Desde la Corporación Reiniciar y la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica (UP), expresamos nuestro más enérgico rechazo a las amenazas, hostigamiento y estigmatización contra el compañero Jorge Calderón, militante de la UP en el Valle del Cauca. El 14 de junio, Jorge fue abordado por dos hombres en moto, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y huyeron del lugar.
Jorge Calderón es sobreviviente del genocidio perpetrado contra la UP y, actualmente, desempeña un papel fundamental como representante de este movimiento político en el departamento del Valle del Cauca. Además, es miembro activo de la Mesa del Pacto Histórico en Yumbo, integra el Comité de Impulso de la Zona de Reservas Campesinas y forma parte de la Coordinación de Víctimas del Genocidio de la UP en el departamento.
Este acto de intimidación no es un caso aislado. El 2 de junio, un video comenzó a circular en redes sociales en el que se señalan a líderes sindicales del municipio de Yumbo, generando un clima de miedo y estigmatización hacia la población trabajadora y militantes, sobrevivientes y familiares de víctimas de la UP. En dicho video, se hace mención de Jorge, su hermano Dionisio (quien también fue víctima del genocidio contra la UP), y varios compañeros más del municipio de Yumbo. Este tipo de contenidos fomenta un ambiente de polarización, amenazas y persecución hacia aquellos que siguen luchando por la verdad, la justicia y la reparación integral.
Desde la Corporación Reiniciar, reiteramos nuestro más firme rechazo a la publicación de estos contenidos estigmatizantes. Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con Jorge, su familia y miembros de la Coordinación de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica del Valle del Cauca, y los militantes de la UP en este departamento. Tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia Integrantes y Militantes de la UP vs Colombia, el Estado colombiano no solo falló en proteger a las víctimas del genocidio contra la UP, sino que, por el contrario, a través de sus funcionarios y altas autoridades, participó activamente en la estigmatización de sus miembros, lo que profundizó su vulnerabilidad y facilitó las agresiones contra ellos.
En la sentencia además, la Corte IDH ha ordenado reforzar el programa de protección para garantizar adecuadamente la seguridad y protección de dirigentes, miembros y militantes de la UP, para que puedan desarrollar libremente y sin temor sus actividades políticas. En ese sentido, hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que garantice la seguridad e integridad, así como a las demás entidades competentes del Estado para que investiguen, esclarezcan estos hechos y cumplan lo ordenado por dicho Tribunal.
La Corte IDH ordenó al Estado colombiano llevar a cabo una campaña pública de desestigmatización de la UP, reconociendo que la pedagogía y la visibilidad de los hechos históricos son esenciales para evitar la repetición de estos crímenes. Hoy, más que nunca, hacemos un llamado a la sociedad colombiana para que rechace los discursos de odio, estigmatización y violencia que siguen marcando la realidad de las víctimas del genocidio de la UP, como lo demuestra el reciente episodio en el Valle del Cauca.
Educar, visibilizar y rechazar los discursos de odio no es solo un acto de memoria: es una responsabilidad colectiva. Exigimos al Estado colombiano que cumpla con los compromisos adquiridos ante la Corte IDH y que, de manera inmediata, garantice la protección de los defensores de derechos humanos, militantes y sobrevivientes de la UP, así como el cese de cualquier práctica que fomente el odio y la violencia contra ellos.
#NuncaMásOtroGenocidio
#ReparaciónUPYa
