La Corporación Reiniciar, organización representante de las medidas cautelares otorgadas al pueblo indígena Embera Chamí por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2002, expresa su más enérgico rechazo frente al asesinato de la Autoridad Indígena José Albino Cañas Ramírez, cabildante de la comunidad de Portachuelo, perteneciente al Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta, ubicado en jurisdicción de los municipios de Riosucio y Supía, departamento de Caldas.
Según la información conocida, el 16 de febrero, aproximadamente a las 8:50 p.m., dos hombres armados llegaron hasta su vivienda, donde también funcionaba una tienda comunitaria. Cuando el cabildante salió a atenderlos, fue atacado con arma de fuego, causándole la muerte minutos después. Los responsables huyeron por caminos internos del resguardo hacia la carretera central en jurisdicción de Supía.
Este crimen constituye una grave violación a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos colectivos del pueblo Embera Chamí. No se trata de un hecho aislado: es un ataque directo contra el gobierno propio, la autonomía territorial y la pervivencia cultural de más de 23.000 integrantes del Resguardo Cañamomo Lomaprieta. El asesinato ocurre en un contexto de riesgo estructural previamente reconocido por instancias internacionales y bajo la vigencia de medidas cautelares de la CIDH, lo que evidencia la persistencia de las amenazas y la insuficiencia de las acciones estatales de prevención y protección colectiva.
José Albino Cañas Ramírez fue un líder comprometido con la defensa del territorio ancestral, la organización comunitaria, la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de la identidad cultural de su pueblo. Su pérdida enluta a su familia, a su comunidad y al movimiento indígena del país.
Desde la Corporación Reiniciar exigimos a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación pronta, exhaustiva, independiente y con enfoque étnico diferencial, que permita identificar, judicializar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, garantizando la debida coordinación y respeto por la jurisdicción especial indígena. Asimismo, demandamos a las autoridades nacionales y territoriales la adopción inmediata de un plan integral de prevención y protección colectiva para las autoridades y comunidades del resguardo, así como el fortalecimiento urgente de los esquemas de seguridad con participación efectiva de las autoridades tradicionales.
En nuestra calidad de organización representante de las medidas cautelares otorgadas al pueblo Embera Chamí por la CIDH, solicitamos la verificación urgente del cumplimiento de las medidas cautelares vigentes y la incorporación formal de este hecho en el monitoreo oficial del caso, en atención a la gravedad de los hechos y al contexto de riesgo persistente.
Reiteramos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de los derechos del pueblo Embera y con la exigibilidad internacional de las obligaciones del Estado colombiano. La violencia no puede silenciar la defensa del territorio ni quebrantar la autonomía indígena.
