Las organizaciones sociales, sindicales, defensoras de derechos humanos que hacen parte de la Campaña por la Independencia de la Justicia han decidido reactivar sus esfuerzos para generar un debate público nacional e internacional sobre la importancia de la independencia judicial y la separación de poderes, a raíz del preocupante rol que están jugando los órganos de investigación y control en la coyuntura colombiana.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, instrumentaliza su cargo para favorecer con impunidad las graves violaciones de derechos humanos y los más graves casos de corrupción, mientras criminaliza a quienes ejercen el derecho a la protesta social. Así lo constataron recientemente cinco relatoras y relatores de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Entre tanto, los fiscales consecuentes con sus obligaciones sufren persecución y sobre la rama judicial siguen presentes las presiones, amenazas y otras formas que afectan su independencia, como lo evidencia el reciente Auto de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes donde anuncia la apertura de investigación previa contra el Fiscal Barbosa por los delitos de prevaricato por acción y abuso de autoridad por acto arbitrario, denunciados por la Fiscal Delegada ante Jueces del Circuito de la Dirección Seccional Bogotá, Ángela María Monsalve Gaviria.
Adicionalmente, con declaraciones que podrían constituir un abuso de su función pública, el Fiscal ha incurrido en una clara intromisión de las facultades del Congreso de la República y la Corte Constitucional, encargadas de aprobar y revisar las leyes. “El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto”, dijo el fiscal Barbosa en una conferencia a la que fue invitado en República Dominicana. Previamente, y en relación con el Plan de Desarrollo, afirmó en un foro de rendición de cuentas de la entidad que “El PNIS no habla de comunidades, habla de familias ¿Qué significa comunidades? Significa que se les van a entregar recursos de forma directa a quienes se dedican a la actividad industrial del narcotráfico”
En esta coyuntura, no sobra advertir que la próxima conformación de la terna para elegir Fiscal por parte del Presidente de la República, adquiere gran importancia en términos de independencia judicial. Por eso se requiere que no sea producto de componendas políticas o acuerdos para favorecer la impunidad, sino el resultado de una rigurosa selección de las personas más idóneas, capaces, poseedoras de los más altos valores éticos y profesionales, un asunto al que nos referiremos con más detalle en futuro comunicado.
Por su parte, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, insiste en convertir esta entidad de control en una tribuna para ejercer la oposición a las iniciativas gubernamentales, como lo recoge la reciente queja disciplinaria presentada por el senador Iván Cepeda a raíz de una inusual reunión de la procuradora con partidos políticos para pedirles que se apartaran de la coalición de gobierno. En estos acercamientos también participó el Fiscal Barbosa según denunció el Representante a la Cámara David Racero.
Sin duda, con estas actuaciones el Fiscal y la Procuradora Generales de la Nación se ubican al margen de sus obligaciones misionales y se ponen al servicio de la oposición política, en claro perjuicio a la división de poderes y la independencia que debe caracterizar su función, al asumir una actitud de abierta oposición a los programas del gobierno, especialmente el relacionado con la política de Paz Total.
Se extiende la invitación a organizaciones sociales, movimientos ciudadanos y toda la ciudadanía a sumarse a esta nueva fase de la campaña por la independencia de la justicia, compartiendo este comunicado y sumando sus voces en defensa de la democracia, especialmente frente al abusivo y desviado ejercicio que están haciendo las cabezas de los órganos de investigación y control.
Conozca más al respecto en nadieporencimadelajusticia.org
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