La UP: una lección amarga para el país
El movimiento político Unión Patriótica, UP, surgió en un momento en el que amplios sectores de la sociedad colombiana reclamaban canales de participación en la vida política del país y en el que el presidente Belisario Betancur, cuyo periodo de gobierno abarcó de 1982 a 1986, ofrecía una salida política al conflicto armado interno a la que se acogieron diversos grupos insurgentes, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Era urgente, por ello, la concreción de un proyecto político que permitiera tanto canalizar el inconformismo de quienes no militaban en los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, como crear un medio que permitiera la incorporación a la vida política civil de las FARC. En este sentido, la Unión Patriótica representó el gran salto dialéctico del movimiento social y de la oposición política en la consolidación de un espacio que ya venían construyendo con su lucha social.
Así pues, tanto el Presidente Betancur como las FARC le apostaron, de manera bienintencionada, a una solución política al conflicto armado. La Ley 35 de 1982 fue la primera manifestación de la voluntad política del Gobierno, que concedió mediante ésta una amnistía general a quienes estuvieran implicados en delitos políticos cometidos hasta la fecha de su expedición. Posteriormente, el 28 de mayo de 1984, se suscribió en el municipio de La Uribe, Meta, el primer acuerdo de paz entre una Comisión de Paz y las FARC, que luego fue ratificado por Betancur. En éste se establecían, entre otras cosas, un cese bilateral del fuego, la creación de una Comisión de Verificación y un periodo de un año para que los integrantes de las FARC pudieran organizarse políticamente con las garantías adecuadas de parte del Gobierno.
En marzo de 1985, las FARC dieron inicio a la Unión Patriótica. Muchos colectivos sociales y políticos –campesinos, intelectuales, dirigentes barriales y gremiales, trabajadores de la cultura, sindicalistas, minorías que buscaban la reivindicación de sus derechos, el Partido Comunista Colombiano, militantes de los dos partidos tradicionales– y ciudadanos que creyeron por primera vez en la posibilidad de una participación política en verdaderas condiciones democráticas se vincularon activamente a la propuesta o simpatizaron con ella.
Fue tal la fuerza alcanzada por este nuevo movimiento que en las primeras elecciones en que participó, en marzo de 1986, obtuvo la votación más alta de los partidos políticos de oposición en la historia del país: 14 congresistas, entre representantes a la Cámara y senadores, dos de los cuales eran comandantes guerrilleros designados por las FARC para actuar en la política civil; 18 diputados para 11 asambleas departamentales; y 335 concejales para 187 concejos municipales.
La Unión Patriótica surgió, entonces, como una esperanza política a la que muchos colombianos le apostaron. Pero en cuanto empezó a percibirse como una vía de participación en la vida política nacional y sus propuestas fueron acogidas con entusiasmo a lo largo de todo el país, la extrema derecha se organizó para exterminar a sus militantes y simpatizantes. La verdadera causa de la persecución contra la UP fue esa: haberse convertido rápidamente en una alternativa real de poder.
A pesar de las dificultades, las FARC y el Gobierno nacional reiteraron su voluntad de llevar a buen puerto las negociaciones de paz y suscribieron, el 2 de marzo de 1986, otro acuerdo, el cual reflejaba, entre otras cosas, los obstáculos que finalmente darían al traste con el proceso. Las FARC insistían en la necesidad de que el Gobierno garantizara el cese el fuego ordenado por el Presidente en mayo de 1984 y le reiteraban la petición de “combatir de manera más decidida a los grupos paramilitares que se han apoderado de algunas zonas del país”; a la vez, consignaban su propósito de intensificar el proceso de incorporación de sus efectivos a la vida política y social. Por su parte, el Gobierno se comprometía a otorgar “a la Unión Patriótica y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral”, así como a hacer “recaer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos o niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponden”, y a otorgar a las FARC las garantías y libertades que requirieran para incorporar a sus efectivos a la actividad política.
Pero, ante la indiferencia de gran parte de la institucionalidad del país, la extrema derecha no cesaba su arremetida contra los miembros y simpatizantes de la UP. Finalmente, en junio de 1987, se rompieron las negociaciones de paz. Las FARC volvieron a la lucha armada y la UP, como partido político legal en el que habían confluido muchos sectores populares y políticos del país, continuó su acción. En octubre del mismo año, Jaime Pardo Leal, quien había obtenido 320.000 votos como candidato por la UP en las elecciones presidenciales de mayo de 1986, fue asesinado. Cuatro años más tarde, el 22 de marzo de 1990, también sería asesinado el candidato de este partido a la presidencia de la República, Bernardo Jaramillo Ossa.
