Archivo de prensa sobre la sentencia del Caso Unión Patriótica

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica

Nota publicada por El País el 30 de enero de 2023

Más de 30 años de litigio, de espera, culminaron este lunes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 integrantes y militantes de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda que surgió de unas negociaciones de paz entre el Gobierno y la ya desaparecida guerrilla de las FARC, y que fue eliminado a punta de violencia en los años 80 y 90 del siglo XX.

“El Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (“UP”) a partir de 1984 y por más de veinte años”, indica la Corte IDH. Con esas palabras zanjó una controversia jurídica que tenía empantanado el proceso. El Estado colombiano había aceptado parcialmente su responsabilidad en estos hechos, pero había una controversia por el “universo de víctimas”. Solamente había hecho reconocimiento internacional sobre hechos que afectaban a 219 víctimas, pero no acerca de las 6.000 que se han documentado.

Las diferencias también radicaban en si la responsabilidad del Estado era indirecta. En su condena, la Corte IDH ha dicho con claridad que “de los hechos que vulneraron las obligaciones internacionales, se superponen formas responsabilidad directa que se desprenden tanto de la participación directa de agentes estatales y de actores no estatales”; que esto ocurrió en diferentes momentos de los hechos de violencia contra los integrantes de la UP; y que hubo “diversos mecanismos de tolerancia, aquiescencia y colaboración para que éstos sucedieran”, según indica el comunicado.

La UP nació en 1985 de las negociaciones de paz frustradas entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur. Rápidamente comenzaron a tener una presencia política fuerte en todo el territorio nacional y en 1986 llegaron a tener 15 parlamentarios. Pero al mismo tiempo arreció la violencia paramilitar contra ellos. Hoy se sabe, y lo confirma la CIDH, se trató de una “alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales” que se unieron para aniquilarlos. Dos candidatos presidenciales de su formación política, Jaime Pardo Leal y su sucesor, Bernardo Jaramillo, fueron asesinados en los años 80.

La violencia contra ellos no solo fue física sino que también acabó las posibilidades de asociación como grupo político. En esta condena la Corte IDH afirma que también les violaron el reconocimiento a la personería jurídica. En 2002 el Consejo Nacional Electoral (CNE) les retiró la personería al no conseguir curules suficientes. Era imposible, sus candidatos habían sido asesinados. En 2013, el CNE revertió esa decisión y en 2015 participaron de nuevo en elecciones. Hoy mantienen la personería y son parte de la coalición de izquierdas llamada Pacto Histórico.

Algunos de los sobrevivientes y familiares de los asesinados han reaccionado a la condena. La actual ministra de cultura, Patricia Ariza, quien perteneció a esta formación política, dijo que era un día memorable. “Soy sobreviviente y llevo en mi corazón a todos los asesinados. La memoria, la justicia y el afecto hacen parte de la reparación”, escribió.

Algo similar al senador Iván Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda fue asesinado. “Es una sentencia que, sin lugar a dudas, hace justicia a tres décadas de lucha y que se constituye en un precedente para que no se vuelva a producir un genocidio político en Colombia”, dijo a través de un video y recordó que la condena dicta una serie de medidas de reparación.

Entre ellas, la Corte IDH asegura que se deberá impulsar, en un plazo no mayor de 2 años, investigaciones que esclarezcan la verdad de estos crímenes, realizar una búsqueda de los desaparecidos; dar tratamiento médico y psicológico a las víctimas que lo soliciten y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado también deberá crear un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica, construir un monumento en memoria de los asesinados y poner placas en al menos 5 lugares públicos para recordarlos. El Tribunal también ordena que se haga un documental “sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica” y foros académicos que se centren en la estigmatización que han sufrido estos militantes.

Además de esas actividades, el Estado tendrá que informar a la CIDH cómo va a proteger o mejorar los mecanismos de protección existentes a dirigentes de la UP; y finalmente pagar las “cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales”.

El ministro de justicia Néstor Osuna dijo que acatarán el fallo. “La sentencia de la Corte Interamericana de DH sobre el exterminio de la UP nos llama a reflexionar sobre la sociedad que fuimos y que no podemos volver a ser, nunca más”, aseguró.

Corte IDH condena al Estado colombiano por exterminio del partido Unión Patriótica

Nota publicada por Telesur el 30 de enero de 2023

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó este lunes al Estado colombiano por el exterminio de los miembros del partido político Unión Patriótica (UP) «a partir de 1984 y por más de 20 años».

De acuerdo con la sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia, la Corte IDH declaró que el Estado de Colombia «es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes» del referido partido UP.

«La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas», entre otros mencionados.

La Corte ordenó diversas medidas de reparación, como «iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir».

Además, la realización de una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas «cuyo destino aún se desconoce», así como brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que lo soliciten.

Otra medida ordenada por la Corte IDH es «realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional»; establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuar actividades para su difusión, entre otras.

Tras conocerse la decisión, el presidente colombiano Gustavo Petro emitió un mensaje mediante su cuenta en la red social Twitter para pronunciarse sobre el fallo: «Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio», dijo el mandatario y aseveró que su Gobierno apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad.

Por su parte, el senador Iván Cepeda manifestó su respaldo a la decisión de la Corte, indicando que es «una sentencia que sin lugar a dudas hace justicia a tres décadas de lucha de las víctimas, pues se constituye en un precedente para que en el futuro en Colombia no se vuelva a repetir un genocidio político».

