El 28 de mayo de 1985 se constituyó la Unión Patriótica (UP) como un movimiento político amplio y convergente, producto de los Acuerdos de Paz suscritos en La Uribe (Meta) entre el gobierno de Colombia en cabeza del entonces Presidente Belisario Betancur Cuartas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el fin de poner fin al conflicto armado en Colombia. En dicho acuerdo, las FARC se comprometieron a cesar el accionar bélico y a reincorporarse a la vida social, política y económica del país, mediante ese nuevo movimiento político. El gobierno se comprometió a otorgarle a la UP las garantías necesarias para desarrollar su accionar como cualquier otra organización política.

No obstante, desde antes de su primera participación electoral en 1986, los y las integrantes de la UP empezaron a ser blanco de ataques diversos que, tras su éxito electoral, se agudizaron y terminaron por configurar una persecución sistemática y generalizada que incluyó diversas violaciones a los DD.HH. como asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, atentados, torturas, amenazas, desplazamientos forzosos, criminalización infundada, entre otros. El saldo de esta persecución es de más de 6000 víctimas según los registros de la Corporación Reiniciar, y de al menos 8.300 según la investigación realizada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.

‘Ante la impunidad imperante y la continuidad de los crímenes contra la UP, el 16 de diciembre de 1993, Reiniciar presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una petición alegando la responsabilidad del Estado Colombiano por múltiples y sucesivas violaciones a los DD.HH. de personas pertenecientes y militantes de la UP, calificándolas como un genocidio político. La petición fue admitida en 1997 y desde entonces se surtieron todas las etapas procesales previstas, incluyendo el intento de búsqueda de una solución amistosa. En 2017, la CIDH profirió el Informe de Fondo 170, en el cual reconoce alrededor de 6000 víctimas del exterminio, que fueron perseguidas por su pertenencia a la UP. Así mismo reconoce la responsabilidad del Estado Colombiano por incumplir sus deberes de respeto y garantía de los DD.HH. de los integrantes y militantes de la UP.

El Estado decidió no acatar el Informe de Fondo, incluyendo las recomendaciones realizadas por la CIDH en términos de reparación integral, por ello, en 2018, sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La CIDH también sometió el caso a la Corte IDH, al considerar que la persecución desatada contra la UP configura un exterminio por razones políticas y que los hechos son de una gravedad inusitada. Hoy, agotado el trámite, las víctimas esperan pronta notificación de la sentencia. 

Simultáneamente, durante casi tres décadas, Reiniciar, los sobrevivientes y familiares de las víctimas, han realizado diversas acciones a nivel nacional e internacional para que se reconozca que lo ocurrido con la UP fue un genocidio político, pero además han impulsado iniciativas y acompañado otras tantas en favor de los derechos de las víctimas, de la memoria histórica y de la no repetición de la violencia política en Colombia. Las imágenes que a continuación se presentan, recogen parte del camino recorrido en esa lucha incesante y dan cuenta de la dignidad y tenacidad de las víctimas sobrevivientes y familiares en este proceso.

La sentencia: un fallo histórico en el país

En la mañana del lunes 30 de enero de 2023, tras casi tres décadas de espera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en un fallo histórico, condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica por las múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos, los derechos políticos.

La sentencia leída por el presidente de la Corte, juez Ricardo Pérez, señaló, entre otras cosas, que el Estado violó los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con el exterminio desatado en 1984 en contra de este partido político.

La Corte también ordenó que, en un plazo no mayor a dos años, “el Estado debe iniciar, impulsar, reabrir y continuar, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir, y remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso”.

En cuanto al universo de víctimas, la Corte declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de 20 años.

«Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad», agregó el juez durante el acto de notificación.

Han pasado casi 30 años desde el momento en el que la Corporación Reiniciar presentó el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en 1993, y hoy se hizo justicia.

“Desde el equipo de Reiniciar expresamos una gran satisfacción porque nuestro Tribunal Interamericano ha hecho justicia. Nos falta leer, estudiar y analizar la sentencia pero queremos destacar que la Corte reconoció el universo plural de víctimas que nosotros habíamos alegado. La corte califica estos hechos como un exterminio político y eso marca un precedente muy importante porque el exterminio es un crimen de lesa humanidad. También dispone importantes medidas de reparación para las víctimas. Nos satisface que desde el gobierno del presidente Petro se ha expresado un reconocimiento preliminar a las víctimas para dar cumplimiento a las órdenes de la Corte”, comentó Luz Stella Aponte, Directora de la Corporación Reiniciar.

Desde la Corporación Reiniciar reiteramos el acompañamiento a las víctimas y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica en su búsqueda incansable de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Las víctimas del caso Unión Patriótica representadas por Reiniciar no tendrán que pagar recurso alguno por esta representación.