La esperanza acorralada, el genocidio contra la Unión Patriótica
En este informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) se señala que se aborda la experiencia de lo ocurrido con la Unión Patriótica (UP) como un aporte para comprender varios aspectos: 1) la instrumentalización de la violencia en Colombia; 2) la persecución, estigmatización y exterminio de opositores políticos; 3) las tensiones entre procesos de solución política a la confrontación armada; 4) los cierres violentos a la democracia; y 5) los impactos de las anteriores dinámicas en la sociedad y la democracia colombianas.
El análisis que realiza, además de tener en cuenta fuentes secundarias de información, refiere el haber entrevistado 334 víctimas, sobrevivientes y familiares del caso UP. Una parte de ellas fueron escuchadas en jornadas mixtas realizadas con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con víctimas en el exilio. Cabe anotar, que buena parte de los extractos testimoniales que el informe contiene, son de personas en el exilio, particularmente de quienes en su momento desempeñaron roles de liderazgo dentro de la UP en diversos territorios de Colombia.
También es importante resaltar que el periodo analizado se enmarca entre 1984, como año en el que inicia la conformación de la UP según lo establecido en los Acuerdos de La Uribe (Meta) entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC-EP) y el gobierno del entonces Presidente de Colombia Belisario Betancur Cuartas, y 2002, año en el que a la UP le fue suprimida la personería jurídica por el Consejo Nacional Electoral, decisión que desconoció el contexto de exterminio y desventaja en la que se encontraba la agrupación política.
Lo que relata este documento, en buena medida, da cuenta de la magnitud de la victimización que sufrieron los integrantes de la UP. En ese sentido, menciona que “la violencia contra la UP […] dejó un saldo trágico de 5.733 personas muertas o desaparecidas. En su contra se desató un genocidio político […], la persecución a sus integrantes se llevó́ a cabo en un largo periodo de tiempo y en los distintos territorios del país donde el movimiento tuvo presencia. El conjunto de las victimas registradas de la UP fue de al menos 8.300 víctimas, es decir aproximadamente 7 de cada 10 víctimas de la UP fueron muertas o desaparecidas, lo que muestra la intencionalidad de las acciones” (CEVa, 2022, p. 7).
Con base en lo anterior es posible comprender por qué la Comisión señala justamente que “la identidad de la esperanza ⦍que articuló las diversas fuerzas sociales y políticas en sus inicios⦎ fue transformada por una identidad ligada a la victimización. Hoy la UP está atada a su historia, a su genocidio” (CEVa, 2022, p. 290).
¿Qué reconocimientos y hallazgos se destacan en el informe?
Sobre los orígenes y la naturaleza de la Unión Patriótica
Uno de los más importantes y continuos elementos que se resalta en el informe es que la UP se constituyó como un mecanismo para que las FARC-EP transitaran de las armas a la política legal, hacia la participación en el sistema político desde la vida civil; pero además hace énfasis en que la UP fue también un mecanismo y un referente para la apertura del sistema político y la profundización de la democracia colombiana, que recogía las movilizaciones y luchas sociales que la antecedieron.
Se destaca que que la UP se conformó en el marco de un gobierno (Belisario Betancur Cuartas) que tenía un enfoque diferente para la salida del conflicto armado, priorizando la negociación política y el reconocimiento de las causas estructurales que le daban origen y por ende la necesidad de reformas de corte social y político, sobre la salida militar, vía que se empleó de forma recurrente en períodos anteriores y que tuvo un afianzamiento importante en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) con la implementación del Estatuto de Seguridad.
Este cambio en la búsqueda de la superación del conflicto armado no fue bien percibido entre algunos sectores económicos, políticos y de las Fuerzas Armadas (FFAA), más aún si se tiene en cuenta que estas últimas fueron formadas en la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) impulsada por los Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas, de esencia anticomunista y contrainsurgente. Esta formación les impedía reconocer a una guerrilla como actor político y en cambio sí como un enemigo a eliminar, en tanto que los movimientos sociales, los contradictores de los partidos tradicionales y otros movimientos políticos, eran percibidos como las bases sociales de la guerrilla y, por ende, como una extensión del enemigo (construcción de una otredad negativa vinculada a una cultura política autoritaria de Colombia).
