Los días 28 y 29 de abril, diversas organizaciones sociales, entre ellas la Corporación Reiniciar, mujeres buscadoras, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio de Justicia, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entre otras entidades estatales, se reunieron en una jornada de trabajo con el objetivo de aportar ideas y propuestas para la reglamentación de la Ley 2364 de 2024.
Esta ley, que fue sancionada recientemente, reconoce y protege la labor de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada en Colombia, destacándolas como constructoras de paz y sujetos de especial protección. Durante la jornada, se abordaron temas fundamentales como, la sensibilización sobre la problemática de la desaparición y la importancia de implementar acciones efectivas de prevención y protección.
También se discutieron aspectos relacionados con el trato digno y respetuoso hacia las buscadoras, así como con la necesidad de mecanismos y campañas para prevenir la desaparición forzada y promover la denuncia de estos casos. Otros de los temas prioritarios fue el acceso a una vivienda digna, atención en salud integral y servicios diferenciales que respondan a sus necesidades específicas. Además, se abordó la importancia de crear un Registro Único de Mujeres Buscadoras para fortalecer su protección y reconocimiento.
Este espacio de diálogo aportó en el proceso de implementación de la ley para garantizar que las mujeres que buscan a sus seres queridos cuenten con el respaldo y las condiciones necesarias para realizar su labor en un entorno seguro y digno.
Según datos recopilados por la Corporación Reiniciar, entre 1984 y 2006 al menos 500 personas militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica fueron víctimas de desaparición forzada.
En la sentencia de la Corte IDH en el Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, se dispuso como medida de reparación que el Estado de Colombia debía efectuar “una búsqueda rigurosa por las vías que sean pertinentes, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce, la cual deberá realizarse de manera sistemática y contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos y, en caso de ser necesario, deberá solicitarse la cooperación de otros Estados”.
Adicionalmente estableció que “(…) En caso de que los familiares de las víctimas desaparecidas decidan participar en los procesos de búsqueda, el Estado deberá tomar medidas de apoyo material y logístico para que lo puedan hacer adecuadamente”. Determinó también que el Estado deberá brindar acompañamiento integral a los familiares de las víctimas ante los riesgos que surjan a sus salud física o mental durante los proceso de búsqueda.
Durante años, la búsqueda de las personas desparecidas ha sido liderada por mujeres. Por ello, desde Reiniciar reiteramos nuestro compromiso y acompañamiento para que se implemente la sentencia de la Corte IDH y todos los instrumentos, como la Ley 2364 de 2024, que garanticen el desarrollo de su valiosa labor.
