El próximo viernes 11 de octubre, se llevará a cabo el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Este evento se realiza en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia, notificada el 30 de enero de 2023.
La Corte IDH determinó que el exterminio contra miembros de la UP, que se desató entre 1984 y 2006, dejó más de 6.000 víctimas que sufrieron hechos como amenazas y hostigamientos, torturas, homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y judicializaciones indebidas. Asimismo, comprobó que el Estado colombiano es internacionalmente responsable por el incumplimiento de su deber de respetar los derechos humanos de los miembros de la Unión Patriótica. Esta responsabilidad se dio por la participación de agentes estatales y de terceros que actuaron con la tolerancia, aquiescencia y colaboración del Estado en las violaciones de los derechos humanos.
Además, las faltas al deber de prevenir e investigar constituyen, más que una simple omisión, una forma de tolerancia sistemática, generalizada y estructural frente a la violencia contra miembros de la UP. Esto sumado a la estigmatización y los discursos de odio promovidos por autoridades del estado, promovió la indiferencia frente a la vulneración de los derechos, afectando con ello el derecho a la verdad de la sociedad colombiana y lesionando la democracia de este país.
El acto, que empezará a las 10am, estará encabezado por el Presidente Gustavo Petro Urrego y contará con la presencia de cerca de 2.000 víctimas y familiares de la UP, quienes han sufrido a lo largo de los años las consecuencias de la violencia política en Colombia. Este será un espacio solemne y de reflexión, destinado a honrar la lucha incansable de las víctimas por justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
El reconocimiento de la responsabilidad del Estado por este exterminio es un paso crucial que dignifica a las víctimas y representa un compromiso con la construcción de un futuro en el que se respeten los derechos humanos de cara a una paz estable y duradera.
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