El 28 de mayo de 1985 se constituyó la Unión Patriótica (UP) como un movimiento político amplio y convergente, producto de los Acuerdos de Paz suscritos en La Uribe (Meta) entre el gobierno de Colombia en cabeza del entonces Presidente Belisario Betancur Cuartas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el fin de poner fin al conflicto armado en Colombia. En dicho acuerdo, las FARC se comprometieron a cesar el accionar bélico y a reincorporarse a la vida social, política y económica del país, mediante ese nuevo movimiento político. El gobierno se comprometió a otorgarle a la UP las garantías necesarias para desarrollar su accionar como cualquier otra organización política.
No obstante, desde antes de su primera participación electoral en 1986, los y las integrantes de la UP empezaron a ser blanco de ataques diversos que, tras su éxito electoral, se agudizaron y terminaron por configurar una persecución sistemática y generalizada que incluyó diversas violaciones a los DD.HH. como asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, atentados, torturas, amenazas, desplazamientos forzosos, criminalización infundada, entre otros. El saldo de esta persecución es de más de 6000 víctimas según los registros de la Corporación Reiniciar, y de al menos 8.300 según la investigación realizada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.
‘Ante la impunidad imperante y la continuidad de los crímenes contra la UP, el 16 de diciembre de 1993, Reiniciar presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una petición alegando la responsabilidad del Estado Colombiano por múltiples y sucesivas violaciones a los DD.HH. de personas pertenecientes y militantes de la UP, calificándolas como un genocidio político. La petición fue admitida en 1997 y desde entonces se surtieron todas las etapas procesales previstas, incluyendo el intento de búsqueda de una solución amistosa. En 2017, la CIDH profirió el Informe de Fondo 170, en el cual reconoce alrededor de 6000 víctimas del exterminio, que fueron perseguidas por su pertenencia a la UP. Así mismo reconoce la responsabilidad del Estado Colombiano por incumplir sus deberes de respeto y garantía de los DD.HH. de los integrantes y militantes de la UP.
El Estado decidió no acatar el Informe de Fondo, incluyendo las recomendaciones realizadas por la CIDH en términos de reparación integral, por ello, en 2018, sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La CIDH también sometió el caso a la Corte IDH, al considerar que la persecución desatada contra la UP configura un exterminio por razones políticas y que los hechos son de una gravedad inusitada. Hoy, agotado el trámite, las víctimas esperan pronta notificación de la sentencia.
Simultáneamente, durante casi tres décadas, Reiniciar, los sobrevivientes y familiares de las víctimas, han realizado diversas acciones a nivel nacional e internacional para que se reconozca que lo ocurrido con la UP fue un genocidio político, pero además han impulsado iniciativas y acompañado otras tantas en favor de los derechos de las víctimas, de la memoria histórica y de la no repetición de la violencia política en Colombia. Las imágenes que a continuación se presentan, recogen parte del camino recorrido en esa lucha incesante y dan cuenta de la dignidad y tenacidad de las víctimas sobrevivientes y familiares en este proceso.