La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) y la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar denuncian ante la opinión pública nacional e internacional, y ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales, el hostigamiento y amedrentamiento de los que fueron víctimas integrantes de dichas organizaciones. Los hechos acontecieron en el marco de la conmemoración anual de la Masacre de Segovia, el pasado viernes 11 de noviembre de 2016 por parte de hombres que la comunidad señala como miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).
Antecedentes
1. Cahucopana es una organización defensora de derechos humanos, principalmente de base campesina, la cual desarrolla trabajo en las zonas de los municipios de Segovia, Remedios, Amalfi, San Roque y Santo Domingo, pertenecientes al departamento de Antioquia.
2. Desde el año 2010 la Corporación, junto a otras organizaciones sociales del territorio, viene impulsando la realización de actos simbólicos de memoria y conmemoraciones, como la de la masacre de Segovia, acaecida el 11 de noviembre 1988 contra la comunidad segoviana y la Unión Patriótica, referente político de la región. Sobre dichos hechos ya ha sido condenado Cesar Pérez, entonces representante a la Cámara, a 30 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales agravadas y concierto para delinquir, ya que se demostró su participación en la promoción de los paramilitares y planeación de la masacre.
3. En el marco del desarrollo de la Mesa de la Habana, la Corporación ha expresado públicamente que, independientemente de cómo se denominen los espacios en el Acuerdo Final, las víctimas del conflicto y la sociedad en su conjunto deben tener la posibilidad de impulsar espacios de memoria y verdad que permitan visibilizar los hechos atroces, las causas de estas acciones y la acción u omisión por parte del Estado colombiano, como parte de la búsqueda de la garantía de no repetición.
Hechos
1. El 11 de noviembre, las personas de la Corporación que adelantaban el evento conmemorativo, y quienes venían organizando en el parque principal la logística, se percatan de la llegada de dos hombres de aspecto sospechoso, aproximadamente a la una de la tarde. Dichos hombres se acercan con una grabadora de voz que trataban de ocultar, y proceden a preguntar sobre quiénes eran y qué hacían en ese espacio.
Así mismo, desde horas de la mañana, un tercer hombre se acercó a indagar sobre el evento que se iba a llevar a cabo, el por qué se encontraban en ese lugar y sobre el hecho de si la Alcaldía municipal estaba o no convocando o apoyando la actividad. El hombre permaneció durante todo el día a los alrededores del parque con el rostro cubierto, tomando fotografías y generando temor por su constante presencia y actitud amenazante.
2. En el desarrollo del evento conmemorativo, el mismo hombre, con el rostro parcialmente cubierto, persigue y asedia reiteradamente a las delegadas de las organizaciones, mientras ellas están hablando e interactuando con la comunidad.
3. Las personas de la comunidad afirman que dichos hombres hacen parte de la Sijín.
4. La presencia del sujeto generó miedo y zozobra no solo a los miembros de las organizaciones sino también a la comunidad, motivo por el cual el esquema de protección colectivo al servicio de Cahucopana decide abordar al sujeto para preguntar por el motivo de su presencia, momento en que se dan cuenta del registro fotográfico que él tiene en su teléfono móvil. Este se percata y se retira del lugar, valiéndose de una motocicleta de color azul con blanco de placas RSV-57D, la cual se encontraba estacionada en el espacio en el cual parquean las motos y los vehículos de la Policía Nacional.
Peticiones
Cahucopana y Reiniciar exigen al Gobierno nacional generar las garantías necesarias para las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas, con el fin de que estas puedan seguir ejerciendo su labor encaminada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población civil, en zonas de alto riesgo y de fuerte presencia neoparamilitar.
De igual forma, se exige al Gobierno nacional impartir órdenes a las entidades públicas de no entorpecer ni perturbar espacios en los cuales la comunidad y las organizaciones defensoras de derechos humanos buscan reivindicar a las víctimas del conflicto armado interno, generando espacios de convivencia ciudadana y promoción de los derechos humanos y del DIH.
Es menester resaltar la obligación estatal de proteger a la población civil en el marco de las zonas de alto riesgo y, en especial, a aquellos que han venido generando espacios de promoción de derechos humanos desde el trabajo comunitario, por lo que no se justifica de ninguna manera que funcionarios públicos entorpezcan dichos espacios y contribuyan a generar un ambiente de zozobra, desconfianza, inseguridad y temor generalizado, con mecanismos evidentemente ilegales e inconstitucionales de amedrentamiento y obtención de información.
Finalmente, se le exige a los organismos estatales pertinentes que procedan con la investigación de los hechos acá descritos, de manera eficiente e inmediata, impartiendo las sanciones disciplinarias o penales a las que hubiese lugar, como forma de garantizar una real protección a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
A la comunidad nacional e internacional
Solicitamos a la comunidad nacional e internacional, nos brinden su acompañamiento permanente en el seguimiento y monitoreo de la situación sobre violaciones a los derechos humanos que atraviesan los líderes de las comunidades organizadas. De igual forma, se hace el llamado a la comunidad de exigir en todo momento el respeto por los derechos constitucionales, en especial por parte de las diferentes entidades estatales y de los diversos grupos violentos con presencia en el territorio.
