Para la Corporación Reiniciar, como víctima directa de las ‘chuzadas’ e interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la reciente condena a ocho años de prisión de José Miguel Narváez, exsubdirector de la extinta entidad, evidencia nuevamente los abusos y desmanes de la inteligencia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La Corporación Reiniciar, como distintas organizaciones de derechos humanos que fueron víctimas de estos crímenes, ha insistido en que, más allá de interceptaciones ilegales, hubo una estrategia de amenazas. Además de persecución sistemática, desprestigio, acoso, tortura psicológica, montajes judiciales y asesinatos selectivos contra los y las defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes sociales de oposición, que involucraba al alto gobierno, presidido por Uribe Vélez, y se justificaba en la política de ‘seguridad nacional’.
Si bien se han condenado a algunos funcionario del extinto DAS, las investigaciones no han abordado de manera integral los hechos. Pues, se no han esclarecido las más altas responsabilidades de quienes ordenaron los crímenes, ni se ha garantizado el acceso de las víctimas a la totalidad de la información recopilada sin aclararse su destino y utilización.
En este sentido y teniendo en cuenta que ante la Corte Suprema de Justicia se desarrollan las sesiones finales del juicio contra el exdirector del DAS, Jorge Aurelio Noguera Cotes, Reiniciar exige una condena ejemplarizante. Y que esto propicie que se dé curso a los procesos que sobre el caso existen en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el esclarecimiento de las motivaciones políticas de estos crímenes. Así como, la identificación de las personas que se beneficiaron de estos actos.
Reitera que es urgente la creación de mecanismos de control de la inteligencia estatal colombiana, que sean independientes e imparciales para que estos hechos no se repitan pues, pese a antecedentes criminales como los orquestados desde el DAS, no existen en la actualidad mecanismos efectivos para erradicar el uso sistemático de la inteligencia estatal como herramienta de persecución política y sabotaje a la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Hace un llamado a que se desclasifiquen también los archivos de inteligencia del Ejército y de la Policía que involucren a defensores de derechos humanos y líderes sociales y que se garantice la idónea conservación de las pruebas para establecer toda la verdad sobre estos hechos.
Las organizaciones sociales hemos pedido que los organismos de inteligencia no sólo erradiquen la práctica de perseguir defensores y líderes sociales, sino que también depuren y corrijan la información que reposa en sus archivos. Ya que se han evidenciado las violaciones a los derechos de las personas que son afectadas por los procedimientos ilegales de recaudación y las graves consecuencias de su permanencia en las bases de datos estatales.
Hasta el día de hoy no existen recursos para que los afectados puedan controvertir los archivos ni un procedimiento claro para su depuración. Aunque con la ley 1621 de 2013 se creó una comisión temporal para hacer recomendaciones al Gobierno sobre la depuración de datos de inteligencia y contrainteligencia, este mecanismo ha sido insuficiente para garantizar el acceso, revisión, corrección y depuración de los archivos y a la fecha no se conocen resultados.
