Desde la Corporación Reiniciar, organización que representa a un amplio grupo de víctimas del genocidio cometido contra la Unión Patriótica, valoramos positivamente la decisión adoptada por el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá, que ordena a la senadora María Fernanda Cabal rectificar y ofrecer disculpas públicas por declaraciones que estigmatizan a los miembros de la Unión Patriótica y a las víctimas de este genocidio.
El 2 de noviembre de 2025, la senadora Cabal afirmó que el Estado colombiano no tuvo responsabilidad en el genocidio cometido contra la UP y que dicho crimen habría sido perpetrado por las guerrillas de las FARC y el ELN. Estas afirmaciones carecen de sustento y desconocen lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en su sentencia Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia, notificada el 30 de enero de 2023, declaró que el Estado colombiano es internacionalmente responsable por la participación de sus agentes estatales y de terceros que actuaron con tolerancia, aquiescencia y colaboración en las violaciones de los derechos humanos de integrantes de la UP.
La decisión judicial se inscribe en una lucha histórica de las víctimas de la UP y de la Corporación Reiniciar, orientada al reconocimiento de la verdad sobre lo ocurrido con la Unión Patriótica y la responsabilidad estatal en estos hechos. Este reconocimiento, consolidado en el ámbito internacional, constituye un hito fundamental en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Cabe recordar que la Corte IDH ordenó al Estado colombiano adoptar medidas efectivas para combatir la estigmatización contra las víctimas, entendiendo que no previno los ataques contra la reputación y la honra de los miembros de la UP, sino que, por medio de sus funcionarios y de sus altas autoridades, contribuyó y participó directamente en esta estigmatización. En este contexto, cuando la senadora Cabal reproduce exactamente el discurso identificado como causal del exterminio, se vacía de contenido las obligaciones del Estado y el deber estatal de no repetición.
Por ello, en relación con las declaraciones de la senadora Cabal, en noviembre de 2025, la Corporación Reiniciar solicitó la intervención preventiva y el seguimiento institucional de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente coadyuvó la tutela presentada por esta entidad.
El fallo del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá constituye un paso importante en la protección de los derechos a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana en su conjunto, a la memoria y la no repetición. Decisiones judiciales como esta envían un mensaje claro sobre la responsabilidad que tienen los servidores públicos en las declaraciones que realizan, especialmente en escenarios políticos y mediáticos, igualmente reafirman que la libertad de expresión no puede ser utilizada para difundir afirmaciones sin sustento que afecten la dignidad de las víctimas ni para perpetuar narrativas que han contribuido históricamente a su persecución.
Desde la Corporación Reiniciar reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la verdad, la memoria histórica, la dignidad de las víctimas y la construcción de una sociedad en la que nunca más se legitimen discursos que promuevan el odio, la estigmatización y la violencia.
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#ReparaciónUPYa