En abril de 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que más de 5.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante ataques contra el movimiento político UP entre 1984 y 2016.

Víctimas celebran condena de la Corte IDH contra el Estado por exterminio de la Unión Patriótica

Nota publicada por La FM el 30 de enero de 2023

Después de 30 años de litigio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia, condenando al Estado colombiano por el exterminio de los militantes de la Unión Patriótica (UP), partido político que se constituyó como una alternativa de izquierda en el siglo pasado en el país.

Más de 300 víctimas se reunieron en el Centro de Memoria, Paz y reconciliación de Bogotá, donde hubo emociones encontradas al conocer el resultado del proceso ante la justicia internacional.

“Es un encuentro de sentimientos. Toda la tragedia que se ha sufrido por tener una conciencia diferente a la que se ha impuesto en el modelo y tanta gente que quedó atrás, que murió. víctima de ese genocidio. Estas lágrimas son por mi familia víctima de ese genocidio”, señaló Claudia Flórez, secretaria general del partido.

El proceso se inició en la década de los 90, luego de que los líderes de esa colectividad, en cabeza de Aida Avella y Jahel Quiroga, presentaran estos hechos ante esta instancia internacional, al considerar que no existían garantías en la justicia del país.

Dagoberto Chamarrabí, miembro de la Corporación Reiniciar y militante de la Unión Patriótica, que perdió varios de sus familiares, señaló que “fuimos amenazados, desplazados y asesinados en medio de este conflicto político del que nunca debimos ser víctimas”.

Los ciudadanos que pertenecen al partido agregaron que tenían la certeza de que la CorteIDH fallaría a su favor pues aportaron elementos que consideran suficientes para establecer que se violaron los derechos humanos.

“Es una decisión esperada durante 30 años que llega a un punto definitivo y es que el estado colombiano es responsable del genocidio de la Unión Patriótica. Los sectores que han defendido la verdad y la vida, hoy están esperanzados por esta sentencia. Esto deriva en derechos de reparación que van a incluir actos de memoria para que las futuras generaciones conozcan lo que pasó”, señaló el representante a la Cámara Gabriel Becerra Yánez.

El congresista añadió que de esta manera se sienta un precedente que debe servir para que nunca más “un estado a través de sus poderes justifique que se haya eliminado a un ciudadano o un colectivo, entre ellos dos candidatos presidenciales, una bancada de congresistas, porque pensaban distinto”.

Ex integrantes de la UP, narran el exterminio del partido tras el histórico fallo de la CIDH

Pregunta Yamid, entrevista publicada en CM& el 30 de enero de 2023

Unión Patriótica: “Hoy es el día de la justicia”

Nota publicada por Caracol Radio el 30 de enero de 2023

En medio de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que condena al Estado por el genocidio contra integrantes del partido Unión Patriótica, más de 300 víctimas se reunieron en el Centro de Memoria en Bogotá, para celebrar la decisión y resaltar que a pesar de que los daños no tienen cura, se sienten satisfechos por el respaldo y el método de reparación descrito en el fallo.

“El reconocimiento de la Corte es definitivo para tener un cierre en este proceso, esto servirá de base, de fuerza, de jurisprudencia para todas las masacres que se llevan a cabo aún en el país:” sostuvo María Eugenia de Antequera, víctima del genocidio.

Por otro lado, añaden que las distintas jurisdicciones del Estado, han recolectado material probatorio referente al caso de la UP, y algunas de ellas, no se han puesto a disposición del proceso respecto a los testimonios de paramilitares, refiriéndose a quienes habían sido los financiadores de varias masacres; por lo que solicitan un avance significativo en las investigaciones. De manera, que hacen un llamado al sistema de justicia de que toda la información archivada sea reintegrada y así atribuir responsabilidades e imponer sanciones.

De igual forma, el senador del partido del Polo Democrático, Iván Cepeda, hijo de una de las víctimas del genocidio, sostuvo que la decisión dicta una serie de medidas fundamentales para la reparación y no repetición.”Esta sentencia hace justicia a tres décadas de lucha de las víctimas. Es un precedente para que en el futuro en Colombia no se vuelva a repetir un genocidio político.”

El Estado colombiano aplicó «exterminio» a la Unión Patriótica

Nota publicada por La Jornada de México el 31 de enero de 2023

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó ayer al Estado colombiano por el “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que más de 6 mil integrantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” que incluyen desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, torturas y asesinatos a partir de 1984 y por más de dos décadas.

“Esos actos constituyeron una forma de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, y contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades”, indicó la Corte en el resumen oficial de su sentencia.

La Unión Patriótica se constituyó como organización política en 1985 tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abrió la puerta para que pudieran hacer política legalmente.

Sin embargo, añade la Corte, para contrarrestar el ascenso político de la Unión Patriótica surgió una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública que derivó en actos de violencia.

Las FARC sólo dejaron las armas en 2016, tras un acuerdo de paz con el Estado que aún se está implementando en Colombia.

La Corte, con sede en la capital costarricense, concluyó que el Estado colombiano violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión de los integrantes de la Unión Patriótica debido a que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por pertenecer a dicho partido y expresar sus ideas políticas.

“Este es el día de la justicia para la UP, porque por primera vez un tribunal falla en el sentido en que el exterminio fue ocasionado por el Estado. Es un paso muy grande”, declaró a la agencia Ap la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado en 1996 y vivió en el exilio 17 años.