Puesto que la UP fue una galaxia política, es decir el resultado de la convergencia de la insurgencia -en sus inicios- con una pluralidad de movimientos y fuerzas sociales y políticas, la UP fue heredera de los rechazos y señalamientos, del estigma del enemigo, por parte de los sectores retardatarios. El paramilitarismo, entonces, hizo “eco de la lectura del enemigo interno y la amenaza comunista” de los militares, es decir no actuó de forma independiente y desconectada de la visión que un sector de la institucionalidad tenía sobre la UP, y de hecho se constituyó en uno de los agentes de su exterminio, incluso a través de acciones conjuntas con agentes estatales.
En este sentido, la estigmatización de la que fue objeto la UP dados sus orígenes y la participación de las FARC-EP como una de las fuerzas políticas que la integró, valiéndole el señalamiento de ser su “brazo político” -el cual se mantuvo incluso después de su deslinde en 1987-, fue empleada como justificación para su exterminio e incluso creó en el imaginario social la idea de que la UP era responsable de su propio hostigamiento, pues era percibida como enemiga de la sociedad y el Estado y, por ello, se asumió la idea de que debía ser eliminada.
Sobre su identidad política y formas de gestión y administración pública
La CEV reconoce a la UP como un partido de izquierda, amplio y diverso que enarboló las banderas de la paz, la democracia y la justicia social. Que construyó su identidad política en torno a aspiraciones políticas, económicas y sociales y a la esperanza de cambio, de transformación, de renovación política. Así, aunque en su calidad de partido disputó electoralmente los espacios de poder y toma de decisiones (Concejos Municipales, Alcaldías, Asambleas Departamentales, Congreso de la República e incluso en dos oportunidades la Presidencia de la República), no dejó de lado las luchas sociales que defendía en razón misma de los movimientos y fuerzas políticas y sociales que en ella convergían tales como las luchas sindicales, mineras, del movimiento campesino, viviendista, entre otras.
La CEV reconoce además que la UP tuvo una apuesta diferente de gestión reflejada en las prácticas para administrar el Estado local, los recursos públicos y promover la participación social. Esto le representó un crecimiento en el respaldo social, traducido en buena medida en el respaldo político en las urnas, desplazando realmente al bipartidismo heredero del Frente Nacional y a las élites locales, lo cual fue respondido con violencia sistemática y generalizada en contra de sus militantes y electores, por parte de dichas élites, en articulación con las Fuerzas militares y el paramilitarismo, configurando así el genocidio.
Sobre la persecución de la que fue objeto
En palabras de la Comisión:
«En este caso se dio un genocidio político, debido a la intención de destruir un grupo político o sus posibilidades de funcionamiento como tal, en razón de su ideología y práctica en los distintos ámbitos sociales e institucionales, realizado de forma sistemática y generalizada, y acabando con su capacidad de llevar a cabo programas sociales, eliminando las posibilidades de presentarse a elecciones populares o tener representación debido al impacto del terror, la extensión de los asesinatos, su carácter público y ejemplificante» (CEVa, 2022, p. 9).
En términos de la dimensión de la violencia ejercida contra la UP, la CEV reconoce al menos 4 grandes dificultades para establecerla: 1) el nivel masivo de exterminio de quienes ocupaban cargos públicos y de los militantes de la UP; 2) el terror instaurado en los sobrevivientes y grupos cercanos; 3) el impacto del exilio; 4) el involucramiento de instituciones del Estado (DAS, FFMM) y grupos paramilitares en la persecución de la UP, frente a quienes las denuncias no prosperaron, las investigaciones no se realizaron, permaneciendo así los crímenes en la impunidad.
