La Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la violación sistemática de los derechos de la población líder y defensora de los derechos humanos, ante las exigencias de organizaciones de garantizar la vida, la integridad, la seguridad y el derecho a defender los derechos humanos.
La búsqueda de este mecanismo tuvo como fundamento las masivas violaciones de derechos de la población defensora de derechos en los territorios y, de forma paralela, la desarticulación, la ineficacia y la inacción del Estado para mejorar la situación.
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