Las Plataformas de Derechos Humanos, organizaciones y procesos sociales de los Espacios Autónomos de las Mesas Territoriales de Garantías y de la Mesa Nacional de Garantías, que conforman el Proceso Nacional de Garantías, expresamos nuestro total rechazo a la falta de voluntad política y disponibilidad de varios altos funcionarios del Gobierno Nacional y de los organismos de control, que ha ocasionado el aplazamiento, una vez más, de la sesión convocada para el 30 de noviembre de 2024.
Esta cancelación obstaculiza la concertación de decisiones sobre la protección y garantías para las personas defensoras de derechos humanos y población líder, especialmente en el contexto de la grave situación de derechos humanos y emergencia humanitaria que se vive a lo largo del país. Consideramos particularmente preocupante la falta de voluntad del Consejero Comisionado de Paz, el Ministro del Interior y la Procuradora General de la Nación, así como de las entidades que hacen parte del sistema de protección y cuidado de las personas defensoras y sus procesos organizativos.
Una de las órdenes establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-546 de 2023, que declara un estado de cosas inconstitucional debido a la vulneración sistemática, masiva y permanente del derecho a defender derechos humanos, que a su vez recoge las recomendaciones de la CIDH y del Relator de la ONU sobre personas defensoras, es la necesidad y urgencia de dar continuidad a la Mesa Nacional y a las Mesas Territoriales de Garantías. Estos espacios de participación, concertación y seguimiento, son indispensables para la construcción de una política de prevención y protección efectiva. Su falta de convocatoria constituye, además, un desconocimiento de la decisión constitucional y de los órganos de protección internacional.
La Corte ordenó expresamente que la continuidad de la Mesa Nacional tuviera una periodicidad no inferior a tres (3) meses. Sin embargo, bajo este Gobierno, sólo se ha llevado a cabo una única sesión, el 11 de julio, con la presencia de altas autoridades responsables de la protección y garantías de las personas defensoras.
Desde 2009, el Proceso Nacional de Garantías se ha consolidado como el espacio idóneo para la construcción de políticas y programas que aseguren el derecho a defender derechos, y la presencia de los altos funcionarios del Estado con capacidad de tomar decisiones es fundamental para su efectivo funcionamiento.
Para la segunda sesión de la Mesa Nacional de Garantías, prevista inicialmente para el pasado 14 de noviembre, propusimos abordar las garantías a la labor de personas defensoras en el marco de la política de paz total. En este contexto, se solicitó la presencia del Consejero Comisionado de Paz, del Ministro del Interior y otras altas autoridades del Gobierno Nacional y organismos de investigación y control. Previo a la reunión, formulamos un cuestionario con los temas que se abordarían. Sin embargo, la sesión fue aplazada por el Alto Gobierno y a la fecha no hemos recibido la respuesta a los interrogantes planteados. A pesar de una primera confirmación de la participación del responsable de la política de paz total, luego esta fue cancelada.
Aceptamos la propuesta de llevar a cabo la sesión el 30 de noviembre sin la presencia del Consejero Comisionado de Paz. Sin embargo, a última hora se nos informó que el Ministerio del Interior, delegado por el Presidente para liderar el Plan de Choque para la implementación del Acuerdo Final de Paz presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre pasado, tampoco podría participar.
De otra parte, el papel de la Procuraduría General de la Nación en la garantía de la defensa de derechos ha sido cuestionable. No solo se extraña la presencia de su titular en la Mesa, sino que la actuación de sus delegadas se ha limitado a la documentación y seguimiento de casos. Es imprescindible que esta entidad asuma con seriedad su función disciplinaria, desplegando líneas de investigación sobre los servidores responsables de generar riesgos sobre la población defensora. Además, debe indagar sobre la probable omisión en el ejercicio de sus funciones, y las conexiones y complicidades entre agentes del Estado con grupos paramilitares.
En el caso de la Defensoría Nacional del Pueblo, se han desarrollado acciones para que las Delegadas Regionales cumplan con su rol de Secretaria Técnica del proceso, sin embargo, en departamentos como Huila y Risaralda todavía no ha habido un cambio favorable.
La presencia de los altos funcionarios que dirigen la política de paz resulta indispensable para analizar y evaluar su implementación e impactos en las garantías para el ejercicio de la labor de personas defensoras y población líder, para así concertar medidas de protección efectivas en el marco de los procesos de negociación y acercamiento. Esta situación genera descontento ante la falta de apertura para realizar un balance crítico de la estrategia de desactivación de la violencia armada que afecta a quienes defienden derechos.
La participación estatal en el Proceso Nacional de Garantías debe estar orientada a comprometer efectivamente las capacidades institucionales para una transformación profunda del modelo de protección a personas defensoras, liderazgos sociales y firmantes de paz que implique, como mínimo, los siguientes puntos:
- Se garantice una participación efectiva de las personas defensoras de derechos humanos, población líder y sus vocerías, en la toma de decisiones sobre medidas de protección y valoración del riesgo mediante procesos de consulta continua.
- Se priorice la prevención como un componente esencial de la protección, lo que implica la implementación de estrategias efectivas que eviten la materialización del riesgo.
- Se supere la lógica de protección individual y se enfatice en programas de protección colectiva que fortalezca los procesos sociales y las comunidades en los territorios.
- Se mantengan las medidas de protección que ya han sido implementadas y se asegure la continuidad y mejora de estas estrategias para garantizar la seguridad de las personas defensoras.
- Se racionalice el conjunto de competencias, planes y programas de protección que actualmente se encuentran dispersos, unificando un sistema de protección integral que sea accesible y eficiente.
- Se promueva una transformación del modelo de seguridad que prevenga y sancione efectivamente la participación de agentes del Estado en las agresiones a personas defensoras, asegurando que rindan cuentas por sus acciones u omisiones.
- Se tengan en cuenta los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres y las personas LGBTIQ+ defensoras de derechos humanos, se concerten con ellas las medidas a implementar que aborden los factores de riesgo de manera adecuada.
- Se asegure la articulación de la política de garantías con la de desmantelamiento de organizaciones criminales, de manera que se avance en desestructurar los vínculos políticos y económicos con apariencia de legalidad que alimentan la violencia y agresiones contra personas defensoras.
- A la Defensoría Nacional del Pueblo y a la Corte Constitucional exigir del conjunto de autoridades el cumplimiento de las órdenes derivadas de la Sentencia SU-546 de 2023, así como de las órdenes y recomendaciones internacionales de garantías para las personas defensoras, sus comunidades y procesos organizativos.
Exigimos a las autoridades estatales en su conjunto, en particular a los altos funcionarios de Gobierno y de los organismos de control, que asuman con seriedad y compromiso su participación en la Mesa Nacional de Garantías, y al Ministro del Interior que convoque de manera pronta este espacio en las condiciones acordadas con el movimiento de derechos humanos.
Agradecemos al Sistema de Naciones Unidas y a la comunidad internacional su firme respaldo a este proceso, así como su acompañamiento en el seguimiento a la situación de riesgo de personas, comunidades y procesos organizativos en los territorios.
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
Programa Somos defensores
Espacios autónomos de las mesas territoriales de garantías de: Risaralda, Atlántico, Chocó, Antioquia, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Magdalena Medio, Santander, Arauca, Norte de Santander, Valle, Pacífico Nariñense, Cauca, Nariño, Putumayo, Bogotá, Meta, Caquetá, Tolima, Casanare, Huila, Quindío y Sucre.