Sin desconocer estas dificultades, la comisión resalta que la violencia letal (homicidios selectivos y en masacres, así como las desapariciones forzadas) fue el tipo de violencia más recurrente (5733, de estas 4616 corresponden a asesinatos y 1117 a desapariciones forzadas), siendo – en su orden- los departamentos de Antioquia (37%), Meta (17%), Santander (7%), Tolima (5%), Cundinamarca (4%) y la ciudad de Bogotá (3%) los más afectados. Igualmente señala que las regiones donde la UP tuvo mayor éxito electoral fueron también las regiones que sufrieron una mayor intensidad de la violencia letal: Urabá (23.4%); Ariari-Guayabero (10.6%); Magdalena Medio (9,8%), el Sarare (2.6%) y Nordeste Antioqueño (2.5%) .
El segundo tipo de victimización más frecuente fue el desplazamiento forzado (2217 víctimas); seguido de amenazas (811 víctimas); atentados (379 víctimas); detenciones arbitrarias (248 víctimas); Torturas (229 víctimas); secuestros (90 víctimas) y otras víctimizaciones entre las que se incluye el exilio, lesiones y violencia sexual por ejemplo (322 víctimas).
La CEV sostiene que romper la organización fue el propósito de la violencia ejercida, impidiendo que los tejidos internos se mantuvieran pues eran los que lo sostenían; de allí que se reconozca que cada violación afectó más allá de la víctima directa y llegó a desestabilizar la organización y las comunidades en las que incidía. El punto culmen del genocidio fue la eliminación simbólica de la UP con la supresión de su personería jurídica, pues con ello se combinó el exterminio físico con su desaparición legal para la competencia democrática.
Adicionalmente, la CEV hace un análisis en el que cruza varios elementos: temporalidades, tipos de victimizaciones, regiones afectadas, responsables de las victimizaciones e incluso el sentido de los diversos tipos de victimización (con qué propósito se recurrió a determinadas prácticas violentas) y los impactos de las mismas. De esta forma presenta información que da cuenta sobre lo que pasó en un periodo determinado, qué región o regiones fueron las más afectadas durante determinados años, qué tipos de victimización fueron las más frecuentes en los diversos periodos, quiénes fueron el blanco de los ataques, quiénes fueron los principales responsables, qué se buscaba con emplear unas u otras prácticas violentas y qué consecuencias dejaron estas.
Igualmente en el informe la CEV refiere que la UP denunció en su momento la existencia y puesta en marcha de al menos cuatro planes de exterminio, dos de escala nacional y dos de alcance regional: 1) Plan Baile Rojo (1986) para eliminar la dirigencia y los militantes electos a cargos de elección popular; 2) Plan Golpe de Gracia (1992 – 1998) con miras a eliminar la dirigencia de la UP y los últimos cargos de elección popular; 3) Plan Esmeralda (1986) dirigido a Meta, Caquetá y Guaviare, departamentos donde la UP tuvo una importante acogida electoralmente; y 4) Plan Retorno (1993) para Urabá, cuyo objetivo era acabar con los gobiernos locales alcanzados por la UP en la región que era su bastión de poder. Aunque la CEV refiere que solicitó al Ministerio de Defensa información sobre la existencia de estos planes, las Fuerzas Militares y sus diferentes componentes aseguraron no tenerla, no obstante la misma Comisión señala que aunque “no se tiene conocimiento de documentos que soporte la existencia de dichos planes, existe una correlación entre la dinámica de victimización temporal y regional de la UP y las denuncias de víctimas y sobrevivientes sobre la puesta en marcha de estos” (CEVa, 2022, p. 274).
