El 30 de enero del año 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó públicamente su sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica (UP) vs Colombia. Se trató de un fallo histórico en el que el Tribunal Internacional estableció la responsabilidad del Estado Colombiano por el exterminio de más de seis mil personas pertenecientes a la UP, a través de actos violentos de distinta naturaleza, que se cometieron por más de dos décadas en casi todo el territorio nacional.
La Corte IDH determinó, además, que el objetivo de dicha persecución fue socavar la fuerza política de la Unión Patriótica, un movimiento creado en 1984 en el marco de un proceso de paz truncado, y que contó con una amplia acogida entre diversos sectores de la sociedad colombiana.
La complejidad del caso, la magnitud de la persecución y la dimensión de los daños ocasionados llevaron a la Corte IDH a ordenar un conjunto de medidas de reparación integral que trascienden a las víctimas directas y a sus familiares. Estas medidas amplían su alcance a la colectividad política de la UP y a la sociedad colombiana en su conjunto, reconocida también como víctima en relación con la vulneración de su derecho a la verdad.
A partir de la notificación de la sentencia, desde la Corporación Reiniciar hemos trabajado en la articulación del Estado designadas como responsables de su cumplimiento, con el fin de lograr la implementación integral y oportuna de las medidas de reparación, en consonancia con el sentido y alcance del fallo.
A la fecha, se han logrado avances en la difusión y pedagógica de la sentencia y del caso de la UP como tal; en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mediante la realización de un acto público solemne y; en la designación de un día oficial de conmemoración de las víctimas del genocidio contra la UP (11 de octubre – Ley 2482 del 16 de julio de 2005). Asimismo, se evidencian progresos en las medidas de satisfacción, como el monumento, las placas conmemorativa, el documental y la campaña de sensibilización y desestigmatización.
No obstante, el proceso de indemnizaciones presenta importantes retrasos, al igual que el cumplimiento de las órdenes relacionadas con la realización de investigaciones sistemáticas en la jurisdicción interna, la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas pertenecientes a la UP y la atención integral en salud de las víctimas.
Por ello, reiteramos de manera contundente el llamado al Estado Colombiano y en particular a las entidades responsables de la implementación, para que dispongan todos los esfuerzos institucionales necesarios, el personal idóneo y los recursos económicos suficientes que viabilicen y agilicen el cumplimiento pleno de las medidas de reparación.
Insistimos en que, en el actual contexto nacional e internacional, donde se niegan las graves violaciones a los derechos humanos, se transgreden los procesos democráticos y la estigmatización continúa siendo una constante que pone en riesgo la vida e integridad de las personas, la sentencia del caso UP y el reconocimiento de lo ocurrido como un exterminio/genocidio, son aportes fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, la garantía de los derechos políticos y la concienciación sobre los impactos que genera la exclusión de la diversidad de pensamiento y la participación política.
En este sentido, volver la mirada sobre esta sentencia y avanzar en el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación no solo constituye una responsabilidad histórica con las víctimas que han esperado durante décadas por justicia, verdad y reparación, sino una oportunidad para que el Estado y la sociedad colombiana se afiancen en la garantía de los derechos humanos, los derechos de las víctimas, los derechos políticos y la construcción de un país y una sociedad en paz.