La evaluación de lo que fue el genocidio de la UP es desesperanzadora para la sociedad colombiana porque este movimiento político fue una propuesta de paz, una apuesta para dar solución a la guerra cuyos planteamientos fueron acogidos por una parte significativa de la población como una posibilidad de transformar las condiciones de inequidad del país. Y fue una apuesta frustrada. El exterminio sistemático de todo un partido de oposición política bajo un régimen formalmente democrático y al amparo de la impunidad total ha sido considerado como un caso “bastante especial en el mundo”, pues “hubo una política que permitió aniquilar, o casi aniquilar a la UP, sin una reacción adecuada de las autoridades”.
El referente de la UP pareciera, entonces, ser una lección para desalentar cualquier iniciativa de oposición política y también para desalentar la búsqueda de salidas políticas negociadas a nuestro conflicto armado: fueron asesinadas muchas de las personas que destacaron las FARC para hacer política cuando se creó la UP, así como un inmenso número de los ciudadanos que se vincularon a esta propuesta civilista. El caso de la UP es, entonces, una lección amarga para el país. En efecto, no existe en Colombia un referente positivo que permita afirmar que es posible apostarle a una iniciativa similar. También han sido asesinados muchos miembros de la Corriente de Renovación Socialista2 y del M-193 , y los dirigentes de izquierda de grupos insurgentes desmovilizados que lograron sobrevivir son referentes individuales, no constituyen un referente colectivo que permita considerar la viabilidad de crear y fortalecer partidos políticos diferentes a los tradicionales. Colombia no ha podido ver un movimiento de oposición política, de izquierda democrática que se convierta en alternativa real de poder.
Por esto, si el país pretende construir una sociedad realmente democrática, es necesario dar una respuesta justa al caso de la UP. Reparar integralmente a las víctimas de este genocidio político es un imperativo del Estado colombiano, no sólo con ellas sino también con toda la sociedad; hacerlo significaría mucho para este país porque la posibilidad de que existan partidos con proyectos políticos diversos es precisamente un pilar de cualquier democracia. En este sentido, hay un elemento esencial para el país en lo que respecta a la reparación a las víctimas: la verdad. En el caso de la UP es necesaria la creación de una comisión de la verdad que permita conocer y divulgar cómo sucedieron los hechos constitutivos del genocidio, porque de la represión hay que aprender para que hechos como éste no vuelvan a suceder.
La impunidad en la que permanece el asesinato de tantos líderes políticos –Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo– y, en el caso de la UP, el de más de tres mil de sus militantes y simpatizantes ha posibilitado que en la estructura de poder del Estado colombiano y del establecimiento permanezcan personas cuya ideología valida la utilización –o la permisión– de la desaparición forzada, el asesinato, la tortura, las falsas acusaciones y los montajes judiciales para sacar del camino a opositores políticos que representan alternativas de poder en vías de materializarse. En Colombia se sigue repitiendo lo que pasó, por ejemplo, con el movimiento gaitanista o con la UP, es algo cíclico: se reproducen las convicciones, los conceptos, las estrategias de los aniquiladores. Y quienes son aniquilados son reformistas de la democracia, no más, pues ese ha sido el horizonte político de la oposición en los últimos años: la búsqueda de una democracia plena.
Mientras no se desmonte la ideología política que sustenta la persecución y excluye del espectro político democrático cualquier manifestación que, desde los movimientos sociales, busque transformar la relaciones de poder, Colombia no conocerá la paz.
Reiniciar y el caso de la UP
La Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, Reiniciar, es una organización independiente de cualquier postura u organización política; su trabajo es la continuación de un proyecto iniciado en Barrancabermeja por un grupo de defensores de los derechos humanos que había conformado en 1986 el Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, Credhos. En 1992, debido a la fuerte represión del Estado a través de la Policía, el Ejército y la Armada, en alianza con grupos paramilitares, y tras el asesinato de seis de los integrantes de Credhos, los demás miembros del Comité –amenazados o sobrevivientes de atentados– tuvieron que huir de Barrancabermeja. Sin embargo, en 1993, el grupo volvió a comenzar su trabajo con la creación de Reiniciar.
