Las plataformas de derechos humanos y vocerías regionales del proceso nacional de garantías suspendimos nuestra participación en la primera sesión de la Mesa Nacional de Garantías de este gobierno programada para el día de hoy por la ausencia de las autoridades de alto nivel responsables de liderar las respuestas institucionales a la grave crisis humanitaria que viven las personas defensoras y liderazgos sociales en el país. Con esto se incumple con el auto de tutela de la Corte Constitucional (538/2022) que ordena a las autoridades del Estado tomar medidas eficaces frente a la situación de desprotección y riesgos que enfrentan estas poblaciones.
Colombia intenta avanzar en la consolidación de la paz, como una de las principales apuestas de este gobierno, sin embargo, persisten múltiples formas de violencia con graves impactos a comunidades indígenas, afros, campesinas y mujeres. Respecto a líderes, lideresas y firmantes del Acuerdo de Paz las agresiones y ataques no cesan. Continuamos siendo el país más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos y las luchas socioambientales. Los factores asociados a la desigualdad y la pobreza son causas estructurales que también alimentan la violencia sociopolítica.
El descenso en algunos indicadores de violencia no refleja la realidad del conflicto en los territorios dada la continuidad de enfrentamientos entre diferentes estructuras armadas legales e ilegales, incursiones, hostigamientos y combates. Además, de homicidios, masacres, reclutamiento forzado de NNA, amenazas, violencia sexual, secuestros, confinamientos y desplazamiento forzado, y el control social impuesto por los diversos grupos ilegales. Así mismo, en algunas zonas se siguen presentando connivencias entre fuerza pública y otros grupos, entre ellos, el grupo paramilitar del Clan del Golfo- AGC y estructuras de las disidencias.
En el marco del proceso electoral han aumentado los hechos de violencia en los territorios y las amenazas contra liderazgos sociales y políticos. Hegemonías de partidos tradicionales continúan con el respaldo de grupos ilegales y estructuras clientelistas que impiden la consolidación de una democracia amplia.
Algunas autoridades locales niegan la persistencia del conflicto, la grave crisis humanitaria y la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos continuando con una narrativa negacionista, que impide combatir de manera adecuada las estructuras criminales y facilita el aumento exacerbado de la violencia. Los principales territorios en donde se presentan estas situaciones son: Putumayo, Catatumbo, Cauca, Nariño, Atlántico, Sucre, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Santander, Casanare, Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Arauca, Magdalena Medio y Costa Pacífica Nariñense.
Los resultados en las investigaciones y juzgamientos siguen siendo precarios, muchos casos son archivados o sólo alcanzan la identificación del autor material, sin que se avance en el desmantelamiento de las estructuras criminales, incluyendo la develación de los intereses políticos y económicos detrás de estos crímenes. El uso indebido de la acción penal constituye un riesgo al ejercicio de la defensa de DH. La ausencia de sanciones efectivas alienta la repetición de estos hechos. Por otra parte, la estigmatización a nuestra labor persiste y la Procuraduría General de la Nación no avanza en las investigaciones disciplinarias en contra de servidores públicos que incurren en esta práctica.
Por último, se evidencia un bajo nivel de articulación y coordinación interinstitucional orientada a la protección de las comunidades, las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales.
En consecuencia, y dada la ausencia de autoridades de alto nivel para dar respuesta a esta grave situación humanitaria en el marco de la Mesa Nacional de Garantías, hemos adoptado las siguientes decisiones:
- Suspender la primera sesión de la Mesa Nacional de Garantías con el Gobierno Nacional.
- Exigimos que en la sesión de la Mesa Nacional de Garantías haga presencia el Presidente Gustavo Petro y los Ministros del Interior, Defensa, Justicia, de la Igualdad, y de las TIC, así como el Alto Comisionado para la Paz, además del Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de Nación, lo cual envía un mensaje político a la sociedad sobre la importancia que tiene para las entidades del Estado esta grave situación y el compromiso en la adopción de medidas vinculantes para enfrentarlas.
- Solicitamos a la Defensoría del Pueblo en su calidad de Secretaría Técnica que adelante las acciones para el cumplimiento de estas solicitudes.
- Solicitamos a los órganos de gobierno, entidades de investigación y control la adopción de medidas efectivas que permitan enfrentar la violencia hacia liderazgos y personas defensoras de derechos humanos
- Agradecemos a la Comunidad Internacional su participación en el espacio y convidamos a seguir aportando en este proceso de interlocución para la garantía del ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Manifestamos públicamente nuestra voluntad de continuar el proceso de concertación para las garantías al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, seguiremos respaldando la construcción de paz en nuestro país, la salida negociada al conflicto armado interno y la superación de la pobreza y la desigualdad.
Que la paz no nos siga costando la vida y la libertad…
¡La vida primero!
