puntos visitados durante el recorrido de la misión fueron: Cajicá (Cundinamarca), Germania (Tunja), Paipa, Ciudadela e Higueras (Duitama) y Sogamoso. En donde tuvimos la oportunidad de constatar la presencia amplia de pobladores quienes se han venido sumando a la movilización social.

Durante el recorrido se recopilaron testimonios de manifestantes y habitantes del departamento, quienes además suministraron fotos y videos en que sustentan sus denuncias. Producto de dicha de información de manera preliminar nos permitimos destacar los siguientes hechos que han sido documentados por la Comisión, ocurridos principalmente de los días 9 al 12 de julio y que serán objeto de un informe más detallado y profundo el cual será publicado en los próximos días:

Personas heridas con artefactos lanzados por el Esmad, que causaron hematomas y laceraciones en rostro, cuerpo y cabeza de varias personas.
Personas heridas producto de golpizas proferidas por parte del ESMAD con objetos contundentes.
Personas detenidas arbitrariamente en varios puntos, entre estas 13 en el municipio de Cajicá, 4 en Venta Quemada y 4 que fueron retenidas temporalmente en Paipa.
Uso indiscriminado de gases, en sitios cerrados contra los pobladores de las veredas y barrios cercanos a los puntos de concentración; quienes manifiestan que les han sido lanzadas capsulas de gases lacrimógenos al interior de sus casas, causando asfixia y problemas respiratorios principalmente a niños y adultos mayores. Dichas familias se encuentran atemorizadas.
El señalamiento y amenazas por parte de la fuerza pública contra los manifestantes, y habitantes de este departamento, especialmente a líderes y miembros de juntas de acción comunal, mediante comentarios en los que se señala la intención de eliminarlos.
La ocupación de al menos una institución educativa por el ESMAD en el municipio de Paipa.
El asesinato de Luis Orlando Saiz en la ciudad de Duitama, el cual según testimonios de manifestantes y pobladores que se encontraban en el lugar de los hechos, el joven fue impactado por una granada de gas lacrimógeno lanzada directamente a su cabeza por parte del Esmad el día 12 de Julio del presente año, cuando se trasladaba camino a su casa después de la jornada laboral en el sitio conocido como Higueras. Versión que coincide con el dictamen emitido el día 14 de julio de 2016, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La utilización de ambulancias para el transporte de armas y miembros del ESMAD en el municipio de Paipa.
Militarización y medidas propias de Estados de excepción, tales como toque de queda en ciudades como Duitama.
Varios de los manifestantes señalaron que luego de los ataques, las personas heridas se quejaron de la atención inadecuada por parte del personal del hospital de Duitama, señalando que por su presunta participación en la manifestación no podrían ser atendidos.

En conclusión, existe un temor generalizado e indignación por parte de la ciudadanía ante los abusos de autoridad cometidos por la fuerza pública y la posibilidad de que estos se sigan cometiendo con graves consecuencias contra su vida e integridad personal.
Ante esta situación, las organizaciones que conformamos la comisión de verificación de derechos humanos:

Rechazamos

Las medidas anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos Calderón en alocución presidencial el día 14 de Julio, al considerar que estas se encuentran dirigidas a intimidar y obstaculizar el ejercicio del derecho a la protesta social.

Alertamos

Que de continuar el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir las protesta sociales, tales como la que se está presentado en este momento en el país, se genera un grave riesgo para la vida e integridad de las personas, lo que puede incrementar el número de personas gravemente heridas y/o muertas.

Responsabilizamos

Al Presidente de la República Doctor Juan Manuel Santos y al Director Nacional de la Policía General Jorge Nieto Rojas, por las graves violaciones a los Derechos Humanos, que han sido documentadas por esta Comisión y que pueden incrementarse ante las directrices trazadas y consistentes prioritariamente en la represión a las manifestaciones.

Solicitamos urgente

El acompañamiento y verificación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Exigimos

El desmonte del ESMAD por ser incompatible con el Estado social de derecho y por ser un agente permanente de vulneración derechos humanos.
De manera inmediata que se cumplan con los protocolos internacionales para que se garantice el derecho fundamental a la protesta.
De las autoridades judiciales y organismos de vigilancia y control, que se adelanten en forma inmediata las investigaciones penales y disciplinarias por estos hechos de violación de derechos humanos.
En los casos del ejercicio del derecho de protesta, antes de la intervención policial, se debe permitir la participación de los gestores de convivencia o autoridades civiles.
Que los miembros del ESMAD porten sus insignias de identificación en todas las actuaciones que realizan.

Hacemos un llamado urgente

Al Gobierno Colombiano para que retome la interlocución y el dialogo hacia una solución concertada sobre la agenda de la movilización y expida una directiva garantizando el derecho a la protesta social, reiterando la prohibición del abuso de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

A los medios masivos de comunicación para que visibilicen la grave situación ocasionada por la represión indiscriminada contra la población el departamento de Boyacá y divulguen sin censura lo sucedido en la región, teniendo en cuenta su responsabilidad social frente al derecho a la información de todos los ciudadanos y ciudadanas.

La Misión de Derechos Humanos estuvo conformada por las organizaciones: Campaña Defender la Libertad Asunto de Tod@s, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, Unidad de Trabajo Legislativa del Congresista Alirio Uribe, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Fundación Jishana Huitaca, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Rebeldia Estudiantíl Organizada, El Rebelde Medios Alternativos. Adicionalmente se contó con la observación internacional de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

De igual manera se contó con el apoyo de varias organizaciones de Derechos Humanos en Boyacá, tales como el CPDH seccional, Sindicato Sutimac Nobsa, Grupo Vida, Memoria y Dignidad, Cospacc Boyacá, Casa de la Mujer y organizaciones sociales y gremiales tales como Dignidad Papera, la Confederación Colombiana de Transportadores, y la Asociación Colombiana de Camioneros