El 13 de agosto de 2023 Bernardo Jaramillo Zapata, hijo del dirigente de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa y miembro de la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica (UP) en Risaralda, recibió una llamada amenazante en la que le decían textualmente: “No queremos funcionarios comunistas incentivando a las organizaciones a reclamar tierras ni a organizarse para nada, sabemos donde trabaja. Cuídese”.
Bernardo actualmente es servidor público y funge como Director Territorial del Ministerio del Trabajo para Risaralda, cargo desde el que, entre otras funciones, acompaña a las organizaciones sociales y campesinas del departamento para el proceso de asociatividad y cooperativismo, así como para la entrega o reclamación de tierras al Estado colombiano. Bernardo considera que las amenazas pueden responder a las labores que lleva a cabo en dicha institución.
Previo a la llamada amenazante del 13 de agosto, Bernardo había recibido un mensaje vía Whatsapp el 18 de julio de 2023 de parte del supuesto Procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública. Esta persona le hizo una serie de preguntas sobre su labor en MinTrabajo, sin embargo, cuando Bernardo intentó comunicarse vía telefónica con él, esta persona ya no tenía foto de perfil y había eliminado los mensajes, lo que le pareció extraño.
Bernardo Jaramillo Zapata, más alla de ser miembro de la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica, apoya el proceso organizativo en su región y luego de proferida la sentencia del Caso UP por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha contribuído a la exigibilidad del derecho a las reparaciones que dispuso dicha sentencia.
Desde la Corporación Reiniciar rechazamos las amenazas contra Bernardo, un hombre íntegro que además de ser servidor público, se desempeña como Coordinador departamental de Reiniciar, en Risaralda. Así mismo, exigimos a las entidades competentes que le brinden protección a Bernardo, y a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad para que permita el esclarecimiento de lo sucedido y así, evitar cualquier ataque contra su integridad o la de su familia.
