El presente documento tiene como propósito presentar brevemente algunas falencias de las Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, en relación con el caso del genocidio contra el movimiento político Unión Patriótica. La pertinencia de estas aclaraciones radica, especialmente, en la necesidad de hacer frente a la expectativa que los promotores de la ley han generado entre las víctimas del genocidio y sus familiares, al magnificar aspectos como la eventual compensación económica y las funciones de la Comisión de Reparación.
De hecho, en el afán de publicitar el instrumento, agentes estatales han insistido en afirmas que la Ley de Justicia y Paz permitiría reparar a un considerable universo de víctimas de la violencia en el país, incluyendo a las víctimas del genocidio contra la UP. No obstante, y tal como se demuestra en esta publicación, proclamar la idoneidad de la Ley 975 para esclarecer y reparar el caso de la Unión Patriótica resulta totalmente infundado.
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