Para 1992, gran parte de los dirigentes y de la base social de la UP ya había sido asesinada. En 1993, Reiniciar instauró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado colombiano por el genocidio de este movimiento político. Ese mismo año, en un trabajo conjunto con Aída Abella, presidenta de la UP en ese entonces, la Corporación empezó a documentar el caso.
A partir de 1997, una vez admitido el caso en la Comisión Interamericana, Reiniciar comenzó la búsqueda de los sobrevivientes del genocidio y de los familiares de las víctimas. El caso había sido radicado con listas de los nombres de las personas asesinadas, desaparecidas o torturadas, pero era necesario ir más allá. La Corporación empezó entonces a desplazarse a las regiones y, allí, con el apoyo de la gente que quedaba del Partido Comunista y de sobrevivientes de la UP, comenzó la búsqueda. A partir de este embrión, de esta pequeña estructura, se inició el trabajo para documentar cada caso: se elaboraba una lista de las personas asesinadas y de las víctimas de otras violaciones de derechos humanos que los integrantes del grupo conocían o de las cuales se tenía noticia, se ubicaba a las familias y se iba a cada casa, en cada pueblo, para invitarlas a una reunión en la capital de su departamento.
En las diferentes capitales se trabajó con una metodología que permitiera rescatar la historia de la UP en las regiones. Primero se abordaba con todos los participantes el tema de la historia de la UP en el país y en el departamento. Luego se hacían grupos con las personas de cada municipio para reconstruir los hechos a partir de tres puntos: primero, cuándo se fundó la UP en la localidad; segundo, cuáles fueron los éxitos electorales alcanzados por la UP y con quiénes se hicieron convergencias o alianzas políticas; y, por último, cuándo se inició el genocidio, cuáles fueron las violaciones de derechos humanos, quiénes murieron y cómo. Se explicaba, asimismo, lo relacionado con la demanda sobre el caso de la UP en la Comisión Interamericana.
Con base en este esquema, Reiniciar realizó en todo el país los primeros talleres de reconstrucción de la memoria sobre el caso de la UP y dio continuidad a esta labor con talleres sobre los temas de verdad, justicia, reparación, Derecho Internacional Humanitario y el caso del UP ante la Comisión Interamericana; posteriormente, se trabajó el tema de cómo documentar los caso.
En este proceso ha sido fundamental que los familiares de las víctimas y los sobrevivientes conozcan y comprendan sus derechos. La UP fue un grupo político sui generis porque nació de un proceso de paz en el que se hizo política con la guerrilla. Muchas personas que fueron destacadas por las FARC para hacer política, es decir, que dejaron las armas para hacer trabajo político con la UP, sufrieron atentados o fueron asesinadas: eran civiles desarmados –algunos, concejales; otros, dirigentes– y así los mataron, fue ésa la primera gente que empezaron a matar. Y algunos de los miembros de la UP que sobrevivieron pensaban que no tenían derecho a reclamar porque se habían vinculado a una propuesta surgida de una negociación entre el gobierno y las FARC. Otras personas creían que porque ellas o sus familiares habían comulgado con las propuestas que las FARC plantearon en la UP, es decir, por ser simpatizantes, el Estado tenía derecho a perseguirlos y a matarlos. Entonces ha sido necesario hacer énfasis en la comprensión de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Estado, así como en la del Derecho Internacional Humanitario.
Por esto, un eje del trabajo de Reiniciar ha sido capacitar a la gente en sus derechos con el objetivo de que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes asuman su defensa; los defensores de los derechos humanos somos acompañantes, pero quienes deben luchar por la defensa de sus derechos son ellos mismos.
Reiniciar y el conjunto de más de 1.500 personas que se han agrupado en la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la UP, en más de 15 coordinaciones regionales en todo el país, han encontrado en las historias personales, en las historias individuales que han sido contadas en los talleres sobre verdad, mil razones para perseverar, a pesar de los obstáculos y las presiones, en el trabajo para que se resuelva el caso. Son muchas las personas que han puesto en ello su esperanza desde cuando se inició el trabajo de reconstrucción de la memoria en las regiones. Confiamos en que no sólo se condene al Estado colombiano, sino en que también sea posible la realización de los derechos de las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas, así como la reivindicación del buen nombre de todas estas personas.