De otra parte, la CEV también refiere las prácticas concretas que hicieron posible que se cometiera el genocidio: 1) la construcción de una otredad negativa en el marco de la DSN y la lucha contrainsurgente, en las que se asoció a la UP como el brazo político de las FARC y como parte del enemigo interno; 2) los múltiples y diversos mecanismos de terror y hostigamiento contra su militancia; 3) el extermino físico, es decir la violencia letal; 4) la imposibilidad de mantener su organización, su capacidad organizativa; 5) la fragmentación política y social que se expresó en condiciones que impedían su normal funcionamiento como partido y movimiento político; 6) las políticas de debilitamiento dirigidas contra la UP: por ejemplo las detenciones arbitrarias, los procesos judidiclaes manipulados, los señalamientos como guerrilleros, especialmente por autoridades públicas, que limitaron su capacidad organizativa y generaron ostracismo social.
Cabe señalar que la impunidad imperante en el caso UP se reconoce como un factor determinante en la continuidad del genocidio, es decir fue un factor que generó más violencia. Así, en aras de garantizar el derecho a la justicia, la CEV recomienda que las investigaciones se realicen de forma articulada, que no se aborden los casos de manera aislada, para esclarecer y vincular al entramado que participó en el genocidio, “acudiendo a metodologías que afronten la investigación judicial como crímenes contra el colectivo” (CEVa, 2022, p. 290).
Sobre las responsabilidades en el genocidio cometido contra la UP
En relación con las responsabilidades en el genocidio político, el informe indica que el entramado perpetrador del genocidio, es decir el conjunto de actores relacionados para perseguir a las y los integrantes de la UP, conservó una sistematicidad nacional, y dio lugar a alianzas entre estructuras de las FFAA, organizaciones paramilitares, políticos rivales de la UP y élites económicas, pero simultáneamente, dicho entramado se adaptó en lo local, bien por la competencia que significaba a la UP para las hegemonías locales y regionales y que se demuestra, por ejemplo, en los actores que participaron en la masacre de Segovia – Antioquia, o en el municipio de El Cerrito – Valle del Cauca); o bien porque los poderes económicos se sentían afectados ante el avance electoral del naciente partido, como se identificó por ejemplo con las alianzas de empresas bananeras con paramilitares en Urabá y con las Convivir.
El análisis de varias fuentes de información realizado en el marco del proyecto conjunto JEP- CEV-HRDAG de integración de datos y estimaciones estadística (aunque no se precisa cuáles son esas fuentes), mostró que el 13 % de la victimización letal (homicidios y desapariciones) es atribuida al Estado, y que si bien, el 55% de los casos se endilga al paramilitarismo, cuando se consideran los casos en los que actuaron en alianza varios perpetradores -por ejemplo paramilitares y agentes del Estado- y que corresponde al 18%, se tiene que en definitiva, cerca del 80% de la victimización fue perpetrada precisamente por paramilitares y agentes del Estado. A lo anterior se suma que las FARC tienen responsabilidad sobre el 8% de la victimización; que sobre el ELN y otras guerrillas recae el 1% y sobre otros actores armados sin identificar está el 4%.
El informe indica que los dos momentos más fuertes de la victimización contra la UP se presentaron: i) hacia la segunda mitad de los años 80, cuando el Estado impulsó organizaciones paramilitares; ii) a mediados de los años 90, cuando se incrementó la participación del paramilitarismo y se conformaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Por ello, la CEV considera que el Estado colombiano ha sido omisivo y que le faltó prevención y protección frente a las violaciones, pues el riesgo de los miembros de la UP era permanente durante todo este período.
Desde la perspectiva de la “guerra contrainsurgente”, destaca que se estigmatizó a la UP como FARC, desconociendo su carácter político y legal y que acciones de inteligencia e informantes de la fuerza pública confluyeron para la eliminación de sus miembros. En este sentido refiere la colaboración entre el Jefe de inteligencia del B-2 (IV Brigada) y miembros del cartel de Medellín (informe desclasificado CIA- 1988), la información de inteligencia de la embajada de EEUU en Colombia, alusiva a la existencia de grupos paramilitares respaldados por terratenientes, narcotraficantes, y comandantes militares, responsables de mayoría de asesinatos contra miembros UP, y hace notar cómo el DAS y otros cuerpos de las Fuerzas armadas establecieron alianzas con narcos y paramilitares, y cómo lograron que agentes del DAS en los esquemas de protección de miembros de la UP, participaran en seguimientos, filtraciones y crímenes contra sus protegidos (revelaciones en la JEP de perfilamientos y seguimientos a integrantes UP).
