Las Plataformas de Derechos Humanos y organizaciones firmantes, rechazamos de manera contundente las recientes declaraciones del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en medio de la sesión del Consejo de Ministros televisada el día Lunes 3 de marzo de 2025, sobre la situación en la región de Catatumbo, en la que expresó: «sabemos que muchas de las organizaciones sociales que presentó Alexander están permeadas por las armas, subordinadas a las armas».
Al relacionar irresponsablemente el trabajo de las organizaciones sociales y liderazgos sociales con el accionar de las organizaciones armadas que operan en la región del Catatumbo, se les pone en una situación de riesgo, e incluso, en condición de objetivo militar, dado el actual contexto de violencia que se vive en la zona, desatado entre otras razones, por el señalamiento contra firmantes de paz de presuntamente colaborar con uno de los grupos armados en confrontación.
Como jefe de Estado, el Presidente de la República debe ser el primer garante de los derechos de las personas defensoras y liderazgos sociales. Es fundamental recordar que, la Directiva 007 de 2023 de la Presidencia de la República, establece que el gobierno debe respetar, proteger, facilitar y actuar como un protector de aquellas personas que trabajan por la paz, los derechos humanos y la justicia. Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-546 de 2023, indicó que parte central del derecho a defender derechos humanos, implica el deber de generar ambientes propicios para el ejercicio de esta labor. En concreto, la Corte fue enfática en señalar que al Estado no sólo le corresponde generar espacios libres de estigmatización, sino abstenerse de ser el causante de señalamientos.
El lenguaje utilizado por el Presidente no sólo es irresponsable e irrespetuoso con quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos en contextos de violencia armada, sino que profundiza el riesgo que les atraviesa por ejercer esta labor. Esta estigmatización pública, refuerza la narrativa que históricamente ha buscado criminalizar las luchas sociales, legitimando la persecución contra aquellos que buscan construir un país en paz con justicia social, así como fenómenos tan graves como el desplazamiento forzado de comunidades, el asesinato de civiles por parte de actores armados y la anulación política de las organizaciones sociales de regiones especialmente afectadas por el conflicto.
Actualmente, el Gobierno Nacional está concertando una política pública que tiene como fin garantizar el derecho a defender los derechos humanos. Esta política debe reforzar su alcance a través del compromiso de altos funcionarios del Estado con el respeto y no estigmatización de la labor ejercida por líderes, lideresas y personas defensoras de los derechos humanos, sus comunidades y organizaciones.
Es importante recordar que hace algunos meses, el propio Gobierno avanzó en la construcción participativa, junto con las organizaciones sociales y procesos comunitarios del que ahora estigmatiza, el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, una amplia iniciativa de inversión social y fortalecimiento organizativo que busca transformar las condiciones sociales estructurantes de la violencia. Extraña que, de este proceso de reconstrucción de la confianza ciudadana en la institucionalidad, el Presidente solo concluya afirmaciones desafortunadas que profundizan la violencia sociopolítica.
Este llamado no sólo va dirigido al Presidente, sus Ministros y demás altos funcionarios del Gobierno Nacional, sino a las distintas autoridades territoriales que en eventos concretos han reproducido estas dinámicas estigmatizantes. Asimismo, llamamos la atención a los medios de comunicación, quienes no sólo replican irreflexivamente este tipo de discursos, sino que eluden un análisis crítico de los contenidos que generan, contribuyendo con ello a legitimar una cultura de la violencia contra los movimientos sociales.
Desde las plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales, hacemos un llamado al Presidente de la República para que rectifique sus declaraciones y garantice los derechos de los líderes y lideresas sociales que, con valentía y dignidad, trabajan por la paz, la justicia y los derechos humanos.
Es importante que el Estado y la sociedad en su conjunto sean corresponsables en la prevención de la estigmatización contra personas defensoras. Reiteramos que la construcción de paz requiere del apoyo y el respeto de las instituciones públicas y privadas en favor de quienes luchan por los derechos fundamentales de las comunidades. La estigmatización y la violencia no tienen cabida en un proceso de construcción de paz genuino.
