En vísperas del escenario de designación de una terna por parte del Presidente de la República para la elección del nuevo o la nueva Fiscal General, y en contribución al debate público, las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y sindicales que hacemos parte de la Campaña por la Independencia a la Justicia presentamos los que consideramos deberían ser los criterios a tener en cuenta por parte de la Corte Suprema de Justicia a la hora de la elección de quien asuma a partir de febrero del próximo año la dirección de la Fiscalía General de la Nación.
Más allá de los nombres y hojas de vida que ya comienzan a barajarse^1, la elección de un nuevo o una nueva Fiscal es crucial en momentos en que el país trata de avanzar en la implementación de políticas y reformas sociales que requieren de la participación activa de todas instituciones del Estado, y que están encaminadas a mejorar las condiciones de vida de millones de colombianas y colombianos, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y avanzar en escenarios de diálogos con diversos grupos armados ilegales, en desarrollo de la política de Paz Total, así como en la implementación de medidas para garantizar la labor de líderes/as sociales, defensores/as de DDHH y firmantes del acuerdo de paz.
La próxima o el próximo Fiscal General de la Nación que asuma los retos descritos debe contar con formación y trayectoria demostrada de al menos una década en el campo del derecho penal, como académico, como fiscal o como juez de la República.
No obstante, ninguna de estas cualidades profesionales, formación o trayectoria serían una garantía de independencia judicial, como no lo han sido los abundantes títulos exhibidos por ex fiscales de la Nación y por el actual Fiscal, si la persona delegada para liderar el ente investigador no ha demostrado durante su carrera un serio compromiso con los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la impunidad frente a los más graves crímenes, y si no se ha enfrentado en esa lucha a las mafias que han cooptado el Estado durante décadas, incluso a costa de los riesgos que ello implica.
Además de los criterios aquí señalados, consideramos que el Presidente de la República, a la hora de conformar la terna de candidaturas que estudiará la Corte, debe tener en cuenta impedimentos como conflictos de intereses económicos y políticos que puedan convertir esta elección en un pacto de impunidad -a cambio de un incierto margen de gobernabilidad- con sectores que, justamente, son los que cierran filas a las reformas estructurales que el mandato popular ha encomendado al actual gobierno.
La próxima o el próximo fiscal debe ser entonces un ciudadano/a ejemplar, intachable, con independencia plena, sin noticias fundadas que afecten su integridad ética, que no haya incurrido en favorecimientos políticos, de hechos de corrupción o de impunidad. Debe estar libre de investigaciones disciplinarias y penales o de otra naturaleza; en fin debe ser una persona íntegra, respetuosa del Estado Social de Derecho, con probada rectitud y transparencia.
El próximo/a Fiscal General de la Nación debe ser también una ciudadana o ciudadano que asuma su función bajo los principios de la independencia judicial, que logre consolidar una institución al servicio del derecho a la justicia de todas las colombianas y colombianos y no al servicio de élites.
Se requiere de una Fiscalía que encamine su gestión a superar los niveles estructurales de impunidad, en vez de convertir la institución en un ente que persigue y ataca a la oposición, y a quienes ejercen su derecho a la movilización y la protesta social en reclamo de sus derechos fundamentales.
La próxima o el próximo fiscal debe ser una persona que ponga en el centro de la actividad investigativa a las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, que fortalezca la capacidad investigativa de la entidad, de cara a establecer los responsables hasta el más alto nivel de las más graves violaciones a los derechos humanos.
La próxima fiscalía tiene también el reto de descentralizar la institución y de llevarla a los territorios, consolidando las condiciones laborales de las fiscalías regionales, desarrollando políticas que logren recuperar la confianza de la población civil en la justicia, para que, a la hora de denunciar, no corran riesgos por la corrupción y connivencia de integrantes de la institución frente a grupos armados ilegales o poderes mafiosos incrustados en el Estado.
Desde la campaña consideramos también que el debate actual sobre la participación en política de los entes de control y la coyuntura que se avecina con la elección del nuevo Fiscal son, a su vez, una oportunidad para elevar el debate público sobre los mecanismos de elección de la propia Fiscalía y los entes de control que, de manera estructural, ponen en riesgo la independencia de la justicia. La discusión queda abierta.
#NadiePorEncimaDeLaJusticia
