Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

El Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) es un tratado internacional complementario a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas que prevé la instauración de un sistema dual de visitas periódicas a cargo de órganos nacionales e internacionales independientes e imparciales a lugares en donde se encuentren o puedan encontrar personas privadas de la libertad con el fin de evitar que sean víctimas de hechos de tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes a partir del despliegue de acciones de diagnóstico de la situación, asesoría, pedagogía, monitoreo y formulación de recomendaciones.

Tras más de 24 años de aprobación del Protocolo Facultativo en 2002, solamente fue hasta 2023 que el Congreso de la República inició el trámite legislativo para aprobarlo tras la radicación del respectivo proyecto de ley por parte del Gobierno Nacional.  De esta manera se aprobó la Ley 2371 del 12 de julio de 2024 que siguiendo el trámite correspondiente fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional.  Tribunal que mediante Sentencia C-121 del 2 de abril de 2025 declaró constitucional tanto al Protocolo Facultativo como a su ley aprobatoria luego de concluir que dicha norma: (i) había satisfecho los requisitos formales para su expedición; (ii) era compatible con la Constitución Política de 1991, el derecho internacional y el bloque de constitucionalidad; y (iii) no imponía obligaciones incompatibles con la soberanía estatal.

Así las cosas, la Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT) celebra este avance significativo en la ratificación del OPCAT e invita al Presidente de la República a culminar prontamente con el último paso faltante para que el OPCAT tenga pleno vigor en el país con la respectiva sanción presidencial y el depósito del instrumento internacional.

De esta forma, se consolidará una acción decidida por parte del Estado colombiano por saldar la deuda que por décadas ha tenido en torno a la ratificación del OPCAT y por desplegar acciones concretas en la prevención de hechos de tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.  Llamado que fue reiterado constantemente por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más de 16 Estados en el marco del Examen Periódico Universal.

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