De otra parte, complementa la responsabilidad de comandantes militares en la mayoría de asesinatos contra miembros UP, dado que en su poder tenían un listado elaborado en 1994 con 2.640 integrantes de este partido político, e información aportada por los Comandos Populares (conformados por desmovilizados del EPL, posteriormente vinculados a las ACCU), para actuar contra los miembros de la UP, y considera que hubo una omisión deliberada del Estado para brindarles la protección y las garantías para su vida y el derecho a participar en política, establecidas en el Acuerdo de Paz y en la sentencia T-439-92, que dispuso brindar especial protección a los miembros de este partido político.
Sobre las resistencias de la UP y los impactos a la democracia producto del genocidio
Respecto de las resistencias, el informe menciona el largo camino recorrido por la UP con las demandas de protección al Estado y sus instituciones. También se indica la búsqueda de justicia internacional, haciendo un reconocimiento a la contribución de Reiniciar en la justiciabilidad del caso. Finalmente, se da cuenta del lento retorno a la política electoral con la recuperación de la personería jurídica de la UP en 2013, su participación en las elecciones nacionales de 2014, 2018 y 2022 y en las regionales de 2015 y 2019.
Frente a los impactos se menciona que el daño causado fue más allá de la UP, pues también fue contra la democracia, los procesos modernizantes que empezaba a vivir el país y contra un pluralismo político que permitiera la expresión de una identidad política distinta a la de los partidos tradicionales. En ese sentido, se indica que 1 de cada 5 de las personas elegidas por la UP para un cargo de elección popular, fue asesinada. Así mismo, hubo un exterminio generacional pues el 71% de las personas que fueron asesinadas eran menores de 40 años. Igualmente, el daño se extendió a otros sujetos colectivos que confluyeron en la UP y que venían siendo dinamizadores de la democracia como el PCC, el FAMM, el Movimiento Causa Común, CENAPROV, FECODE, SUTIMAC, FENSUAGRO. Finalmente, la lección del genocidio y los factores de persistencia del conflicto armado se evidencian en i) la restricción violenta de la participación política y ii) la ausencia de reconocimiento de la diversidad política. La dimensión de estas dos situaciones ha repercutido en la existencia de dinámicas de prolongación del conflicto armado en Colombia.
¿Sobre qué aspectos no se profundiza en el informe?
Aunque es un texto fácil de leer, no hace explícita su construcción metodológica, tampoco los alcances y límites de sus distintos apartados. De esta manera, se encuentra que va y viene entre distintos periodos de análisis sin mayor explicación e incluso tiende -en ocasiones- a ser repetitivo.
El informe se apoya decididamente en testimonios, pero incluye una cantidad considerable de voces del exilio y de dirigentes -sin analizarlas muy a fondo-, respecto a otros testimonios de víctimas también muy valiosos.
Así mismo, se queda corto en la apreciación de la situación de Urabá, de la configuración y desarrollo del genocidio de la UP en esta región del país, reduciéndola a un contexto de disputa de las guerrillas de las FARC y el EPL, dejando por fuera del análisis el papel de agentes del Estado, particularmente de las Fuerzas Militares y funcionarios que ocupaban cargos públicos.
Aunque refiere los diversos tipos de victimización letal y no letal de los que la UP fue objeto, no profundiza en prácticas de persecución tal como la obstaculización administrativa que debieron afrontar alcaldes/as y concejales en diversos lugares del país, por ejemplo, en la región de Urabá y los departamentos de Meta y Guaviare.