Avella lamentó que muchos de los familiares de los asesinados y desaparecidos murieron antes de ver la sentencia, luego de 29 años de iniciar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hay hijos que no resistieron la muerte de sus padres”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro –primer mandatario progresista en la historia de Colombia– aseguró en un mensaje de Twitter que su gobierno apoyará la justicia “contra la impunidad” y rechazó “un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.

En su sentencia, la Corte identificó que, de las más de 6 mil víctimas directas de la UP, 3 mil 170 correspondieron a casos de ejecuciones extrajudiciales, mil 596 a desplazamientos forzados, 521 a desapariciones forzadas y 285 a víctimas de atentados o tentativas de homicidio. La Corte detalló que al menos siete niñas y cuatro niños fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o sobrevivieron a matanzas contra integrantes de la Unión Patriótica.

“No eran balas perdidas”

“El genocidio de Colombia fue supremamente preparado, no había bala perdida, nos mataban y el Estado es el culpable”, denunció Avella. “Nos pusieron escoltas, supuestamente para protegernos, pero nos hacían seguimiento de dónde vivíamos, de nuestras familias. Era sólo que pensara distinto para que fuera ‘enemigo interno’ y lo mataban”, agregó.

Pese a la cantidad de delitos y a que se han pronunciado más de 265 sentencias de condena en la justicia colombiana, la Corte determinó que las investigaciones no fueron efectivas y aún hay “altos índices de impunidad” debido a que la mayor parte de la violencia contra los militantes del partido de izquierda no ha sido investigada o los procesos están en etapas tempranas.

Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. Además, buscar a las víctimas de desapariciones y establecer una comisión que se encargue de contrastar la identidad y parentesco de las víctimas.

El Estado también deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y construir un monumento.

En tanto, la Armada de Colombia abatió en una “operación ofensiva” a nueve presuntos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, en el golpe más duro contra esa guerrilla desde que se instaló la mesa de diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, informaron fuerzas militares.

Estado colombiano es condenado por genocidio de la Unión Patriótica

Nota publicada por Colombia Informa el 30 de enero de 2023

La histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue emitida en San José, Costa Rica, el 30 de enero de 2023. Según el comunicado de prensa del Tribunal: “el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (“UP”) a partir de 1984 y por más de veinte años”.

Aída Avella, Senadora y una de las sobrevivientes del genocidio contra la UP, dijo: “se reconoce que en una supuesta democracia asesinaron a nuestros compañeros y compañeras militantes y simpatizantes”.

La Corte encontró que el Estado era responsable internacionalmente por varios crímenes como son el incumplimiento de sus deberes de respeto, y de garantía, por las privaciones del derecho a la vida, desaparición forzada, tortura, amenaza, hostigamiento, desplazamiento forzado y tentativas de homicidio de los integrantes y militantes de ese partido político que fueron reconocidos como víctimas de este caso.

La sentencia también concluyó que el Estado violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión y la libertad de asociación, puesto que el móvil de las violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las víctimas a un partido político de izquierda y la expresión de sus ideas a través de este.

El Tribunal determinó que el Estado violó el derecho a la honra y dignidad de los integrantes y militantes de la UP, puesto que estos fueron estigmatizados por autoridades del Estado. El Estado también violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial y el deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas.

El Estado también fue encontrado responsable por violar los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, y a la protección judicial por la criminalización en contra de algunos integrantes y militantes de la UP.

La sentencia fue reconocida por el Presidente Gustavo Petro y la Ministra de Cultura Patricia Ariza, quien hizo parte de la UP y vivió dicho exterminio.

Aunque existen varios llamados para que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir, aún persiste la impunidad frente al exterminio y genocidio de otras organizaciones sociales y políticas como el Movimiento Político A Luchar y el del Frente Popular que involucro a altos oficiales del Ejército Nacional y la Policía, jueces, presidentes, gobernantes, ministros, y a otras entidades del Estado como la Fiscalía, entre otros.

Otras de las preocupaciones que aún existen es que continúan en Colombia el asesinato y persecución de líderes y lideresas sociales, así como la existencia de grupos paramilitares que continúan operando junto a militares, policías, entre otros representantes del Estado, como lo confirmaron las protestas ocurridas la semana anterior en la Lizama, donde las comunidades protestaron contra la persecución y exterminio que ocurre en el Magdalena Medio.

Exterminio de la Unión Patriótica, las raíces de una condena internacional

Reportaje audiovisual publicado por El Espectador el 1 de febrero de 2023

Corte IDH condena a Colombia por ‘exterminio’ de partido Unión Patriótica

Nota publicada por Expreso de Ecuador el 30 de enero de 2023

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este lunes al Estado colombiano por el ‘plan de exterminio’ del partido izquierdista Unión Patriótica (UP) implementado a través de violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años ochenta.

Según la sentencia, los actos cometidos por el Estado «constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad».

La UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985 como resultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, detalló la CorteIDH.

«Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP», indica la sentencia.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, notificó este lunes la sentencia a las partes e indicó que valoró positivamente un reconocimiento parcial de responsabilidad hecho por el Estado, como una herramienta para el desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas.

Se hizo la UP como el medio por el cual las Farc iba a reincorporarse a la vida civil: Quiroga

Nota publicada por Blu Radio el 31 de enero de 2023

En diálogo con Mañanas Blu 10 a.m., la senadora de la Unión Patriótica Jahel Quiroga Carrillo habló sobre la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado colombiano por el «plan de exterminio» al partido izquierdista, a través de diversas violaciones a los derechos humanos, contra unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años ochenta.

