En 1993 la Corporación Reiniciar demandó al Estado ante la CIDH por más de mil crímenes cometidos en esta sangrienta persecución política.
Luego de años de fracasos para buscar una “solución amistosa”, las víctimas esperan que la corporación internacional haga justicia. Tomado de El Espectador, Santiago Martínez. Tras la decisión de la Fiscalía de declarar el homicidio del exdirigente político de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda Vargas como delito de lesa humanidad, revivió la esperanza de que los otros 1.554 crímenes que terminaron por exterminar a este partido político de izquierda salgan de la impunidad. El principal argumento para tomar tal determinación fue la sistematicidad de los ataques que se produjeron contra la UP entre los años 80 y 90. Ad portas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre una demanda contra el Estado interpuesta en 1993 por las víctimas de esta sangrienta persecución política, aún es un misterio qué sucederá con los miles de expedientes que rodean esta triste historia. El crimen de Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994, se consideró el último asesinato de un senador de la UP. Cabe recordar que en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Colombia en junio de 2010 por la acción u omisión de los funcionarios públicos que participaron en el homicidio.
Esta ha sido considerada una de las principales victorias de la UP, ya que permitió develar el plan criminal gestado entre las autoridades y los paramilitares para exterminar al partido político. Sin embargo, aún queda por pelear la principal batalla: que la CIDH reconozca la responsabilidad del Estado en este “genocidio político” de 1.163 asesinatos, 123 desaparecidos, 43 sobrevivientes de atentados y 225 amenazados.
La historia de la UP ante las autoridades internacionales comenzó el 16 de diciembre de 1993, cuando la Corporación Reiniciar radicó su demanda en la CIDH. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta el 12 de marzo de 1997 para que la corporación la admitiera. Ante la inmensa cantidad de pruebas que responsabilizaban al Estado, en 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se intentó encontrar una “solución amistosa”. Todo parecía ir por buen camino, ya que se había logrado crear una comisión para defender los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las 6.528 víctimas que se han acreditado.
Pero en junio de 2006 los intentos por buscar la solución amistosa se fueron a pique, ya que la Corporación Reiniciar y diferentes víctimas manifestaron que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no tenía intenciones de cumplir con lo pactado, pues, supuestamente, se había dedicado a perseguirlos y estigmatizarlos. Según los reportes de los miembros de la UP, durante el mandato de Uribe se produjeron 136 homicidios de sobrevivientes de este partido político, 38 casos de desaparición forzada y 28 intentos de homicidios, montajes judiciales y desplazamientos forzados. Fue entonces que, en marzo de 2007, después de siete años de intentos fallidos, la Corporación Reiniciar presentó los alegatos de fondo ante la CIDH. El Gobierno hizo lo propio un año después. Cabe recordar que en 2005 el hoy senador electo Iván Cepeda solicitó que el caso de su padre, Manuel Cepeda Vargas, fuera retirado de la demanda conjunta que había hecho la UP.
La razón era que, al presentar el expediente por separado, la CIDH tendría un trámite más rápido. Resultados que se vieron efectivamente cinco años después, cuando el Estado fue condenado por este crimen. Después de que se emitieran 12 fallos administrativos en Colombia a favor de las víctimas y varias sentencias penales en las que se reconoce el exterminio político de la UP, hoy la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía tiene un grupo dedicado a la investigación de los miles de expedientes que aún están en la impunidad. Son varios los casos representativos que dejó esta sangrienta guerra contra la UP, pero entre los más recordados están los asesinatos de dos candidatos presidenciales y nueve congresistas. El primer crimen perpetrado contra un alto dirigente político se produjo el 30 de agosto de 1986, cuando las balas silenciaron al representante a la Cámara Leonardo Posada, quien murió a manos de un sicario en Barrancabermeja (Santander). Pero el luto de este homicidio no duró más de una semana, ya que el 1º de septiembre de ese mismo año el senador Pedro Nel Jiménez fue acribillado por militares —según lo demostró la investigación— en Villavicencio. En diciembre de ese violento 1986, Octavio Gómez Acosta, otro congresista, fue asesinado. Estos crímenes marcaron el rumbo de lo que sería ese un exterminio político.
Las muertes de dos candidatos presidenciales dejaron ver que nadie se salvaba de la persecución. El 11 de octubre de 1987, mientras regresaba con su familia de una finca ubicada en La Mesa (Cundinamarca), Jaime Pardo Leal fue ultimado por un grupo de sicarios. Bernardo Jaramillo, cuyo magnicidio es investigado por un grupo especial de la Fiscalía, fue acribillado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 22 de marzo de 1990, en una escena que parecía más ficción que realidad. Otro de los crímenes imborrables para las víctimas de la UP fue el del líder José Antequera, cometido en marzo de 1989, quien recibió 24 tiros mientras esperaba su vuelo en el mismo aeropuerto donde sería asesinado Jaramillo años después. La puerta para que estos miles de casos que marcaron la historia política colombiana salgan de la impunidad está más abierta que nunca. A la espera de la decisión de la CIDH, que lo más probable es que sea a favor de las víctimas, la Fiscalía continúa armando el rompecabezas de esta fatídica guerra para dar con el paradero de los máximos responsables del exterminio de la UP.
