Nota publicada por Conexión Capital
El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) le entregó 51 recomendaciones al Estado colombiano para hacerle frente a este delito en el país.
Los pasados 18 y 19 de abril de 2023, una delegación colombiana, encabezada por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor, sustentó el sexto informe periódico sobre la tortura frente al Comité Contra la Tortura de la ONU, desarrollado en Ginebra, Suiza.
Además de la delegación estatal, organizaciones de la sociedad civil que conforman la Coalición Colombiana Contra la Tortura – CCCT, acompañaron esta misión y le entregaron algunas recomendaciones al Estado, entorno a algunos frentes que debe tener en cuenta Colombia frente al delito de tortura.
Finalmente, el Comité de la ONU publicó sus observaciones finales y le entregó al país 51 recomendaciones divididas en 14 ejes temáticos:
- Tipificación del delito de tortura.
- Salvaguardias legales fundamentales.
- Jurisdicción Penal Militar.
- Uso excesivo de la Fuerza.
- Respuesta estatal frente a la violencia en el marco del conflicto armado y la criminalidad.
- Justicia transicional.
- Reparación y acceso a la justicia.
- Condiciones de detención.
- Régimen de aislamiento.
- Violencia y muertes en los centros de privación de libertad.
- Presentación de denuncias e investigaciones de actos de torturas y malos tratos.
- Vigilancia a los lugares de reclusión.
- Migración y asilo.
- Personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y periodistas.
Muchas de las recomendaciones de estos ejes partieron del informe alternativo entregado por la Coalición Colombiana Contra la Tortura – CCCT conformada por la Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos – ASFADDES-, Centro de Atención Psicosocial –CAPS-, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR-, Comisión Colombiana de Juristas – CCJ-, Corporación REINICIAR, Corporación Vínculos, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – FCSPP- y la Organización Mundial Contra la Tortura -OMCT), de la mano con la Corporación Sisma Mujer, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes (PAIIS).
Aquí un tuit del FCSPP publicado en el marco de la visita de Colombia a Suiza:
Luego de la presentación de este informe en Ginebra, la ONU concluyó que Colombia permanece aún en deuda en materia de lucha contra la tortura, partiendo de hechos como el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía y miembros del ESMAD durante las protestas sociales realizadas entre 2019 y 2021 en todo el país. También hizo referencia a la falta de acompañamiento psicosicial hacia las víctimas de lesiones oculares, y de violencia sexual y de género ocurridas, presuntamente, por agentes de la Fuerza Pública.
Otro de los temas que el Comité abordó en esos 14 ejes temáticos, incluyen la prevención del reclutamiento forzado de menores, por parte de fuerzas armadas estatales o no estatales, el fortalecimiento de medidas contra el desplazamiento forzado, y las condiciones de detención, atención y salubridad en centros de privación de libertad.
Aunque el Comité contra la Tortura de la ONU reconoció el compromiso del Estado en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, esta instancia le recomendó al país que el delito de tortura sea investigado de manera independiente para una mejor tipificación de este crimen, partiendo que, según el CCCT entre enero de 2015 al 30 de junio de 2022, en el país se documentaron 495 torturas, de las cuales, el 52,5 % del total se le atribuyen presuntamente al Estado.
El próximo informe que Colombia deberá presentar ante Naciones Unidas, en torno al delito de tortura, será el próximo 12 de mayo de 2024; ahí, deberá mostrar el seguimiento y acate específico a cuatro de las 51 recomendaciones:
- Mejoras en la respuesta estatal frente a la violencia en el marco del conflicto armado y la criminalidad.
- Atención a las condiciones de detención.
- La vigilancia de los lugares de detención.
- Hacer frente a los ataques a las personas que actúan en defensa de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y periodistas.