La congresista, que ha sido defensora de derechos humanos, se refirió a la reacción del partido Comunes para que se abra un macro caso con el fin de investigar si los miembros de las Farc también son víctimas del Estado.

“Creo que son cosas distintas, son cosas diferentes. Se hizo la Unión Patriótica como el medio durante el cual la guerrilla iba a reincorporarse a la vida civil, económica, social y económica y también tuvo el objetivo para ser un canal para la inconformidad que había en ese entonces”, dijo.

Con respecto a las Farc, la senadora aseguró que la demanda la hicieron ante la Corte IDH por el partido Unión Patriótica, de la cual en ese entonces ya no tenía ningún tipo de relación con la entonces guerrillas de las Farc: “Nosotros demandamos al Estado por el genocidio del partido político en el que ya las Farc no estaba desde 1987”.

Quiroga señaló que la estigmatización les marcó desde hace 30 años: “Aquí se creó otro negativo que éramos nosotros, que éramos guerrilleros y nos dieron un tratamiento de enemigo interno”.

La senadora del Pacto Histórico defendió que “ellos tienen derechos, todas las personas que sufrieron infracciones derechos internacional humanitario tienen derecho a interponer recursos para obtener una reparación porque fueron víctimas, ahora que se pueda hacer con la ley de víctimas es otra cosa”.

La UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985 como resultado de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, detalló la Corte IDH.

Se debe conocer quién dio las órdenes: senadora Aída Avella sobre exterminio de la UP

Nota publicada por La W el 31 de enero de 2023

La agenda nacional de este 30 de enero se vio impactada por la histórica condena al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica. Desde Costa Rica el tribunal internacional declaró como responsable al estado colombiano por la violación a los derechos humanos de más de 6.000 víctimas e integrantes de la UP a quienes no se les respetó el derecho a la vida y a la libre asociación política, desde 1984 y durante 20 años, cuando fueron asesinados 6 mil de sus miembros.

En el anuncio de la decisión realizado por el propio presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, se concluyó la responsabilidad del estado en la violación de derechos como la vida, la libre expresión y la asociación política, o el derecho a la honra y la verdad. Dentro de los afectados por esta época de la historia de Colombia se encuentra Aída Avella, senadora del Pacto Histórico, sobreviviente al exterminio de la UP, quien habló para Sigue La W sobre lo que significa el fallo, y también, sobre cómo fue vivir este situación.

Avella mencionó que este fallo es “el primero de esa magnitud en el continente americano” y además, que “es un fallo histórico, tanto para Colombia como para América” en donde para la senadora, “quedó retratado el actuar de los gobiernos” que estuvieron vigentes durante el genocidio.

Quiso también hacer referencia a lo que viene luego de la decisión del tribunal internacional, en donde resalta que el fallo es el de una reparación de las víctimas.

“Es el principio de una reparación obvia para los familiares de los asesinados y las personas que sobrevivieron, en este fallo la Corte lo dice claramente: es responsabilidad del estado. Nos tocó llegar a la justicia internacional porque en lo nacional poco se hizo”, enfatizó,.

A su vez, fue tajante al decir que no se debe asesinar gente y menos por sus convicciones. “No volver a asesinar gente, eso es básico; nadie puede morir o ser amenazado por sus convicciones políticas”, dijo, para luego exigir que “se tiene que conocer quiénes dieron las órdenes de asesinarnos”.

Y es que dentro de su intervención relató una anécdota en la que presuntamente un miembro de la fuerza pública, que habría estado involucrado en su persecución, le pidió perdón por lo sucedido. “Él me dijo: “yo le pido perdón porque yo pensé que los datos que yo recolecté sobre lo que usted hacia era para judicializarla, no para matarla”, esas eran las conclusiones de los propios oficiales que participaron en esto”, contó.

A su vez, denunció que dentro del genocidio, los que debían protegerlos no lo hacían, refiriéndose a los esquemas de seguridad que tenían en ese entonces.

“Los que nos debían proteger ayudaron al asesinato y no a la protección. Esto hace parte de un país que tenía una supuesta democracia, entonces ¿había democracia en Colombia o era una fachada para asesinar?”, expresó.

También, fue enfática diciendo que “el horror la gente no lo ha asimilado”, porque según la senadora, “no se hizo absolutamente nada por detener el genocidio, al contrario, refinaban las técnicas para matarnos”, sentenció.

Finalmente, deseó que este tipo de cosas nunca más vuelvan a pasar no solo en Colombia, sino en el mundo también.

La Corte IDH responsabiliza a Colombia por el exterminio del partido izquierdista Unión Patriótica

Nota publicada por RT el 30 de enero de 2023

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este lunes que el Estado colombiano es responsable por el «exterminio» del partido político de izquierda Unión Patriótica (UP), a partir de 1984 y por más de veinte años.

En el marco de la sentencia del caso ‘Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia’, la Corte IDH declaró que el Estado es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de UP.

Violencia sistemática contra UP

Unión Patriótica surgió en 1985 en el marco del acuerdo entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Mediante este pacto, los combatientes dejaron las armas y militaron en el nuevo partido político.

En el marco de su sentencia, la Corte IDH comprobó la «violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano».

Esta violencia, explicó el tribunal, se manifestó a través de desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.

El plan de exterminio sistemático contra UP, sus miembros y militantes, contó «con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad», señaló la Corte IDH.

