Este jueves 12 de junio falleció el General Rafael Samudio Molina, quien se desempeñó como Ministro de Defensa durante el gobierno de Virgilio Barco, entre 1986 y 1988. Su nombre está profundamente ligado a algunos de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia, en especial al genocidio por razones políticas contra la Unión Patriótica (UP), movimiento político cuyo exterminio, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empezó en 1984 y se prolongó por más de veinte años.
Desde hace décadas, la UP ha denunciado ante instancias nacionales e internacionales la responsabilidad directa de altos funcionarios del Estado y de la fuerza pública, en la decisión, planeación y ejecución de este genocidio. Samudio, en su calidad de ministro y alto mando militar en esa época, fue señalado y se le exigió rendir cuentas como una de las personas centrales que tenían el deber de impedir y prevenir la violencia política que se convirtió en un genocidio por razones políticas.
En enero de 2021, la Corporación Reiniciar publicó una declaración del Comité Ejecutivo Nacional del partido político UP, en la que solicitaba a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la citación de Samudio y de otros funcionarios de su época, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los crímenes cometidos contra la UP y contra otros sectores de la oposición política y social colombiana.
(Lea aca: ‘General Samudio Molina, responda por el genocidio de la UP’)
Además de su presunta implicación en el genocidio contra la UP, Samudio fue investigado por la Fiscalía General de la Nación por su posible responsabilidad en el secuestro y la desaparición forzada de al menos 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, cuando era jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Aunque nunca fue condenado, su nombre quedó vinculado a graves violaciones de derechos humanos.
Hoy, ante su fallecimiento, la Corporación Reiniciar reitera la exigibilidad de esclarecimiento y verdad. La muerte de una de las personas señaladas como responsables no exonera al Estado de buscar y satisfacer el derecho colectivo a la verdad para poder garantizar la no repetición.
La memoria colectiva y la sanción social deben ser las respuestas ante la impunidad judicial. Insistimos en que no se puede olvidar y que es necesario seguir luchando y sumando esfuerzos por el esclarecimiento de lo ocurrido, por la justicia, y por el reconocimiento pleno de las víctimas y de las responsabilidades de quienes las han violentado.
La memoria no muere con la persona, nos pertenece a todas y todos y está viva por encima de la impunidad judicial.
#NuncaMásOtroGenocidio
#ReparaciónUPYa
