Durante más de veinte años, la Corporación Reiniciar y las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica hemos acudido a instancias internacionales y a las autoridades judiciales nacionales -como las jurisdicciones ordinaria y transicional o de Justicia y Paz-, y a escenarios de construcción de paz, buscando justicia para las víctimas y garantías para el ejercicio de los derechos políticos, con el propósito de superar la impunidad para que este crimen no se repita.
En efecto, ante la falta de esclarecimiento, la continuidad de la persecución y la necesidad de que se estableciera la verdad y se reparara a las víctimas, en diciembre de 1993, la Corporación Reiniciar radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición que refería un conjunto de hechos cometidos de manera sostenida contra militantes de la Unión Patriótica en gran parte del país desde mediados de 1984. Previamente, fueron agotados todos los escenarios judiciales y políticos en búsqueda de justicia y del cese de la persecución y destrucción del grupo político
El caso fue admitido por la CIDH en marzo de 1997, y esa decisión animó a los sobrevivientes de la UP en la causa por el reconocimiento de lo que pasó con sus familiares, con su partido político, el cual los identificaba y los agrupaba no solo alrededor de su plataforma política sino de la esperanza de la que había surgido, las negociaciones de paz de mediados de los ochenta, representando así el inicio de la construcción de paz en un país ansioso de vivir tranquilo.
Esa lucha de décadas de las víctimas por encontrar justicia ha dado resultados, la CIDH estableció la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los miembros de la UP. En el Informe de Fondo, la Comisión consideró, entre otras razones, que la UP no tuvo las garantías para desarrollar su acción tanto proselitista como electoral, y que el móvil de las graves violaciones y la persecución sistemática que sufrieron sus militantes fue su pertenencia al partido político y la expresión de las ideas que este proponía. Es decir, se estableció que a los militantes los asesinaron, desaparecieron y torturaron por pertenecer a la UP y que las violaciones individuales tuvieron el efecto de desarticular su proyecto político hasta generar la pérdida de la personería jurídica del partido político en 2002. La CIDH también constató la impunidad.
La CIDH recomendó, entre otros asuntos, investigar de manera efectiva los hechos y reparar adecuadamente a las víctimas. El gobierno de Colombia expresó desacuerdo con la decisión de la CIDH y se negó a cumplir sus recomendaciones, motivo por el cual el caso se halla bajo examen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cte. IDH), tribunal en el que las víctimas depositan ahora sus esperanzas.
De manera simultánea, en el nuevo contexto nacional que originó el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” y la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y, en particular, su componente de justicia, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), se abrió una expectativa más para las víctimas de la UP en su demanda por justicia a nivel interno.
Por eso, la Corporación Reiniciar que participó activamente con las víctimas en la construcción de aportes para que la negociación de paz reconociera a todas las víctimas del conflicto armado y propendiera por la garantía de sus derechos, se sintió convocada a seguir apoyando la implementación de lo acordado en La Habana, y, ante el ataque reiterado por parte de sectores políticos interesados en continuar con la guerra, al proceso de paz y al SIVJRNR, se sintió llamada a respaldarlo públicamente.
Así, las víctimas y la Corporación Reiniciar realizamos un evento solemne, el 17 de mayo de 2018, en el Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá, con la presencia de los representantes de los tres mecanismos del SIVJRNR (magistrados y magistradas de la JEP, comisionados y comisionadas de la Comisión de la Verdad y directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas), con un doble propósito, ofrecer un apoyo al proceso de paz y presentarle a los representantes de los mecanismos, información sobre el caso del genocidio contra la Unión Patriótica para ser considerada en el marco de sus mandatos.
La información entregada a cada uno de los representantes de los mecanismos está contenida en una investigación titulada “Venga esa mano País, Memoria viva de una vergüenza nacional”, que describe el origen de la UP, su plataforma política, sus éxitos electorales, y por supuesto, el genocidio por razones políticas. El mismo fue elaborado con las víctimas y familiares durante más de veinte años con el propósito de lograr la realización sus derechos, dignificar la memoria de sus familiares, de su partido político, así como de establecer la responsabilidad y la sanción de los autores materiales e intelectuales del genocidio para que estos hechos jamás le vuelvan a suceder a ningún grupo político, de la ideología que sea.
La información sobre el genocidio de la UP fue acogida por la Comisión de la Verdad con quienes se suscribió un convenio para continuar recabando información, y con la Unidad de Búsqueda se creó una Mesa Técnica para incluir a las víctimas en los planes de búsqueda. La JEP, en tanto órgano judicial, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas (SRVR o Sala de Reconocimiento) abrió formalmente el Caso 06 Unión Patriótica el 26 de febrero de 2019.
Esta publicación refiere precisamente los aspectos esenciales del inicio del trámite del Caso Unión Patriótica en la JEP (Caso No. 06 – “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”), a cargo de la Sala de Reconocimiento, así como del proceso de acompañamiento y representación de las víctimas emprendido por la Corporación Reiniciar. Este proceso se adelanta con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su fondo de Justicia Transicional para el apoyo a la participación de las víctimas en las instancias de la JEP. El Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), a cargo de la Secretaría de la JEP, vela por la garantía de los derechos de las víctimas a lo largo del trámite, bajo los principios de respeto a la autonomía de las organizaciones y de independencia de la labor de la abogacía. Gracias por su apoyo y acompañamiento.
La publicación se organiza en cuatro capítulos que dan cuenta, en su orden, del marco de surgimiento y del contenido esencial del SIVJRNR y de la JEP; de la apertura y caracterización del Caso UP por parte de la SRVR hasta la fecha (agosto de 2020); del proceso de acreditación, acompañamiento y representación de las víctimas del caso emprendido por la Corporación Reiniciar; y, de los principales desafíos que el caso expresa. Al final, se incluyen a manera de anexo las decisiones principales del caso a la fecha (Autos 027 de 2019 y 011 de 2020) y el protocolo de la Corporación Reiniciar para la atención y representación de las víctimas, con el anexo modificatorio a propósito de las medidas que debimos adoptar desde marzo del presente año para acompañar y representar a las víctimas en medio del aislamiento preventivo obligatorio ordenado por las autoridades colombianas.