Asimismo, el tribunal regional anotó que las investigaciones por esos actos de violencia no fueron efectivas. En cambio, se caracterizaron por «altos índices de impunidad» que, a su vez, «operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades frente a los mismos».

En particular, la Corte IDH manifestó que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos: a la libertad de expresión y asociación; al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la vida; a la integridad personal; a la libertad personal; a la libertad de circulación y residencia.

Asimismo, Colombia vulneró lo estipulado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y desplazamiento contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica.

Medidas de reparación

Debido a esas violaciones a los derechos humanos, la Corte IDH ordenó al Estado colombiano a implementar las siguientes medidas de reparación:

Iniciar, impulsar, reabrir y continuar las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir. El tribunal instó a Colombia a iniciar esta acción en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un período razonable y con la mayor diligencia.
Efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce.
Brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten.
Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuar actividades para su difusión en escuelas y colegios públicos.
Construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica.

Respuesta de Colombia

Por su parte, el Estado colombiano «reconoció parcialmente su responsabilidad internacional» por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó como violados en su Informe de Fondo sobre Unión Patriótica.

No obstante, la Corte IDH consideró que subsistían «numerosos elementos en controversia» sobre la determinación del marco fáctico, el universo de víctimas y las violaciones, y, por lo tanto, determinó que era necesario dictar la sentencia, fijando los hechos ocurridos, las violaciones a derechos humanos consumadas y las medidas de reparación correspondientes.

Patricia Ariza comenta el fallo de la CIDH sobre la UP en Los Danieles

Petro sobre condena de Corte IDH: ‘Un Estado asesino que no debe retornar más’

Nota publicada por El Tiempo el 30 de enero de 2023

El presidente Gustavo Petro se pronunció este lunes sobre la condena de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP).

En este sentido, el jefe de Estado señaló «hoy un tribunal de justicia de carácter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio».

El mandatario enfatizó en que su Gobierno apoyará la justicia nacional e internacional «contra la impunidad».

Petro, igualmente, recalcó su propuesta de paz que no es solo con grupos armados, «sino con esa sociedad de los privilegios para que permitan las reformas que marquen un camino de mayor justicia social. Esa es la paz».

Al final lanzó un fuerte mensaje: «Aún la mano está tendida. Pero no piensen que este gobierno se arrodilla». ¿Qué dice la condena de la Corte IDH?

¿Qué dice la condena de la Corte IDH?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas contra más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP) a partir de 1984 y por más de veinte años.

El Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en este caso. La Corte, por su parte, valoró dicha postura «por constituir una contribución positiva al desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas».

En un comunicado señalaron que el Tribunal recordó que la UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, resultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional.

Explican que como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, «surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza

pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP».

La Corte comprobó la violencia sistemática contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas. Se presentaron desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.

«Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad», dijo la Corte.

Concluyeron, además, que la investigación que adelantó el Estado no fueron efectivas y «se caracterizaron por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades frente a los mismos».

Corte IDH señala al Estado colombiano responsable de «exterminio» de militantes de izquierda

Nota de Radio Francia Internacional publicada el 31 de enero de 2023

El Estado colombiano es el “responsable” del «exterminio» de miles de militantes de izquierda en las décadas de 1980 y 1990, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinada este lunes, que también ordenó reabrir las investigaciones de esos crímenes.

La decisión de la Corte IDH señala que «Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP)”.

La UP es un partido político colombiano que apareció en 1985 en el marco de un fallido proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pero sus militantes quedaron a merced de grupos armados que se empeñaron en eliminarlos.

Muchos de sus integrantes fueron asesinados y otros, condenados al exilio, como es el caso de Carlos Andrés Pérez, exalcalde de Chirigodó, exiliado en Suiza, uno de los pocos supervivientes del “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que sus militantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” por más de dos décadas.

“He estado bastante conmovido por esta sentencia, ha sido bastante novedoso para nosotros los integrantes de la Unión Patriótica. El impacto ha sido grande, han sido más de 29 años en esta lucha, en estos ires y venires. Mucha gente nuestra ha muerto y (la sentencia) es algo reconfortante para quienes nos dejaron, (es una forma de decirles) que exaltaremos siempre su memoria” aseguró Pérez.

Algunas de las víctimas fueron el candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, quien el 22 de marzo de 1990, fue asesinado a tiros en el aeropuerto internacional de Bogotá y el postulante del partido en los comicios de 1986, Jaime Pardo, quien también murió tras ser blanco de disparos, mientras circulaba por un camino rural, el 11 de octubre de 1987.

La Corte determinó que las investigaciones judiciales de los crímenes de los miles de militantes de la UP «no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad».

En búsqueda de la paz

Pese a la alegría que le produce esta decisión de la Corte, esperada por cerca de tres décadas, Carlos Andrés Pérez reconoció que aún falta mucho para verdaderamente vivir en paz.

“Para estar en paz interior y total, todavía falta buscar a nuestros desaparecidos, terminar los procesos judiciales que hacen falta, la reconstrucción del país, esa participación política y la verdadera inclusión de la Unión Patriótica. Por ejemplo, yo fui alcalde en esa región y si no hubiese estado detenido, torturado o en el exilio, me imagino que hubiese sido un senador o posiblemente un candidato o un presidente de la república, como muchos y muchas de mis compañeros. Yo pienso que todavía falta mucho para reconfortarse y para reconstruir, pienso que se ha dado un paso importante a través de una sentencia significativa, que no la podemos desestimar para seguir trabajando y seguir reconstruyendo un país totalmente democrático e incluyente”.

Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte IDH ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales, por lo que el exalcalde explica que este caso no está totalmente cerrado: “se sigue continuando sobre este proceso, entendiéndose que hay un cierre de la determinación, pero sigue un acuerdo relacionado con las diferentes entidades del Estado para darle seguimiento y cumplimiento a la sentencia”.

Pérez, quien fue integrante de la UP, señaló que entes como la corporación Reiniciar y la Unión Patriótica, se han dedicado a coordinar procesos con las víctimas y agregó que actualmente se encuentran haciendo seguimiento a la sentencia, con lo que denominan “la subcomisión para el recibimiento y seguimiento de la sentencia, integrada por parte del exilio de la Unión Patriótica”.

La reparación a las víctimas

Como medidas de reparación, la Corte pidió, entre otras cosas, buscar a los desaparecidos, reconocer públicamente la responsabilidad del Estado y establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas.

El texto señala que como consecuencia del «rápido ascenso» de la UP en la política colombiana, «comenzaron los actos de violencia» por parte de «una alianza» entre paramilitares, políticos tradicionales, policías y empresarios.

La violencia hacia los militantes de la UP «se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros», detalló la Corte con sede en San José.

Además indicó que se trató de «un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes», lo que constituye «un crimen de lesa humanidad».

El partido de izquierda UP se introdujo en la política colombiana tras fundarse a finales de mayo de 1985, a raíz de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la administración del expresidente Belisario Betancur.

Congreso busca reparar a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica

Nota publicada por El Espectador el 31 de enero de 2023

El pasado lunes 30 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado colombiano es culpable por el exterminio de más de 6.000 líderes y militantes de la Unión Patriótica, entre las décadas de 1980 y 1990. Con el fallo, el Tribunal Internacional obliga al Estado a reparar a las víctimas y cumplir con una serie de medidas que tendrán que cumplirse antes de que termine el mandato de Gustavo Petro como presidente.

Ante esto, el Congreso se pronunció y aseguró que, como parte del Estado, se compromete a cumplir con medidas de reparación a las víctimas. El presidente del Congreso, Roy Barreras, expresó que desde las Cámaras darán cumplimiento a lo dicho por la Corte IDH con tres acciones:

Convocar a una “sesión solemne de reconocimiento y ofrecimiento de perdón por el genocidio”.
Impulsar un proyecto de ley para crear el “día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica”.
La construcción de un monumento y placas en memoria de las víctimas.

Asimismo, Barreras señala que el caso de la UP debe sentar un precedente en el país para que no se repitan hechos como ese, en el que se asesinó por diferencias en las ideologías políticas. Por otra parte, aunque el Tribunal Internacional reconoce que se ha avanzado con la reparación a las víctimas, dice que las acciones siguen siendo insuficientes.

En un documento de más de 180 páginas ordenó al estado que tome acciones como Investigar los hechos, identificar y juzgar a los responsables, restitución para que personas desplazadas retornen a su lugar de origen, Garantías de no repetición y Medidas de protección para los actuales militantes de la UP.

Asimismo, el Estado tiene que reparar económicamente a la UP, tomar medidas en la rehabilitación de las víctimas y hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad.

Exterminio de la Unión Patriótica – Noticiero del Senado

Nota publicada por el Noticiero del Senado el 9 de febrero de 2023

Martha Zamora: “La sentencia es la mejor forma de reparar a las víctimas de la UP”

Nota publicada por El Espectador el 31 de enero de 2023

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y sus militantes. De acuerdo con el órgano internacional, la nación debe asumir cumpla por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes de dicha colectividad a partir de 1984 y por más de 20 años.

Sobre el particular, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y comentó que es clara la decisión por acción y omisión al incurrir en crímenes de lesa humanidad y se fijaron ya unos montos que se deberán asumir en medio del proceso de reparación para víctimas y familiares que se encuentran en el exterior.

“La sentencia consideró unos valores dependiendo de las violaciones ocasionadas a las víctimas. Por ejemplo, 55.000 dólares para víctimas directas de desaparición forzada, 30.000 dólares para madres, padres, hijos/as, y 10.000 dólares para hermanos y hermanas de víctimas por desaparición”, comentó.

Por otra parte, Zamora reiteró que las 6.000 víctimas a las que hacen referencia en el fallo de la CIDH es solo un punto de referencia alrededor de todos los simpatizantes de la UP. Ahora bien, en cuanto al número actual de efectos de indemnización se sitúa en más de 670 personas y se deja abierta la puerta para que las instituciones del Estado hagan identificación y caracterización de otros que no fueron incluidos.

“Hay procesos que aún están en competencia de la justicia ordinaria y también de la JEP, teniendo en cuenta los casos 05 y 06. Por eso se debe coordinar toda esas competencias para ser eficientes y decirle a las víctimas que se presenten y se logre una adecuada caracterización”, reiteró.

¿Por qué el Estado se demoró tanto en atender el caso?

De acuerdo con Zamora, todo el episodio de la UP es lamentable porque la presentación del caso data del año 1993 y esto significa que antes de la fecha no se había logrado adelantar ningún tipo de investigación.

“Era algo complejo porque desaparecían los testigos, los mismos funcionarios judiciales, fue una época de horror y por esa razón muchos casos no pudieron ser resueltos. Se trata de una mezcla de situaciones muy dolorosas, no hay defensa y la sentencia es la mejor forma de reparar a las víctimas de la UP. Así las cosas, se podrá tener la seguridad de que por fin existe justicia“, comentó.

