La Corporación Reiniciar celebra la decisión histórica anunciada este 9 de diciembre por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como un genocidio político. Este pronunciamiento constituye un paso fundamental en el esclarecimiento de la verdad y en el reconocimiento de la magnitud de la violencia ejercida contra este movimiento desde 1984 y durante más de dos décadas.
En su determinación, la JEP imputó responsabilidad a altos mandos de la Fuerza Pública, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río; el coronel (r) Jorge Luis Mejía; y los tenientes coroneles (r) Eduardo León Figueroa y Manuel José Pérez— por su participación en la estigmatización y persecución contra la UP.
Según lo expuesto por la magistrada Catalina Díaz, el tribunal documentó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron formas de violencia no letal, como desplazamientos forzados, exilios, amenazas, intentos de homicidio, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros y violencia sexual. Además, la JEP estableció que 1.115 personas de la UP fueron víctimas de desaparición forzada.
Los hallazgos muestran que la agresión impactó todas las estructuras del partido, militancia de base, dirigencias regionales y liderazgo nacional, y que la UP fue el movimiento político más golpeado en la historia del conflicto armado colombiano, concentrando el 66,3 % de los asesinatos de militantes políticos registrados en el país. La Sala de Reconocimiento subrayó que este plan genocida dejó daños profundos no solo en las víctimas y sus familias, sino también en la institucionalidad, en la paz y en la vida democrática del país.
La investigación del tribunal reveló que altos mandos militares ignoraron deliberadamente las denuncias públicas sobre la actuación de grupos paramilitares y su articulación con miembros de la Fuerza Pública en la persecución contra la UP. Con la imputación, los cinco comparecientes cuentan con 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Si reconocen su responsabilidad, asistirán a una audiencia pública y podrán recibir una Sanción Propia ante el Tribunal para la Paz. Si optan por la vía adversarial, el proceso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Desde la Corporación Reiniciar consideramos que este reconocimiento judicial es un avance decisivo para las víctimas y para el país. Durante años hemos sostenido que los hechos vividos por la Unión Patriótica constituyeron un genocidio político, y hoy la decisión de la JEP no solo valida esa verdad histórica, sino que también dignifica la memoria de miles de familias que han luchado por justicia y reconocimiento. Este pronunciamiento reafirma que la violencia sistemática contra un proyecto político no puede quedar en la impunidad y que el Estado tiene la obligación de garantizar la no repetición. La determinación de la JEP fortalece la búsqueda de justicia, la reparación integral y la construcción de una democracia que respete la vida, la pluralidad y la participación política sin exclusiones ni estigmatizaciones, pilares indispensables para una paz duradera.
