Nota publicada por Redacción Justicia de El Tiempo el 2 de octubre de 2022
Antes de terminar este año, según estiman las partes, el Estado colombiano conocerá si es condenado, o no, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso por el exterminio de la Unión Patriótica (UP), el cual lleva casi 29 años ante el tribunal internacional.
Aunque esa justicia internacional ha tardado, lo propio ha sucedido en Colombia pues, dicen las víctimas, los avances han sido insuficientes.
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De manera interna, la violencia contra la UP tiene capítulos abiertos en Justicia y Paz, en la Fiscalía y, más recientemente, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en abril de este año determinó que al menos 5.733 integrantes del partido fueron asesinados o desaparecidos entre 1984 y 2016.
Lento avance en la Fiscalía
En la Fiscalía se han concentrado, en el histórico, los casos por la violencia contra la UP. Aunque los expedientes tuvieron un impulso hace unos 10 años, cuando la Unidad de Análisis y Contexto del ente acusador se encargó del tema, las cosas ahora son distintas, según comentó Luz Stella Aponte, abogada de la Corporación Reiniciar, que representa a víctimas de la UP.
“En ese momento se destinaron recursos para investigar el caso de la UP; eran unos 700 procesos y un número mayor de víctimas. Hubo un importante avance procesal y había cerca de 30 fiscales en todo el país investigando estos casos, pero, con la llegada de Néstor Humberto Martínez, aunque la Fiscalía se comprometió a seguir, los fiscales fueron desarticulados y ahora solo hay tres; cada uno con una carga de más o menos 200 expedientes. No estamos diciendo que los fiscales a cargo no estén trabajando, pero un fiscal con ese volumen de casos no podrá dar los resultados esperados y exigibles”, comentó.
Añadió que la parálisis ha sido casi total en el ente investigador desde 2019, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el macrocaso 06, para investigar estos crímenes. Esto, pese a que la apertura de un caso en esta jurisdicción no significa que la Fiscalía pierda competencia para seguir investigando.
Aún así, según el balance del Estado colombiano, que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) entregó a la Corte IDH en este proceso, se han logrado a lo largo de los años 55 condenas y hay más de 970 investigaciones abiertas y activas.
Condenas ‘sin verdad’ en Justicia y Paz
También ha habido avances en Justicia y Paz, creada para juzgar a los exparamilitares que se desmovilizaron, ya que, como se ha probado en sentencias, muchos de los crímenes contra la UP fueron materialmente ejecutados por ‘paras’.
Según el balance del Estado, en Justicia y Paz hay 19 sentencias respecto de la victimización de la UP, pero la abogada Aponte resaltó que, con contadas excepciones, la mayoría de estas condenas se han dado por la responsabilidad de exjefes paramilitares por línea de mando, pero “eso no contribuye al esclarecimiento de la verdad porque ellos no están en capacidad de indicar las circunstancias de tiempo, modo, lugar del hecho, o decir cómo seleccionaron a la víctima, o si hubo contribución del Estado”.
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Es por esto que, para las víctimas, las condenas de Justicia y Paz no han sido suficientes. “No es solo condenar, sino esclarecer hechos y responsabilidades y acá hemos tenido condenas sin justicia”, indicó la abogada.
Expectativas en la JEP
La tercera y más reciente vía por la que avanzan los procesos internos por el ataque a la UP es la JEP, que en el marco del macrocaso 06 no solo determinó un universo de casi 6.000 víctimas identificadas con nombres, cédulas y características de su muerte, sino que es quizás el caso de la JEP en el cual más versiones públicas se han hecho; entre estas, con comparecientes como los exgenerales Miguel Maza Márquez, Rito Alejo del Río e Iván Ramírez. En este caso también se han recogido unos 70 testimonios de víctimas.
Hoy en día, indicaron fuentes cercanas al proceso, hay 25 comparecientes formales en este caso, pero en total hay unas 150 personas que podrían ser llamadas en la investigación.
Además, para el tribunal transicional ya se han determinado varios hallazgos, como que la violencia contra la UP fue predominantemente letal, pues dos de cada tres ataques se concretaron en asesinatos y desapariciones; pero además fue una persecución continua, ya que la JEP tiene registro de personas que fueron objeto de distintos tipos de violencia por periodos de 20 años; así mismo, se determinó que la participación de agentes del Estado no fue eventual y que muchos crímenes se perpetraron en connivencia con paramilitares.
En la actualidad, la JEP avanza en la toma de versiones de 14 exmilitares cuestionados por el asesinato de militantes de la Unión Patriótica en Apartadó, Antioquia; pero las víctimas esperan que los casos puedan ser más rápidos y pronto se llegue a imputaciones y sanciones.
Estado se alista para recibir el fallo de la Corte IDH
A comienzos de agosto, la Corte IDH informó que había terminado la deliberación de la sentencia del caso de la UP, por lo cual en cualquier momento podría notificar el fallo.
Preguntada al respecto, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que llevó la defensa de Colombia en este caso, comentó que están atentos a la comunicación de la sentencia.
Zamora también indicó que han adelantado reuniones con diferentes entidades estatales para prepararse para cumplir las órdenes de la Corte y “aceptar la sentencia como corresponde, reconocer que el Estado colombiano en este caso tan importante le falló a las víctimas de la UP y, de acuerdo a las órdenes que imparta, continuar trabajando en esta tarea de manera seria y comprometida”.