La estigmatización contra la UP fue parte del genocidio

Nota publicada por Rutas del Conflicto el lunes 13 de febrero de 2023

Desde 1986 hasta 2013, la Unión Patriótica (UP) fue víctima de estigmatización por parte de agentes estatales y no estatales, según el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte IDH en su condena al Estado colombiano por el genocidio de la Unión Patriótica afirmó que, comentarios como que la UP era el “brazo político de las FARC”, “colaboradores de las FARC”, o “aliados de la guerrilla”, produjeron aún más victimización. La Corte sentenció que estos señalamientos afectaron “tanto la honra como la reputación individual de las presuntas víctimas, así como la imagen de la organización política y restringió la proyección individual y colectiva de las presuntas víctimas en el ámbito social.”

Rutas del Conflicto realizó una aproximación a la reconstrucción de declaraciones estigmatizantes en contra de la Unión Patriótica de políticos, militares y medios de comunicación desde 1983 hasta hoy.

LOS SEÑALAMIENTOS DE LA POLÍTICA COLOMBIANA CONTRA LA UP

En 1987, el presidente Virgilio Barco declaró en la revista South que la Unión Patriótica era el partido de las guerrillas. La UP hizo un comunicado rechazando esta afirmación y señalamientos del mandatario.

Otra de las declaraciones que más eco tuvo en su momento fue la del ministro de Gobierno en 1990, Carlos Lemos Simmonds. El funcionario dijo en una entrevista con Colprensa que «el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica . Se van a enojar porque les estoy diciendo esto, pero ellos saben que es así».

Cinco días después de ese comentario, el 22 de marzo de 1990, fue asesinado Bernardo Jaramillo, máximo representante de la UP. Según Revista Semana, Jaramillo en la última entrevista que dio ante los medios dijo que «por el hecho de que no le guste al ministro la forma como nosotros decimos las cosas, no le da derecho a condenarnos a muerte con sus declaraciones, tal como lo está haciendo».

Jaramillo era el candidato presidencial por la UP para las elecciones de 1990.Tras el homicidio de Jaime Pardo Leal en 1987, quien fue el candidato de la UP para las elecciones presidenciales de 1986, Bernardo asumió el liderazgo del partido.

El procurador de la época, Alfonso Gómez Méndez, quien después sería Fiscal General, dijo que las declaraciones de Simmonds fueron una opinión política y que no tenían la intención que se le quería dar. Aun así, Simmonds renunciaría a su cargo por cuenta de la presión popular y mediática. El informe de la Comisión de la Verdad concluye que a pesar de que Bernardo Jaramillo hizo grandes esfuerzos por una salida negociada del conflicto, fue asesinado bajo la justificación de que era parte del brazo político de las Farc.

Otro expresidente que hizo comentarios en el que responsabilizaba a las Farc del genocidio de la UP fue Ernesto Samper. En 2008, El Espectador propició un encuentro entre José Antequera, hijo del líder asesinado de la UP José de Jesús Antequera, y Samper. Este último dijo en la reunión que en el libro ‘Armas y urnas’, se explora que hubo alguna complicidad del Gobierno, pero que las Farc tampoco estaban interesadas en proteger a los miembros de la UP y que la guerrilla también fue culpable del exterminio por omisión. Antequera le respondió que la responsabilidad de velar por la vida de los militantes de la UP era del Estado, no de las Farc. En 1995, la Unión Patriótica demandó al Gobierno de Samper para que reconociera los asesinatos de los militantes de la UP como un genocidio.

En el Gobierno de Álvaro Uribe la estigmatización contra la UP estuvo presente. En un comunicado de prensa del 24 de noviembre de 2007, la presidencia afirmó que “el Gobierno no puede permitir que los terroristas de las FARC continúen con la práctica de “combinar las formas de lucha””, lo que para el gobierno de Uribe contribuyó “a los asesinatos de integrantes de la Unión Patriótica y de líderes sindicales en Colombia”.

El vicepresidente de Uribe, Francisco Santos, fue denunciado por injuria y calumnia por la Unión Patriótica luego de que en 2013 colocara un tweet que decía “(…) La historia de la UP es terrible. Pero esa es una sola cara, la otra es la de la combinación de las fuerzas de lucha”. Cuando Revista semana le preguntó sobre esa declaración dijo que “(…) la combinación de las fuerzas de lucha sí fue uno de los elementos del asesinato de los integrantes de la UP”.

Incluso la Corte Constitucional obligó a rectificar a Fabio Echeverry Correa, gerente de la campaña de reelección de Uribe en 2006, por una cuña publicitaria que fue transmitida en las cadenas RCN Radio, Caracol Radio y la Organización Radial Olímpica. El mensaje era un supuesto testimonio de un ex militante de la UP que decía “Señor Presidente: Yo pertenecía a la U.P., me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo matar por matar, hacer daño a los demás, matar civiles, eso está mal hecho. Está bien que usted los esté combatiendo, por eso hoy día lo apoyamos a usted con todo lo que tenemos. Adelante, Presidente”. La Corte determinó que la falta de verificación del mensaje afectó el buen nombre y la honra de los familiares y sobrevivientes del partido político.

Además, cuando Uribe era senador en 2016, dijo en un conversatorio en Madrid que “en el asesinato de la UP intervino las mismas Farc. Ellos provocaron reacciones criminales por su combinación de formas de lucha”.

