La Asamblea Nacional de delegados/as de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, plataforma de la que hace parte la Corporación Reiniciar y otras 269 organizaciones sociales y ONG de derechos humanos, reunida en Bogotá los días 7 y 8 de julio de 2016, reafirma su compromiso con la búsqueda indeclinable de la paz con justicia social por la vía de la negociación política y el respeto integral de los derechos humanos para todos/as. La lucha contra la inequidad, la exclusión social, política y cultural de las mayorías. La consolidación y fortalecimiento del Estado social de derecho y la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. De igual forma, nos sumamos a las expresiones esperanzadoras de amplios sectores de la sociedad colombiana por el acuerdo alcanzado el pasado 23 de junio como un paso decisivo hacia el fin del conflicto armado y con esta fuerza motivadora declaramos lo siguiente:
Los derechos de las víctimas en el centro del acuerdo.
Acogemos con entusiasmo los avances alcanzados en el proceso de negociación entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, que han puesto en lugar destacado los derechos de las víctimas. Los Acuerdos contemplan importantes compromisos en el tema de derechos humanos que permitirían avanzar, con la participación de los distintos sectores de la sociedad, en la construcción de una paz estable y duradera, la consolidación del Estado social de derecho, la ampliación inclusiva de la democracia participativa, y la superación definitiva del conflicto armado que hemos padecido por más de 6 décadas.
Valoramos especialmente los compromisos alcanzados en el Acuerdo sobre Víctimas. En especial, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición que deberá afrontar de manera efectiva y desde una perspectiva restauradora de derechos, las violaciones masivas y sistemáticas de DDHH, las prácticas de victimización generalizada cometidas en el marco de la violencia sociopolítica y del conflicto armado interno que degradaron la guerra en Colombia.
Demandamos que en la conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la nueva Unidad para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas y el Tribunal de Justicia para la Paz, sean seleccionadas personas de reconocida experiencia y compromiso con los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta la paridad entre hombres y mujeres, así como comprobadas convicciones y prácticas en la defensa de los derechos humanos.
Impulsaremos firmemente la refrendación:
Impulsaremos el proceso de refrendación bajo el mecanismo que resulte aprobado por la Corte Constitucional. Nuestras organizaciones y sus integrantes saldremos con compromiso a las calles, veredas, escuelas, universidades, iglesias, plazas públicas, hogares y lugares de trabajo a defender esta oportunidad histórica de afirmar la construcción de la paz con el apoyo y la movilización amplia de la población a favor de la concreción de los acuerdos.
Nuestro compromiso con la refrendación no es un cheque en blanco a favor del gobierno. Rechazamos las políticas regresivas de derechos del actual gobierno, tales como: las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico (Zidres), la política minero energética, la militarización de la vida cotidiana, la criminalización de la protesta social, las políticas de fortalecimiento del poder militar a través del Fuero Militar o las facultades exorbitantes conferidas a la Policía Nacional en el nuevo Código de Policía, que ponen en riesgo libertades básicas.
El éxito de la Paz requiere Garantías de No Repetición, Desmonte del Paramilitarismo y Respeto a la Protesta Social.
Nos comprometemos con la implementación del Acuerdo sobre Garantías y la lucha contra la estructura paramilitar, que ha sido la principal amenaza para la vida misma de defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales y sectores de oposición. Consideramos que de la implementación de estrategias para el desmonte efectivo y verificable del paramilitarismo, sus patrocinadores, las economías ilegales que lo sostienen y de las garantías de protección para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, dependerá la sostenibilidad de los procesos de paz en marcha.
La CCEEU así como otros movimientos de víctimas y de derechos humanos, demandamos del Estado complementar los compromisos del Acuerdo con la conformación inmediata de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, con participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos. La Comisión debe abordar la revisión integral de las Políticas de seguridad y la doctrina militar, la revisión de antecedentes de funcionarios, prácticas de la administración pública y su renovación, la revisión de archivos de seguridad y de inteligencia relacionada con eventos de vulneración de derechos humanos, la reestructuración del personal y presupuesto militar, la revisión de la presencia de militares extranjeros en el país y la utilización de bases militares colombianas por soldados norteamericanos, el traslado de la policía hacia el poder civil y la restricción de la justicia penal militar al exclusivo ámbito de los delitos típicamente militares, así como la exclusión de su competencia frente a las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.
Resaltamos que la construcción de paz requiere garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellas: la definición de un Protocolo Nacional de actuación para la Fuerza Pública y el desmonte del ESMAD.
La Verificación de los acuerdos debe incluir los aspectos de derechos humanos.
Consideramos indispensable la verificación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los aspectos de derechos humanos contenidos en los acuerdos de la Habana. En la etapa de transición de un país en conflicto a uno en paz, la verificación del cese de hostilidades y dejación de las armas por parte de Naciones Unidas es importante aunque insuficiente y por tanto se hace necesario incorporar a las labores de verificación internacional los aspectos de Derechos Humanos, utilizando para ello la herramienta más expedita y la entidad dentro del Sistema más idónea, como lo es OACNUDH.
Una paz completa necesita el avance de diálogos con el ELN:
Para superar el conflicto armado es necesario dar un paso en la construcción de una paz completa. Nos preocupa que el anuncio del pasado 30 de marzo sobre el inicio de conversaciones públicas entre el Gobierno Nacional y el ELN aún no se concreta. Convocamos al Gobierno a respetar el acuerdo hecho así como la agenda pactada, y en consecuencia proceder a retirar las precondiciones unilaterales que ha colocado para abrir paso al diálogo y negociación. Llamamos a las partes a poner en práctica acciones de buena voluntad que puedan generar confianza en el proceso tales como el cese bilateral de hostilidades. Invitamos igualmente al gobierno nacional a considerar el inicio de un dialogo exploratorio con el EPL.
Estamos esperanzados en el logro de una paz completa que permita la realización y plena vigencia de los derechos humanos en el país. Construir la paz implica grandes retos para la sociedad en general y para el movimiento de derechos humanos que estamos dispuestos a asumir con entereza, compromiso e imaginación. Exhortamos a la sociedad en general y los medios de comunicación en particular, a estar en sintonía con el sentir de paz de los colombianos/as propiciando el sí en la refrendación y una actitud afirmativa y constructiva para la implementación del acuerdo y el desarrollo de las conversaciones con el ELN.