Voces para la memoria
La historia de nuestro país muestra una y otra vez un patrón de supresión violenta de los movimientos de oposición política y condena al olvido a las personas que han hecho parte de ellos. Cuando un opositor es asesinado o desaparecido, en general la verdad oficial hace aparecer el hecho como el mal menor, es decir, lo justifica con el argumento de que supuestamente evitará la llegada de algo peor. Es así como las víctimas muertas o desaparecidas son presentadas ante la sociedad como monstruos, y en el imaginario de la gente se arraigan creencias como que esas personas eran físicamente horribles, que no tenían sentimientos, que eran malas por naturaleza. Al degradar, cosificándolos, a esos seres humanos, se los condena al olvido y su memoria se pierde.
Esa carencia de reconocimiento ha llevado entonces a Reiniciar a crear el proyecto Memoria Viva, mediante el cual se acopian documentos de diversos tipos –fílmicos, fotográficos, de audio– que permiten darles rostro a esas víctimas olvidadas y recuperar su historia personal, política y social y la de los colectivos de los que hicieron parte. Por ejemplo, en este momento existe ya un archivo fotográfico muy importante de víctimas que pertenecían a la Unión Patriótica. Hemos recopilado fotografías de esas personas, que tenían hijos, que tenían sueños, que tenían vecinos, que jugaban, que tomaban trago, que eran mujeriegos, que tenían amantes, que eran como cualquier otro ser humano, personas cuya eliminación no tenía ninguna justificación. Hemos considerado esencial que este archivo no se limite sólo a las fotos de las víctimas, sino que también incluya el entorno donde vivieron su cotidianidad y desarrollaron sus actividades, así como las personas que los acompañaron; por eso hemos recopilado además fotografías de sus espacios –el colegio, la plaza de mercado, la finca, la casa–, de sus parientes, de sus amigos, todo lo cual ayuda a ir reconstruyendo un contexto en el que las víctimas pueden recobrar su identidad, su ser.
Este no ha sido un proceso fácil pues la memoria de los muertos o desaparecidos estaba perdida, sus familiares estaban aterrorizados: algunos, por ejemplo, ni siquiera conservaron la fotografía de la víctima, otros enterraron el carné de la Unión Patriótica de su familiar para que no se lo encontraran en las casas, mucha gente quemó los archivos de su pariente asesinado al ver que las autoridades hacían allanamientos buscando esos materiales de la UP o del Partido Comunista que eran considerado subversivos. Y aunque Reiniciar inició esta tarea con las víctimas del genocidio de la UP, Memoria Viva se extiende también a grupos de indígenas, campesinos, población desplazada y, en general, todas las víctimas con las que trabaja la Corporación.
La labor de recuperación de la memoria permite entonces darles rostro a las víctimas, reconstruir su humanidad, resarcir su dignidad, mostrarle a la sociedad que con su eliminación ha perdido gente valiosa que con su acción aportaba a un país mejor. En fin, Memoria Viva es un instrumento que puede contribuir a la construcción de una cultura política en la que se acojan la diversidad y la divergencia políticas como ganancias y no como amenazas para la democracia.
La colección de relatos De Viva Voz se enmarca en Memoria Viva y se enfoca específicamente a la reconstrucción de la memoria de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica. Las voces que narran son voces de familiares de estas personas, que cuentan cómo se sienten ellos y quiénes eran sus seres queridos que fueron asesinados o desaparecidos. También son voces de sobrevivientes. Todas ellas se dirigen a un establecimiento que ha sido sordo y a una sociedad que es necesario sensibilizar sobre el drama humano que ellos han vivido y sobre el daño que sufre nuestra democracia a causa de una cultura política excluyente y represiva, sobre lo que el país perdió al perder a tanta gente que, desde la divergencia, habría podido aportar a una sociedad más justa.
Relatos de mujeres, primer título de la colección De Viva Voz, es un homenaje a todas las mujeres que ayudaron a construir la Unión Patriótica. Muchas de ellas nunca han sido tenidas en cuenta en la historia de este movimiento político y, no obstante, Reiniciar ha identificado más de doscientas cincuenta que fueron víctimas de homicidios, desapariciones, atentados y torturas, aparte de todas aquellas madres, esposas, compañeras, hermanas e hijas de víctimas que son las antígonas de Colombia, mujeres que contra viento y marea luchan por rescatar y dignificar la memoria del hijo, del compañero, del hermano. Las voces de nueve mujeres dieron forma a este libro:
Rosmery Londoño impresiona por su dignidad y fortaleza. A esta mujer le fueron arrebatados su padre y su esposo cuando apenas empezaba a vivir y, como tantos otros, durante muchos años desconoció su derecho a reclamar justicia por esos crímenes. Hoy se ha convertido en una líder de inmensa sensibilidad hacia el sufrimiento de los otros y realiza en el Caquetá, su departamento, una tarea laboriosa en la Coordinadora Regional de Víctimas y Familiares.
