La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia, plataforma que agrupa a 125 organizaciones sociales y de derechos humanos, hace un llamado urgente a la extensión del cese al fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta medida, que está programada para finalizar el próximo 03 de agosto de 2024, es crucial para el avance de este proceso de diálogo y negociación, además de ser una medida que, de ser cumplida de manera adecuada, posibilita mitigar el agravamiento de la situación humanitaria que enfrentan las comunidades en un contexto de conflicto armado.
Pese a los obstáculos experimentados, en los territorios donde las comunidades viven graves dificultades para ejercer liderazgos y movilizarse libremente por las condiciones violentas, durante la vigencia del cese al fuego se ha identificado una disminución en los enfrentamientos y una mejora en el ambiente para el diálogo. Por ello, consideramos que estos avances deben ser protegidos decididamente, y ojalá ampliados, para beneficio de todo el país. Esto significa, además de la extensión del cese al fuego, la garantía de unas mínimas condiciones en materia de derechos humanos para todas las personas que habitan en las zonas afectadas por las hostilidades.
Desde La Alianza solicitamos al Gobierno nacional que se extienda el cese al fuego con el ELN, bajo el compromiso estricto de esta guerrilla de cumplirlo y de acatar el derecho internacional humanitario (DIH), en especial el principio de distinción que obliga a los combatientes a no atacar a la población civil, ni a sus bienes e infraestructura, tal y como lo indicó el Consejo de Seguridad de la ONU hace pocos días, cuando reiteró la importancia de fortalecer los compromisos de protección de los civiles. De la misma manera, solicitamos a las dos partes reconocer los impactos diferenciados que la violencia genera sobre la población civil y profundizar en posibles medidas a tomar para mitigar los riesgos particulares a los que se enfrentan las mujeres y niñas, los pueblos indígenas y afro. Además, pedimos al ELN dar muestras de un compromiso decidido con la promoción y protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado y en particular con el de su participación en la verificación del cumplimiento de los acuerdos de cese al fuego y en las diferentes etapas de las negociaciones de paz.
La protección y el respeto incondicional de la población civil deben ser el eje fundamental de las negociaciones, puesto que son ellas quienes se encuentran mayoritariamente afectadas por el conflicto armado y quienes históricamente han anhelado y promovido vivir en paz en sus territorios. Es imperativo que las comunidades no sean sometidas a más riesgos ni afectaciones como resultado de las hostilidades, que tengan representación y espacios de acompañamiento en los diálogos y que se les brinden garantías para su participación en la verificación del cumplimiento de los acuerdos de cese al fuego, pues son ellas quienes pueden dar testimonio de efectivo cumplimiento y quienes conocen a profundidad las necesidades que las afectan en las distintas regiones del país.
El alto al fuego, el cese de ataques a la población civil y la buena fe se requieren para avanzar en el proceso de diálogo y construcción de paz.
La paz es un derecho y una responsabilidad que requiere el compromiso de todas las partes y el respaldo constante de la sociedad y debe garantizar la incorporación de los enfoques diferenciales, étnico, territorial, feminista, de género e interseccional, la participación activa de la sociedad civil, el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado y el acompañamiento de la comunidad internacional.
