El presente documento tiene como propósito presentar brevemente algunas falencias de la ley 975 de 2005, más conocida como ley de “justicia y paz”, en relación con el caso del genocidio contra el movimiento político Unión Patriótica. La pertinencia de estas aclaraciones radica, especialmente, en la necesidad de hacer frente a la expectativa que los promotores de la ley han generado entre las víctimas del genocidio y familiares, al magnificar aspectos como la eventual compensación económica y las funciones de la Comisión de Reparación.