En el marco del paro organizado por la organización paramilitar Autodefensas Gatanistas (también llamados “Urabeños” o “Clan Úsuga”), se les ha hecho saber a pobladores de Valencia (Córdoba), Arboletes (Antioquia) y otras comunidades, por medio de amenazas e intimidaciones, que además de detener sus actividades el 31 de marzo, deberán prepararse para viajar a participar en una manifestación el sábado 2 de abril, en Montería. La imposición del terror ha sido generalizada, las comunidades están atemorizadas y piden protección y garantías.
Por medio de un panfleto de cuatro puntos , se anunció el paro para el jueves 31 de marzo de 2016. Las comunidades han denunciado que por medio de panfletos y amenazas directas, el grupo paramilitar ha forzado a los civiles a apoyar la actividad. Los panfletos en los que se amenaza a las comunidades llegaron a municipios, corregimientos y veredas a lo largo del territorio nacional, concentrándose en Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.
Municipios del bajo Cauca y el Urabá Antioqueño como Tarazá, Zaragoza, Chigorodó, Valdivia, Briceño, Turbo, San Pedro de Urabá y Apartadó estuvieron completamente inmovilizados, pues los locales de negocios de todo tipo tuvieron que cerrar sus puertas por miedo a las represalias que fueron anunciadas por los paramilitares que hacen presencia en la región. Quienes intentaron continuar con sus actividades normales fueron víctimas de amenazas y advertencias.
En Apartadó dinamitaron una torre de energía, dejando sin electricidad a buena parte del territorio, hubo un hostigamiento al puesto de policía, han patrullado, hecho detenciones y realizaron reuniones en establecimientos privados y casas. En Zaragoza explotó una estación de policía dejando varios heridos. El capitán del Ejército Andrés Lugo, quien desobedeció la orden, fue asesinado en el camino hacia San Pedro de Urabá, un patrullero de la policía nacional también fue asesinado cuando salía hacia Quibdó.
Asimismo, en Puerto Valdivia no sólo ha habido enfrentamientos que han dejado varias viviendas averiadas, además los transportadores, empleados públicos y comerciantes han sido amenazados. El día del paro fueron asesinados dos policías en Puerto Berrío mientras patrullaban en el barrio Oasis. En el municipio de Buriticá, en el sitio El Pinguro fue atacado con tiros de fusil y granadas de fragmentación un puesto de control, acción en la que resultaron heridos 4 uniformados, dos patrulleros y dos subintendentes,en Briceño ocurrió el asesinato de los hermanos Víctor y Roberto Alirio Moreno Jaramillo, estigmatizados y acusados de ser guerrilleros.
El domingo 27 de marzo, un cabecilla de las AGC dio la orden a los habitantes de Arboletes, Antioquia, que deberán participar en una manifestación que se realizará el 2 de abril en Montería.
Hay un expediente de Fiscalía con nombres de quienes están detrás de esas movilizaciones, que hacen parte de un plan en el cual se incluye un paro armado y un plan pistola contra miembros de la Fuerza Pública, que antes del paro había cobrado la vida de siete policías en Nariño, Santander y Cartagena. A campesinos y pobladores de las zonas urbanas les indicaron que están dispuestos más de 100 buses para el desplazamiento hacia Montería y que les van a suministrar comida y bebida por participar en la movilización.[1]
En Córdoba, la situación es muy similar: Montería está militarizada, quemaron llantas, hicieron bloqueos y amenazaron a la población civil para que participara en la mencionada marcha, programada por el Centro Democrático. Los municipios más afectados en esta zona, que estuvieron también paralizados, fueron Puerto Libertador, San José de Uré, Buenavista, Ayapel, Valencia, Tierralta y Lorica. Las comunidades están atemorizadas, y han denunciado la situación en busca de protección por parte de las instituciones competentes.
La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar ha comunicado que en los municipios de Monte Cristo, Tiquisio, Norosí y Arenal no sólo hay presencia de los paramilitares, sino que la fuerza pública ha actuado en complicidad con la imposición del terror. En Mina Estrella en Norosí y en el Coco Tiquisio fueron asesinadas dos personas; los municipios están paralizados e inundados de panfletos.
Sincelejo, San Onofre, Los Palmitos, Sampués y El Roble han sido igualmente amenazados y obligados a detener sus actividades, incluyendo la de los centros educativos.
Esta situación (que se suma a un contexto de constantes amenazas y muertes a líderes sociales por parte de organizaciones paramilitares) requiere de las medidas necesarias por parte del Gobierno para proteger a la población civil y controlar la presencia de estos grupos ilegales en el territorio, luego de la supuesta desmovilización paramilitar realizada en el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Las garantías de no repetición son el fundamento de una paz estable y duradera, y para ello es indispensable el desmonte del paramilitarismo, que justo ahora, cuando las conversaciones avanza, hacia la firma del Acuerdo Final, pretende mostrar que tiene el control de los territorios.
La Corporación Reiniciar exige una pronta respuesta del Estado, mayores y más contundentes acciones que respalden lo conversado en la Habana, que le den a los ciudadanos la seguridad de que no serán amenazados, desaparecidos, torturados o asesinados en razón de su postura política o su trabajo en pro de la paz. Así mismo, espera el pronunciamiento de los organismos internacionales como la OEA, la ONU, el Parlamento Europeo, y otros organismos de derechos humanos sobre esta preocupante situación.
[1] Agencia de Prensa Rural. Comunidades atemorizadas por paro de Autodefensas Gaitanistas. Tomado de: http://prensarural.org/spip/spip.php?article19015
