Para la Corporación Reiniciar, representantes de las víctimas de la Unión Patriótica (UP) por más de 20 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el reconocimiento público de responsabilidad realizado por el presidente de la república colombiana, Juan Manuel Santos, en la persecución y exterminio contra la UP contribuye a la satisfacción de las expectativas de dignificación que durante varias décadas las víctimas han exigido a las autoridades colombianas y han reclamado ante organismos internacionales.
La persecución y exterminio del partido político Unión Patriótica es una de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en este país y que, como lo dijo el Presidente, ha causado un “daño indecible”, afectando no solo a las víctimas sino a la sociedad en general y a la democracia colombiana.
Por ello, es un hecho sin precedentes que Juan Manuel Santos haya reconocido públicamente como presidente de la república y como jefe de Estado que, aunque se conocía que el plan de exterminio se encontraba en marcha contra la dirigencia y los militantes de la UP, el Estado no tomó medidas para impedir y prevenir el exterminio.
También es importante que el presidente haya reconocido que la persecución en contra de los miembros de la UP constituyó un exterminio “que conllevó la desaparición de la organización política”. Este exterminio que las víctimas y la legislación colombiana denominan genocidio por razones políticas.
Mensajes del presidente como que la persecución y exterminio por razones políticas cometido contra la UP no pueden volver a ocurrir, así como que es imperioso hacer que cese la estigmatización contra las víctimas de la UP para prevenir la violencia contra ellas, son un paso hacia su reconocimiento y dignificación.
La Corporación Reiniciar seguirá en su proceso de reclamación de los derechos de las víctimas de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el caso por esta persecución y exterminio se encuentra próximo a ser decidido. Esperamos que este reconocimiento solemne hecho por el Presidente pudiera ser formalizado por el Estado ante la CIDH para contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Bogotá, 16 de septiembre de 2016
