La Corporación Reiniciar, en representación de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Unión Patriótica (UP), radicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una solicitud para que los hechos que afectaron a este movimiento sean calificados como un genocidio político.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció lo ocurrido con la UP como un exterminio, por ende, un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, en el marco de la legislación colombiana, la JEP tiene la competencia para calificarlo jurídicamente como corresponde y como las víctimas han reclamado por décadas: GENOCIDIO POLÍTICO.
La persecución hacia la UP se dio en el marco de un plan sistemático y generalizado que dejó más de seis mil víctimas en todo el territorio nacional. No se trató de un hecho casual ni aislado: fue una estrategia deliberada para eliminar a un movimiento por su identidad política e ideológica, lo que también afectó la democracia colombiana y el ejercicio de los derechos políticos.
Reconocer el genocidio político contra la UP es un acto de dignificación, verdad, memoria, justicia y garantía de no repetición. Asimismo, representa un llamado para que nunca más haya otro genocidio en Colombia ni el mundo.
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