A dos años de la notificación de la sentencia de la Corte IDH en el caso Unión Patriótica, un legado para la humanidad, las víctimas siguen esperando que se les repare integralmente

Este 30 de enero se cumplen dos años desde que se dio a conocer a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica (UP) el fallo que les reconoció, ordenó su reparación integral y estableció la verdad sobre lo ocurrido: el exterminio, aniquilamiento y persecución, por razones políticas, de más de 6.000 personas; ejecutado por más de 20 años en una gran extensión del territorio colombiano. 

Estos hechos se desarrollaron planificada y  sistemáticamente a través de distintas estrategias, entre ellas, la impunidad deliberada y la tergiversación de la verdad, para convertir a la víctimas en enemigos internos bajo la lógica de la doctrina de la Seguridad Nacional. Este exterminio, según determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), contó con la participación directa del Estado colombiano.

La tergiversación de lo ocurrido, conllevó a la vulneración del derecho a la verdad en cabeza de la sociedad y por ello, se reconoció a la sociedad como parte lesionada.

Hace dos años la Corte IDH, por medio de la sentencia Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia, le notificó al mundo que las razones políticas hacen parte de las motivaciones de los exterminios contra grupos humanos, prácticas que debilitan los sistemas democráticos.

La satisfacción del derecho a la reparación integral ordenada por el Tribunal internacional en favor de las víctimas es una obligación que el Estado colombiano no ha cumplido efectivamente y por eso se hace un llamado urgente para que se prevengan más daños.

Desde la notificación de la sentencia varias víctimas han muerto sin alcanzar a ver materializado su derecho a la reparación. Varios líderes de la UP hoy enfrentan nuevas amenazas, estigmatización, riesgos y el incremento en las afectaciones en la salud física y mental, situaciones apremiantes que deberían urgir los esfuerzos del Estado.

El Presidente de la República Gustavo Petro, ha reiterado en diversas ocasiones su voluntad de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH, sin embargo, las autoridades encargadas de garantizar la reparación integral de las víctimas de este movimiento político no han avanzado significativamente en este propósito.

Las garantías de no repetición se concretan cuando se reparan las víctimas y se transforman las causas que dieron lugar al genocidio cometido.

Ante el contexto global en el que se está ejecutando un genocidio contra el pueblo palestino y lo estamos viendo en directo, hacemos un llamado enfático para que no se repitan los hechos ya vividos por las víctimas de la UP ni en Colombia, ni en ningún otro lugar del mundo.

A dos años de la notificación de la sentencia, los avances han sido mínimos y los desafíos persisten. Desde la Corporación Reiniciar y la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la UP, reiteramos nuestra exigencia de celeridad en su cumplimiento.

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