En María Inés Pacheco se conjugan de una manera extraordinaria la líder, la protagonista y la mujer del pueblo que sabe exactamente qué necesita su comunidad, que sabe qué es no tener casa, no tener salud, que ha visto sufrir a la gente. Ella encarna el paradigma del político ideal, el que es conciente de las necesidades de su pueblo y lidera la solución de los problemas, el que intermedia para conseguir lo que su gente precisa, y eso es admirable. Esta mujer, venida de las raíces de su pueblo sufrido, excluido, encarna la lucha por los derechos de la comunidad, el amor por la familia, la mujer revolucionaria de toda la vida que se mantiene firme en sus convicciones, en su partido, el Partido Comunista.
María Elena Flórez encanta con su entusiasmo contagioso, con su celeridad en todo, en el pensamiento, en la acción, en el servicio. Es una mujer que entró sin miedo, a pesar del horror que había vivido, a la causa de la memoria, sostenida por el inmenso amor que le tenía a Alexis, su marido, y en este momento es ya un gran bastión de esta causa en la zona del Caribe. Es ese amor también lo que la ha llevado siempre a mantener viva la esperanza de que este caso no va a quedar en la impunidad y de que las luchas sociales de Alexis no se perderán.
Adela Solano es el símbolo de la resistencia: una militante política enamorada de la vida que, en tanto tiempo desde que un atentado le impidió volver a caminar, nunca ha perdido la esperanza ni la alegría de vivir y que fue capaz de sacar a sus hijos adelante y criarlos en el amor. Ahora sus sueños y sus ilusiones recorren el país sin caminar, su ejemplo de mujer valerosa, siempre en primera línea en la lucha por la justicia en este caso, fortalece la moral de tantas otras víctimas de la Unión Patriótica.
De Beatriz Zuluaga, una mujer extraordinaria que ha enfrentado tantas situaciones tan difíciles en la vida, conmueve muchísimo el amor precioso que tenía con su compañero. Esta mujer transmite fuerza porque toda la vida ha sido luchadora, y a la par de su marido estaba ella como compañera de lucha, de amores. Y por ser así, todo lo que toca lo impregna de la misma energía para seguir adelante. Personas como ella son muy necesarias para el trabajo que realizamos en Reiniciar. De su vivencia, de su concepción del mundo, de saber que hay una obligación ética a cumplir, Beatriz alimenta la esperanza.
Alcira Rosa Quiroz conoce muy bien el valor de la libertad luego de que la persecución judicial de la que han sido víctimas tantos miembros de la Unión Patriótica se la arrebató cuando tenía sólo 17 años. La entereza de esta mujer impacta, el ánimo con que lucha por rehacer su vida es un ejemplo. Pese a todo, Alcira sigue hoy afirmando que la vida es hermosa.
De Luz Marina Escobar impactan su valentía infinita, su entereza de carácter, sus claras convicciones políticas e ideológicas, su compromiso contra el olvido, su lucha por la justicia. Hace más de veinte años que ocurrió la masacre de Segovia y ella no deja de recordar a los ausentes, de estar en riesgo en su empeño de que no quede impune este crimen. Encontrarse a esta mujer es encontrarse con sueños de la misma especie, es juntar esfuerzos porque el caso de la Unión Patriótica salga de la impunidad y pueda servir a la construcción de una izquierda democrática en el país.
Gloria Aránzazu es una mujer de gran fortaleza que nunca ha desfallecido en su empeño de levantar a sus hijos en medio de muchas dificultades. Pero, más que nada, ella es la imagen de la madre amorosa que, pese a la persecución y el dolor que ha sufrido, ha sabido sembrar en el corazón de sus hijos sentimientos comprometidos con la causa de su pueblo.
María Villarreal, ‘Mayito’, revolucionaria como ninguna, luchadora, plena de compromiso con su comunidad, una mujer invencible que sobrevivió porque sus ideas son más fuertes que el deseo de acallarla, de acabar con sus convicciones. Sobrevivió también porque su pueblo la necesitaba, porque ella era la voz de ese pueblo ansioso de justicia, de comida, de medicina y curaba tanto el cuerpo como el alma. ‘Mayito’ vive para dar testimonio de lo que es un ser convencido de servir, de lo que es una mujer revolucionaria en un país de opresión.
