El pasado 2 de octubre, con un alto índice de abstención y por una estrecha minoría, los colombianos votantes del plebiscito refrendatorio rechazaron el
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito el 26 de septiembre entre el presidente de la república, Juan Manuel Santos, y el comandante de la guerrilla FARC-EP, Rodrigo Londoño.
Uno de los aspectos que mayor sensibilidad generó en la opinión pública fue el acuerdo sobre el punto 5: Víctimas, que desarrolla un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, SIVJRGNR. Los resultados negativos del plebiscito dan cuenta de que en la sociedad y en la opinión pública no se reconoció adecuadamente la importancia de lo pactado para que las víctimas tuvieran la posibilidad de ver realizados sus derechos, con lo cual al final, el resultado de los comicios del pasado 2 de octubre, afectó justamente a las víctimas, a quienes se negó la posibilidad de activar los mecanismos que establece el acuerdo de paz.
Este resultado se debió en parte a que los mensajes hacia el electorado estuvieron centrados en la imagen desfavorable de la guerrilla, invisibilizando la existencia de crímenes cometidos por agentes estatales.
Al respecto, el informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia ha estado alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la fuerza pública e individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública en el 84% de casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales . Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y fuerza pública son responsables del 69% de los casos, o las 1.982 masacres cuya responsabilidad en el 56% de casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la fuerza pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto, mientras el 27% de los casos son atribuidos a autores desconocidos y el 17% a las guerrillas.
Teniendo en cuenta las cifras oficiales, no fueron los miembros de las FARC-EP los únicos responsables de crímenes graves en el contexto del conflicto armado. A pesar de ello, los promotores del No han reactivado la propuesta de un “alivio judicial” a integrantes de la fuerza pública, “alivio” que puede significar mayor impunidad y afectación a los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales. Esta propuesta no sería aceptable tampoco para la comunidad internacional. Organismos internacionales revisan periódicamente la situación colombiana. Por ejemplo, en la actualidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, examina por lo menos 50 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2003 y 2008, mientras que la Corte Penal Internacional, CPI, continúa con su examen preliminar del que también hacen parte, entre otros, estos crímenes.
Por considerar que un “alivio judicial” no garantiza la rendición de cuentas de los responsables de la criminalidad estatal y de los financiadores del paramilitarismo, al no adecuarse a los estándares internacionales ni ser satisfactorio para las víctimas, quienes suscribimos este comunicado hemos solicitado formalmente a la CIDH la realización de una audiencia temática sobre los estándares de justicia que los Estados Parte en la Convención Americana de Derechos Humanos deben garantizar, aun en escenarios de justicia transicional.
Es una obligación de la Mesa de La Habana reconocer y avanzar sobre lo acordado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El punto 5 de los acuerdos pondera de la mejor manera los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con el objetivo de alcanzar una paz estable y duradera. Esperamos que las modificaciones del acuerdo -que no pueden ser estructurales- respeten la centralidad y los derechos de las víctimas. Estaremos atentos a que las voces de quienes han padecido la guerra y la violencia sean escuchadas.
Finalmente, saludamos el inicio de la mesa de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Esperamos que este proceso acoja los principios rectores definidos en el punto 5 de los acuerdos de La Habana, tomando en cuenta que la arquitectura de la Justicia Especial para la Paz, JEP, y del SIVJRGNR son base fundamental para que los derechos de las víctimas sean reconocidos.
Organizaciones, defensoras y defensores firmantes:
Alirio Uribe Muñoz – Representante a la Cámara por Bogotá
Ángela María Robledo – Representante a la Cámara por Bogotá
Asociación Minga
Centro de Estudios Juan Gelman
Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP – Programa por la Paz
Corporación REINICIAR
Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
Corporación CAHUCOPANA
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Jurídica Yira Castro
Corporación PODION
EQUITAS
Fundación Nydia Erika Bautista
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP
Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado – MOVICE
Vamos por los Derechos
