El martes 15 de agosto de 2023 se llevó a cabo en el hotel Tequendama la presentación del informe que analiza la situación en materia de derechos humanos en Colombia del 1 de enero al 30 de junio de 2023, un ejercicio encabezado por la Oficina del Alto Comisionado de ONU DDHH, representada en el país por Juliette de Rivero, que contó con la participación de representantes del gobierno, delegados de la comunidad internacional y de organizaciones de la sociedad civil que tienen en sus líneas de trabajo la defensa de los derechos humanos.
En el informe, Naciones Unidas además de hablar de la situación en DDHH, reconoce los avances en política pública de las reformas propuestas por el gobierno del Presidente Gustavo Petro. Se destacan la adopción de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana para la Vida y la Paz, con un enfoque de seguridad humana y derechos; la priorización de un plan de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos; el proceso de formulación de la política de drogas con un enfoque no punitivo; el reconocimiento a la población campesina como sujeto de derechos; el impulso del desarrollo rural integral a través de varias apuestas para incrementar el acceso a tierras, entre otros.
El informe sustentó en cifras que, durante el rango de tiempo analizado, se presentaron 46 casos verificados de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, así como 52 masacres verificadas, y 48 casos verificados de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
“La prioridad para una mejor protección de los DDHH es implementar efectivamente la nueva política de seguridad humana para la protección de la vida y las comunidades, articulada efectivamente con la política de Paz Total”, señaló Juliette de Rivero, representante de ONU DDHH en Colombia.
Dentro de las preocupaciones, el informe afirma que continua expansión territorial de
grupos armados no estatales y organizaciones criminales; que hubo un incremento de acciones de control social con un impacto negativo en la situación de derechos humanos de la población civil e imposición de reglamentos de conducta por parte de los grupos armados no estatales y/o
organizaciones criminales para controlar la vida social, económica y política de las comunidades, organizaciones sociales y étnico territoriales; que se presentó un alto número de casos de reclutamiento infantil por parte de los actores armados no estatales y organizaciones criminales; hubo restricciones a la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y comunidades en los territorios, que crea además una situación de riesgo para el ejercicio de derechos civiles y políticos en el futuro contexto electoral, entre otros.
Así mismo, la Oficina incluyó en el informe una serie de recomendaciones entre las que se destacan: urgir a los grupos armados no estatales a respetar irrestrictamente el derecho internacional humanitario y los derechos humanos; desplegar la presencia integral del Estado en puntos estratégicos del país para recuperar y extender el control territorial del Estado frente a la actuación de los grupos armados no estatales; fortalecer la articulación entre la política de Paz Total, la política de seguridad humana y la política de desmantelamiento para atender la situación territorial y los factores estructurales que motivan la continuación de la violencia contra las comunidades; formalizar un Diálogo permanente y articulado con los procesos organizativos de base de los territorios, independiente a los diálogos y negociaciones que se han iniciado con actores armados, en el que la población civil organizada pueda dialogar, entre otros.
La representante de la Oficina del Alto Comisionado de ONU DDHH, además aprovechó para reiterar el compromiso de ONU Derechos Humanos para contribuir, a través de su asistencia técnica, su experiencia en el terreno y su monitoreo, en los esfuerzos para lograr una participación significativa de las comunidades, la protección y garantía de la vida y de los derechos humanos en Colombia.
De igual manera, desde la Corporación Reiniciar estamos convencidos de la necesidad de aportar y seguir trabajando de manera incansable por la promoción y la defensa de los derechos humanos con el propósito de alcanzar la paz para el país.