De otra parte, si bien el informe emplea el término “entramado” de responsables para dar cuenta del conjunto de actores implicados en el genocidio contra la UP, refiriendo incluso las alianzas regionales particulares, no profundiza en el papel que tuvieron actores como la prensa, algunos empresarios y la iglesia Católica. Cabe mencionar que ex Comisionados y algunos integrantes de sus equipos de trabajo, refirieron que fue muy difícil contactar a empresarios y recibir sus aportes para el esclarecimiento de la verdad. Respecto de la iglesia Católica, en el informe sólo menciona que estuvo involucrada en una campaña estigmatizante contra la UP a través de la Conferencia Episcopal que “acusó a la UP de ser parte de un plan de convertir a Colombia en un país marxista por lo que consideraba como algo no honesto, ni cristiano votar por extremistas o desarrollar alianzas con estos” (CEVa, 2022, p. 41).
Algunas observaciones desde Reiniciar
– El informe es armónico con los enfoques y apuestas de caracterización y reconocimiento de lo ocurrido con la UP posicionadas durante décadas por la Corporación Reiniciar y las víctimas y familiares del genocidio contra la UP articuladas en la Coordinación Nacional de Víctimas. Estas apuestas han sido recogidas en diferentes producciones realizadas por Reiniciar, las cuales fueron aportadas a la CEV, no obstante, el informe hace pocas menciones explícitas a dichos aportes.
– El informe reconoce los propósitos que dieron origen a la UP y más allá de referir las fuerzas sociales y políticas que en ella convergieron, por supuesto incluyendo en sus inicios a las FARC-EP, resalta a la UP como una apuesta de paz por configurarse como un mecanismo de reincorporación política de la insurgencia y a la vez un instrumento para la ampliación y profundización de la democracia, para romper con las estructuras sistémicas de exclusión y restricción de la participación política, participación que en democracia es definitiva para determinar la orientación de un Estado en materia política, económica y social y cuya limitación hace parte de las causas estructurales del conflicto.
– El informe aporta datos y elementos importantes para contribuir a esclarecer las responsabilidades colectivas en el genocidio, reconociendo el papel central que tuvieron en él principalmente agentes del Estado y paramilitares, en ocasiones actuando de manera separada pero muchas veces de forma conjunta.
– Adicionalmente, pese a que el informe reconoce que el Estado colombiano no adoptó las medidas necesarias y suficientes para salvaguardar la vida e integridad de las y los integrantes de la UP, lo pone en términos de incapacidad: “el Estado fue incapaz de proteger los derechos fundamentales de este grupo político a pesar de la evidencia permanente de los ataques, de su obligación de protección, del impacto en numerosos cargos del propio Estado e incluso se ha comprobado su participación en múltiples crímenes contra sus militantes» (CEVa, 2022, p. 286). Estos términos no resultan ser los más apropiados pues dejan la sensación de un Estado sin recursos para hacer frente a la violencia ejercida contra la UP, cuando en realidad el mismo informe reconoce una actitud negacionista del riesgo, de lo que estaba ocurriendo, así como la adopción de actitudes y acciones por parte de funcionarios, tendientes a entorpecer la protección de las víctimas.
– Teniendo en cuenta el carácter integral y complementario de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), se esperaría que particularmente la JEP ahonde en el esclarecimiento de la verdad, principalmente en la línea de entramado de responsables involucrados en el genocidio.
– El informe es un elemento valioso para tener en cuenta en la implementación de la sentencia en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en la planeación e inclusión del caso UP en las exposiciones que tengan lugar en el Museo Nacional de Memoria Histórica.
Referencias
-Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEVa. (2022). Caso «La esperanza acorralada. El genocidio Contra la Unión Patriótica». Bogotá.
-Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEVb. (2022). Hasta la guerra tiene límites. violaciones de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y responsabilidades colectivas. Bogotá.