EL EXMINISTRO DE DEFENSA FERNANDO LANDAZABAL REYES Y LA UP

Landazabal Reyes fue general y ministro de Defensa entre 1982 y 1983. En este último año, anticipando el inicio un acuerdo entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc para negociar una salida al conflicto, Landazábal escribió en la revista del Ejército: “Las Fuerzas Armadas deben disponer su ánimo para una contienda de proporciones incalculables e imprevisibles que llevaría al país a una nueva fase de violencia”. Betancur pidió la renuncia de Landazabal en enero de 1984 por sus críticas a los diálogos de paz.

Fabiola Posada, sobrina de Leonardo Posada, uno de los líderes de la UP más importantes en Barrancabermeja y en el Magdalena Medio, asesinado el 30 de agosto de 1986, comenta que Landazbal Reyes era uno de los militares que más atizaba en contra de la UP. Posada dice que en Barrancabermeja era frecuente la estigmatización contra los líderes de la Unión Patriótica, y que antes del homicidio de su tío había apareció un graffiti en un mural del municipio que decía “fuera comunistas de BCA, fuera Leonardo Posada”.

Ya como general retirado, Landazabal siguió declarando en contra de la UP. En 1986, el exministro de Defensa dijo en una entrevista con Revista Semana que la UP no debería reclamar la posibilidad de tener un brazo armado. “Y usted sabe muy bien que las FARC eran el brazo armado del Partido Comunista, y que el Partido Comunista se llama hoy UP (…)”, afirmó Landazabal.

En 1989, el ex ministro de Defensa Landazabal Reyes dio una entrevista con Resumen Gráfico, medio apoyado por el Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) que fue creado por paramilitares del Magdalena Medio. En la conversación, Landazabal afirmó que las autodefensas eran legítimas y que no había que plantear la diferencia entre Ejército y pueblo. El ex ministro fue asesinado en Bogotá en 1998 por un sicario que le disparó en cinco ocasiones.

MILITARES Y PARAMILITARES CONTRA LA UP

Rafael Samudio, ministro de Defensa entre 1986 y 1988, también mostró su aceptación por los paramilitares y su aversión por la UP. En 1987, en medio de un debate en la Cámara de Representantes sobre los paramilitares, Samudio dijo que las autodefensas eran legítimas y que era cierto que las Fuerzas Militares le proporcionaban armas a los ‘paras’. Un año después, tras el atentado a la sede de la Unión Patriótica en Apartadó, Antioquia, Samudio declaró que “pues sería que tenían explosivos en su sede”.

La Corporación Reiniciar le permitió a Rutas del Conflicto acceder al informe ¡Venga esa mano, país!. Memoria de una vergüenza nacional. En el documento se muestran distintas declaraciones de militares contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista (PC). Entre esos comentarios estigmatizantes se encuentra el del comandante de las Fuerzas Militares en 1993, Ramón Gil, donde afirma que el PC depende de lo que le proporcione las Farc.

El anexo IV de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la UP, dice que el 10 de marzo de 1993 el Comandante del Batallón 21 Vargas con sede en Granada, Meta, afirmó que la administración del municipio de El Castillo, que era dirigida por la UP, era colaboradora de la guerrilla. “El Estado reconoció la existencia de denuncias públicas ante diferentes autoridades del orden nacional, departamental y local por los presuntos señalamientos hechos por el Comandante del Batallón 21 Vargas con sede en Granada, Meta”, explica el documento de la CIDH.

Ever Velosa, alias “H.H”, comandante del Bloque Bananero de los paramilitares, dijo que durante el exterminio de la UP asesinaron a personas que no eran destacados líderes solo por hacer parte del partido. “Entonces sí, muchas de esas personas murieron por el hecho de pertenecer a la UP”; contó Velosa en 2008 ante el despacho 17 de la unidad de Justicia y Paz en Medellín.

LAS EDITORIALES DE LOS MEDIOS TAMBIÉN SON RESPONSABLES

En las peticiones que le hicieron las familias a la CIDH está la de “adoptar todas las acciones posibles para que los medios de comunicación que en su momento propiciaron la estigmatización de la Unión Patriótica rectifiquen”. Dos casos que muestran la reiteración de frases y estigmatización contra la UP son el del diario El Colombiano en 1987 y el de Enrique Santos Calderón. El 20 de marzo de 1987, el diario El Colombiano en su editorial “Por los Caminos de Urabá”, dijo que “una cosa es que las guerrillas pasen por Jamundí y otra que elijan ahora a los alcaldes”.

Por su parte, El Tiempo en su editorial del 18 de octubre de 1992, escrito por Enrique Santos Calderón, afirmó que “una vez más han salido a relucir las estrechas vinculaciones del Partido Comunista y la Unión Patriótica, esas dos caras de la misma moneda con la actividad guerrillera de las Farc”. El 5 de febrero del presente año, Santos escribió en Los Danieles que la cúpula de las Fuerzas Militares querían impedir el surgimiento de la Unión Patriótica y que este grupo político estaba vinculado las Farc que “continuaba su estrategia de “combinación de formas de lucha”, que incluía extorsión, secuestros y atentados.

Además, Santos en esta columna sostuvo que “al PC le costó mucho sus vínculos con las Farc. En su XV Congreso de 1988, cuando por doquier eran asesinados los miembros de la UP, insistió inexplicablemente en su estrategia de combinar todas las formas de lucha (sindical, social, electoral y armada)”.