Desde la Corporación Reiniciar, rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte realizadas presuntamente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), difundidas en la región de Montes de María a través de un panfleto, en el que se declara “objetivo militar” a candidatos del Polo Democrático, Colombia Humana, Partido Comunista, Partido comunes, Partido Progresistas, Unión Patriótica UP y otros partidos de izquierda, así como a organizaciones defensoras de derechos humanos y derechos de las mujeres como Sisma Mujer y otras ONG´s feministas extranjeras.
En este sentido enfatizamos que las y los integrantes de la Unión Patriótica han sido históricamente víctimas de una persecución sistemática que ha configurado un genocidio por razones políticas. En el marco del actual periodo electoral, estas amenazas tienen una especial gravedad. La intención evidente de silenciar voces disidentes, impedir el ejercicio de la democracia y restringir la movilización social. Igualmente rechazamos las amenazas frente a la realización de acciones de memoria por las víctimas, lo cual alerta sobre el propósito de ocultamiento y negación de las violaciones a los derechos humanos en el país, que va en contravía de las garantías de no repetición.
También expresamos nuestra solidaridad con las candidaturas y los liderazgos sociales amenazados, así como con la Corporación Sisma Mujer, organización feminista que ha trabajado durante años de manera comprometida en la defensa de los derechos de las mujeres en los territorios. Rechazamos que su labor sea puesta en riesgo por grupos armados ilegales que actúan con total impunidad.
Por lo anterior, exigimos:
- al Gobierno Nacional y local, brindar las garantías necesarias para salvaguardar la integridad de quienes hacen parte de las organizaciones políticas, sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos amenazadas. Así mismo, instamos al Gobierno Nacional a observar estas acciones y los riesgos que generan al proceso de diálogo que adelanta con las AGC en el marco de la Paz Total.
- a la Fiscalía General de la Nación, realizar con prontitud y diligencia las investigaciones pertinentes a fin de sancionar a los responsables.
- a la Unidad Nacional de Protección, implementar medidas de protección acordes a las necesidades de las personas y colectividades amenazadas.
- a la Defensoría del Pueblo, velar por la protección de los derechos humanos y fundamentales de quienes están en riesgo.
Así mismo, solicitamos a la comunidad internacional continuar con su monitoreo y acompañamiento para la garantía y ejercicio de derechos.
La historia de violencia política no puede seguir contra quienes piensan y trabajan por una Colombia en Paz, democrática, respetuosa de la vida y los derechos humanos.
